Como ya hemos desarrollado en varios artículos de Prensa Obrera, es claro que asistimos a un agudo colapso del esquema de explotación petrolera y que como nunca está planteada una reestructuración de fondo.

Las empresas operadoras han acentuado su proceso de desinversión y han cancelado los contratos con las empresas de servicios. Como consecuencia de todo eso se han empezado a romper las cadenas de pago. Naturalmente, los primeros en sentir este impacto son los propios trabajadores del sector que, en su inmensa mayoría, se encuentran suspendidos cobrando una remuneración inferior al 60% de sus salarios. Ahora, en Neuquén, más de 10.000 petroleros solo han recibido una cuota de esa remuneración y no se sabe cuándo las empresas completarán los pagos. De este modo, las empresas de servicios aprietan al gobierno nacional para cobrar lo que les adeudan las operadoras y para recibir el subsidio de Nación para el pago de los salarios. 

La situación de los trabajadores es mucho más grave cuando se tiene en cuenta que la paritaria del sector se encuentra suspendida hasta nuevo aviso. Es decir que al recorte nominal del 40% de los ingresos de los trabajadores petroleros, hay que sumarle el deterioro del ingreso de los trabajadores que se procesa por vía inflacionaria. Finalmente, hay que señalar el proceso de despidos encubiertos que está en marcha. Este se ejecuta a través de la no renovación de los contratos eventuales para centenares de trabajadores y por la vía de los planes de “retiros voluntarios” que han abierto importantes empresas.

Es claro que se vislumbra un panorama negro que de ningún modo puede ser enfrentado con la instauración de un “barril criollo”, que es lo que el gobierno nacional se encuentra negociando con las empresas operadoras. Si se tiene en cuenta que, según diversos analistas, los  niveles de demanda de petróleo en nuestro país recién se recompondrían a fines de año y que en el mercado internacional hay una enorme crisis de sobreproducción de crudo, un precio diferencial, que coloque el barril a 35 o 45 dólares, no logrará revertir la crisis del sector.

El “barril criollo” solo lograría poner cierto coto a la desinversión general, aunque será  inevitable la quiebra de numerosas pequeñas empresas del sector y las operadoras y las grandes empresas de servicios pretenderán tener las manos libres para poder avanzar con despidos masivos, perpetuar las rebajas salariales y profundizar la flexibilización laboral. Asimismo, un “barril criollo” mantendría intactas las altas tarifas energéticas. Y todo en aras de garantizar determinada tasa de beneficio para las operadoras petroleras.

Por eso, la salida que se impone es concentrar toda la explotación hidrocarburífera en una operadora nacional y estatal única, bajo la gestión y el control de sus propios trabajadores. Aunque una operadora única nacional podría cerrar convenios con empresas privadas para poder contar con determinadas tecnologías o servicios, de conjunto, la producción de hidrocarburos no estaría determinada por las ganancias reclamadas por los capitalistas del sector. Por el contrario, estaría orientada a abastecer con una energía barata al conjunto de la industria nacional. Esto podría lograrse preservando la totalidad de los puestos de trabajo y mejorando sustancialmente las condiciones laborales de los obreros del sector, sobre la base de repartir las horas de trabajo disponible entre la totalidad de los trabajadores sin reducir los salarios. Estos objetivos no estarían en contradicción con la preservación socioambiental, pues la nueva orientación social que tendría la producción hidrocarburífera permitiría ir apartando progresivamente las tecnologías depredadoras del medio ambiente, que hoy son utilizadas por las empresas para maximizar sus ganancias.

Una operadora única nacional, vale aclarar, nada tendría que ver con la actual YPF, que sigue siendo una sociedad anónima que cotiza en el mercado internacional como cualquier otro monopolio petrolero. Que el Estado nacional cuente con una mayoría del paquete accionario de YPF no tiene la menor importancia. Al ser YPF una sociedad anónima, sus accionistas presionan para que rinda lo mismo que cualquier otro monopolio petrolero y para poder girar dividendos al exterior. Es lo que lleva a que YPF se encuentra a la vanguardia en los planes de desinversión, con la baja de equipos, la cancelación de los contratos y los despidos de trabajadores.

Hay que recordar también que el corrimiento de Repsol al frente de YPF se hizo a un altísimo costo. El Estado indemnizó a la vaciadora Repsol por el orden de los 6.000 millones de dólares, cuando debiera haber sido Repsol quien indemnice a la Argentina por el descomunal proceso de vaciamiento energético que realizó durante 13 años y por los enormes pasivos ambientales. Además, Repsol-YPF solo contaba con el 30% de la explotación petrolera nacional. En la actualidad, la puesta en pie de una operadora petrolera estatal única plantea la expropiación sin pago ni indemnización de la totalidad de las áreas hidrocarbuíriferas concesionadas en todas las cuencas argentinas a los Chevron, Exxon, YPF, PAE, Shell, Tecpetrol, Total, etc, y sus equipos e instalaciones. Las ganancias que han amasado estas empresas -a costa de la superexplotación de los trabajadores, el vaciamiento energético y una brutal depredación  ambiental- han superado con creces sus inversiones iniciales.       

La estatización de la industria petrolera y gasífera y el control obrero es la única salida racional ante la descomunal crisis que atraviesa el sector.