La estafa del gobierno al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS), obligando a cambiar sus bonos en dólares por títulos en pesos, es otro robo a los jubilados. Veamos por qué.

Como su nombre lo indica, el FGS debería garantizar la sustentabilidad del sistema previsional, cuyo sentido solo puede ser que los jubilados perciban haberes que le permiten como mínimo cubrir su costo de vida. Sin embargo, todos los gobiernos han metido la mano en esta lata para financiar al Estado, incluso el pago de deuda externa, mientras las jubilaciones son de hambre. Sin ir más lejos, la mínima hoy se ubica en $58.665, debajo de la línea de indigencia.

Esto es gracias a la fórmula de movilidad jubilatoria impulsada por el Frente de Todos, que vino a agravar la pérdida sufrida con los gobiernos anteriores: en términos reales el poder adquisitivo de los haberes previsionales cayó 11,5% solo en 2022 y hasta un 18,2% en los últimos tres años. En el cálculo de la actualización trimestral de los haberes se eliminó la inflación para poner en su lugar la evolución de la recaudación de la Anses (junto con la variación de los salarios), incluso fijando un tope, es decir que fue establecida para asegurar la “sustentabilidad” del sistema previsional… a costa de los propios jubilados.

Esto porque de esta manera son los beneficiarios (de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares) quienes pagan la factura de la menor recaudación previsional por todos los subsidios que se otorgaron en este tiempo a las empresas, que vieron reducido o directamente suspendido el pago de los aportes patronales, como el ATP durante la cuarentena, los Repro, o las exenciones particulares a las prepagas y la educación privada, entre otros. Por lo demás, es una práctica recurrente que los empleadores no realicen los pagos correspondientes, ni de las cargas sociales ni de los descuentos salariales (puesto que ofician como agentes de retención), de manera que acumulan deudas con Afip que luego son saldadas con moratorias que incluyen condonaciones y cómodos planes de pago.

Mientras esto sucede, el gobierno se financia usando el FGS. A días de asumir, a la par que congelaba la movilidad, el gobierno del Frente de Todos impulsó la ley de “solidaridad” que subía al 70% el límite de los fondos del FGS que podría estar colocado en bonos del Estado, con o sin garantías (hasta entonces abarcaba al 65%). Al día de hoy, el 73% de esos fondos se destinan a títulos públicos, gracias a que en estos tres años usaron el equivalente a 10.000 millones de dólares para financiarse. Incluso en junio de 2022, durante la corrida que terminó de decantar en la renuncia de Martín Guzmán, salieron a comprar bonos cuyo valor caía en picada con el fin de revalorizarlos. Como vemos, existe una vinculación causal entre usar esta caja -para cubrir el déficit, los pagos de deuda y financiar la corrida al dólar- y mantener las jubilaciones en niveles de miseria.

Claro que esta ha sido la norma con los diferentes gobiernos capitalistas. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado con la Ley 26.425 bajo el mandato de Cristina Kirchner, en 2007, cuando se estatizaron las AFJP y se traspasaron los activos que administraban distintos fondos de pensión privados (en gran medida bonos del Estado) al FGS, con la promesa de que serviría para compensar posibles pérdidas en el poder adquisitivo de las jubilaciones y mejoraría la solvencia de la Anses. Sin embargo, el objetivo era el empapelamiento de esa caja con títulos públicos, los cuales para el fin de la presidencia de CFK habían pasado del 50% del FGS al 65%, luego de haberles colocado unos 42.500 millones de dólares (al tipo de cambio del 10/12/15).

Desde diciembre de 2015, cuando asumió Cambiemos, hasta el fin del mandato de Macri, los activos del FGS se derrumbaron un 43% medido en moneda dura (al tipo de cambio del 10/12/19). Como consecuencia de las sucesivas devaluaciones, y de operaciones a pérdida para contener la corrida cambiaria mediante la venta de bonos en dólares o la compra de bonos en pesos, cuya cotización se encontraba en franca caída -especialmente tras el “reperfilamiento” de los títulos del Tesoro en 2019.

Se suele decir que los jubilados viven a costa del Estado y que estos serían una carga para el erario público, pero vemos que la realidad es al revés: fueron confiscados permanentemente para financiar al propio el Estado, habilitar subsidios a los capitalistas y pagarle al capital financiero internacional. De hecho es en el sistema previsional donde el FMI tiene la mira del ajuste, ahora en particular en barrer con los regímenes especiales conquistados por colectivos de trabajadores como la docencia o la construcción (quienes por ello incluso aportan un porcentaje mayor de su salario a la caja jubilatoria).

La defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses es parte de la lucha por defender a los jubilados y el derecho de todos los trabajadores a cobrar un salario diferido al momento de llegar a una edad avanzada. La Anses debe quedar en manos de un directorio electo por trabajadores activos y pasivos, con mandato y cargos revocables que son los únicos que tienen el derecho a determinar el destino del FGS.

El pago de los bonos de la Anses por parte del Tesoro debe ser incondicional, mediante un fondo compuesto por impuestos progresivos al gran capital. Esta lucha contra el robo de los sucesivos gobiernos capitalistas debe ir de la mano de la investigación y el no pago de la deuda usuraria e ilegítima, la reposición de los aportes patronales, un incremento general de los salarios y el fin de la precarización laboral.

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