El agotamiento de la política petrolera oficial se puso blanco sobre negro en la crisis en torno a los 100 años de YPF. Es que el retroceso no podría ser mayor: Argentina importa gas, ha declinado fuertemente la producción convencional, el relanzamiento productivo mediante el fracking contaminante se basa en convenios con el capital transnacional cruzado por disputas empresariales que arrastran a sectores del poder político. Las inversiones fuertes que requiere este desarrollo están paralizadas, mientras los sectores capitalistas reclaman poder fugar divisas y remitir utilidades a su antojo.

Todo este panorama de declinación de la idea de una petrolera estatal, que fuera un factor de desarrollo nacional, fue el caldo de cultivo para las rupturas y escándalos que cruzaron tanto al gobierno como a la oposición patronal con motivo de los 100 años de YPF. El puntapié lo dio Cristina, que aprovechó un acto oficial para denunciar que el gasoducto Néstor Kirchner tendrá tubos fabricados por Techint… en Brasil, que consumirán las preciadas divisas que requieren tanto la industria como el Fondo Monetario.

La acusación de Cristina vino precedida por la renuncia de Antonio Pronsato, el encargado de la Unidad Ejecutora del gasoducto, un hombre de vínculos fluidos con el sector empresarial. Pronsato renunció denunciando la parálisis de la construcción por parte de los funcionarios vinculados a La Cámpora. Esta renuncia, a su vez, había puesto en evidencia (cuando no) la mentira de Alberto Fernández, que anunció que estaba en marcha la obra cuando ni siquiera estaban armados los pliegos de la licitación.

El encargado de dejar en evidencia la denuncia de Cristina fue Matías Kulfas, quien en una operación torpemente montada, que salió a la luz pública, denunció que quienes le dieron la llave a Techint de la licitación de los caños del gasoducto para producirlos en Brasil fueron “los pibes” de Cristina, que en las especificaciones técnicas del gasoducto dejaron afuera a la metalúrgica Laminados Industriales, que produce en el país pero es de propiedad del empresario italiano Beltrame. La operación contra Cristina le costó a Kulfas el puesto, en un nuevo golpe a la autoridad presidencial que lo venía sosteniendo a capa y espada contra el embate kirchnerista. En su lugar fue designado Daniel Scioli, hombre de buenos vínculos con Techint y el mundo empresario, que casualmente se desempeña hasta ahora como embajador en Brasil.

La crisis del gobierno puso de manifiesto el carácter de entrega y saqueo de su política petrolera y de obra pública, que no es más que una variante de los viejos negociados de la patria contratista a costa del Estado. Y desnudó la farsa de tener una política soberana, mostrando que estamos frente a una nueva variante de saqueo empresarial de los recursos energéticos y de infraestructura, por la vía de los pactos entre la YPF Sociedad Anónima (con mayoría accionaria estatal) y Enarsa, con el capital privado.

La crisis del gasoducto y la crisis de la oposición

El culebrón del gasoducto puso de relieve una guerra de buitres empresariales en torno a la construcción del mismo. La que vino a ponerle la frutilla al postre fueron Graciela Ocaña y Waldo Wolff, que denunciaron penalmente a los funcionarios del gobierno por la eventual malversación de fondos respecto al mismo. La denuncia no es una “denuncia más” en un país cruzado por denuncias de todos contra todos.

La parálisis de la construcción del gasoducto y su judicialización podrían apuntar a una redistribución de negocios en favor del capital imperialista. Es lo que persiguió, finalmente la operación Lava Jato, cuando volteó los negociados de Odebrecht para ampliar el radio de acción del capital yanki en la obra pública en toda Latinoamérica.

Pero la misma oposición está cruzada de divergencias en torno al tema. Macri aprovechó el aniversario de YPF para denunciar el “populismo” originario de Yrigoyen, que se habría manifestado en la creación de la petrolera estatal. La polémica apuntaba, por un lado, a golpear al radicalismo alineándose con los Bullrich y Milei, y, por otro, a dejar claro que un punto central de un futuro gobierno de Juntos por el Cambio sería “retrotraer” este “populismo”. O sea, retirar al Estado de la producción petrolera, vendiendo la participación estatal: una política privatista.

Sería un viraje de regreso a los esquemas plenamente privados de los ‘90, frente a la etapa de intervención estatal abierta por la intervención de Kicillof contra Repsol. En su respuesta a Macri, Gerardo Morales esbozó una defensa de YPF pero no se pronunció respecto a las intenciones privatistas de Macri. Es que todas las variantes aspiran a colocar a YPF y a Vaca Muerta como una palanca de un proceso de acumulación dirigido por los pulpos petroleros multinacionales. Pero a partir de este denominador común, el gobierno y la oposición se quiebran bajo el peso de los lobbys empresariales del sector.

En estos choques entre facciones por el despojo de la riqueza nacional no hay variantes progresivas. Con los gobiernos del FMI, de transición energética, de soberanía, de desarrollo nacional, ni hablar.

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