La UTA acató la conciliación obligatoria y de esa manera levantó el paro de transporte de pasajeros de corta y media distancia que se realizó en el interior del país, tras cumplir con 12 de las 48 horas anunciadas. De esta manera, no habría medidas de fuerza por el lapso de 10 días hábiles.

UTA reclama un 50% de aumento salarial, y un acuerdo “similar” al que se llegó con lxs choferes del AMBA, que incluyó un pago no remunerativo de 43 mil pesos a pagarse en cuatro cuotas: la primera de 21 mil, la segunda y tercera de 6 mil, y la última de 10 mil. Las patronales, nucleadas en Fetap, argumentan que no pueden hacer frente al pedido.

Desde la entidad empresarial sacaron un comunicado en el que piden una distribución de los subsidios de “manera equitativa” entre el Área Metropolitana y las provincias. Este planteo es levantado políticamente por los intendentes de ciudades como Córdoba y Rosario.

En tanto que el secretario general de UTA a nivel nacional, Roberto Fernández, salió al cruce de los gobiernos provinciales al afirmar en Cadena 3 que “cada provincia es responsable de su transporte (…) hemos hecho tres audiencias y no se han presentado. La Nación, en un muy buen gesto de voluntad, está colaborando con los subsidios” mientras que las provincias “no han puesto un sólo centavo”. Se ubica en la línea del gobierno nacional de trasladar la responsabilidad a los gobernadores.

Fernández declaró a la citada fuente que no permitirá “salarios por debajo de la inflación ni haberes inferiores en el interior a los del Área Metropolitana de Buenos Aires”, cuando los trabajadores vienen perdiendo con la suba de precios, y la proyección de la inflación supera lo que reclama el titular de la UTA. De hecho, al acordar solamente en el AMBA estableció una división en los hechos del colectivo de choferes a nivel nacional.

Habitualmente la de UTA es una paritaria que tiene como referencia lo firmado en el AMBA, a ese acuerdo hay que sumar ítems provinciales, para terminar de conformar el sueldo de un trabajador. Esto es lo que sucede que Córdoba.

Tenemos por lo tanto que la prestación del servicio y el reclamo salarial han sido condicionados a una disputa por subsidios, plata de lxs contribuyentes que el Estado gira a las empresas y estás manejan a discreción, a costa incluso del vaciamiento del servicio. Mientras las empresas no cumplen con lo establecido en marcos regulatorios, ni tampoco garantizan los salarios, gobiernos como el de la ciudad de Córdoba salen a pedir la judicialización de la protesta.

Así las cosas, es necesario una intervención independiente para establecer un transporte bajo gestión de lxs trabajadores y usuarixs, eliminando el parasitismo de las empresas se puede garantizar salarios y frecuencias.