Una nota del periódico Hoy (Nº 1027), afirma que “el Polo Obrero, al organizar el “congreso de bases [en Tucumán]”, terminó rompiendo el frente sin tener en cuenta que… es necesario dar pri­oridad a lo que nos une y secundarizar las diferencias…, impidi­endo a algunos sectores valorar la importancia de lo conseguido”.

 

El autor de la nota oculta cuál fue la política del PCR. El frente sindical-piquetero abarcó a un am­plio arco de organizaciones, pero algunas participaron de él ocasio­nalmente para quebrarlo. UPCN nunca participó de la lucha. Atsa lo hizo al principio y luego decretó una tregua unilateral a cambio de nada. El bloque de la CTA intentó decretar treguas en tres oportuni­dades, que fueron tiradas abajo por el empuje que le dieron a la lucha los otros sectores sindicales y pi­queteros. El 9 de julio, cuando cul­minó la Marcha de la Bronca, todo el bloque de sindicatos vinculados a la CTA (ATE, Atep, Apem, Amet)se borró de la Plaza y dividió la lu­cha. La CCC medió entonces para el reingreso de ATE y la CTA al frente de lucha. En un plenario re­alizado en el sindicato de Vialidad se votó por unanimidad (sí, por unanimidad, o sea, que incluyó a la CCC y a ATE), la realización del congreso de bases en la Fotia, que ahora el PCR denuncia como divisionista. Pero en lugar de impulsar el Congreso, un bloque formado por UPCN, Atsa, la CTA, el Soem de la Banda del Río Salí y la CCC de­cretaba una tregua. O sea que la CCC se juntó con todos los sectores que habían carnereado la Marcha de la Bronca. ¿Para qué? Para pe­dirle al ex gobernador Miranda que actuara como “mediador’’ ante el gobierno provincial. El mismo Mi­randa de la desnutrición infantil y la rebaja de salarios.

 

Frente a esto, el Polo Obrero se unió a todos los sindicatos y orga­nizaciones de desocupados que no habían bajado las banderas para concretar el Congreso de Bases, donde intervinieron compañeros que venían con mandatos de asam­blea. El Congreso repudió la tregua burocrática, ratificó la moviliza­ción del 11 de agosto, y puso en evi­dencia a una vanguardia dispues­ta a dar batalla por una nueva di­rección en el movimiento obrero. Esta es la verdad. Las reivindicaciones logradas fueron fruto de la lucha y no de las treguas; las últi­mas concesiones del gobierno obe­decieron a la necesidad de impedir que el 11 se trasformara en una pueblada. Pero el PCR embellece esas concesiones. El salario fami­liar, que pasa de 20 a 40 pesos, só­lo lo recibirán los que ganen menos de 500 pesos, los demás sólo reci­birán 10 pesos si ganan hasta 750, y nada si ganan más. Los aumen­tos en la docencia sólo benefician a una minoría: a las escalas más al­tas, de mayor antigüedad y de zo­na desfavorable. El maestro inicial va a cobrar incluso menos (el prin­cipal dirigente de Atep -un aliado de la CCC- declaró que “por ser nuevos deben pagar derecho de pi­so”). Los reclamos, en algunos ca­sos de importancia, como el de los reencasillamientos, o el pase a planta permanente, no pueden ser el pretexto para firmar una tregua de nueve meses, una tregua que tiene un preámbulo que dice: “Teniendo en cuenta la impe­riosa necesidad de afianzar el tra­bajo, la economía provincial y los servicios esenciales del Estado, es fundamental la plena vigencia de un período de paz social, lo que ha­ce imprescindible un esfuerzo co­mún de todos los sectores sociales, en especial de los trabajadores es­tatales y del gobierno provincial.

 

“En este marco conceptual se adopta un formal compromiso por parte de los gremios firmantes de no efectuar medidas de acción di­recta, incluyendo manifestaciones públicas, en reclamo de reivindica­ciones y, en particular, entorpecer de cualquier manera el normal de­senvolvimiento del Estado y de la provincia en sus actividades pro­ductivas propias, lo cual incluye manifestaciones que en cualquier forma perjudiquen o afecten dere­chos de terceros. Este compromiso se sostendrá como mínimo hasta el día 30 de abril de 2005, momento en el cual se revisará lo acordado en caso de existir unas modifica­ciones sustanciales de las actuales variables económicas y sociales.” Que la CCC haya firmado esta acta vergonzante refleja un grado agudo de descomposición política; es decir que prevalece su integra­ción al Estado, no los intereses de la clase. La CCC reconoce, en el ac­ta, todos los argumentos con los cuales se criminalizan las luchas obreras, sean huelguísticas o pi­queteras. Es una capitulación que le deja las manos libres al gobier­no para que pueda sancionar la ley de responsabilidad fiscal y la re­forma constitucional, que destruye la solidaridad de clase con el con­junto de las masas que luchan en Argentina. Claro, Alperovich le ha cedido a Miranda la Secretaría de Trabajo, que pasó a ser ocupada por el dirigente de UTA, un aliado del bloque carnero que integra la CCC y que el autor de la nota sa­luda.