Por la mañana del martes 17 de septiembre, la justicia federal de Córdoba procedió al allanamiento del Sindicato de Luz y Fuerza y de quince lugares más, entre los que figuran domicilios particulares de varios integrantes de la Comisión Directiva. La denuncia fue presentada en abril de 2019 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), después de una supuesta investigación que habría comenzado en octubre de 2018. Se acusa a la conducción gremial por defraudar las cuentas del sindicato y por lavado de dinero. Por la tarde continuaba militarizada la sede sindical y también la sede de la empresa.      

La avanzada judicial en contra de la conducción sindical de Luz y Fuerza, es sin dudas un ariete del gobierno de Schiaretti para proceder a su programa de fondo con respecto a la empresa provincial que brinda el servicio de energía y a los trabajadores de la misma. Desde siempre el gobierno del PJ pretende privatizar la EPEC y convertirla en un filón de negociados para el  capital; y en 2018 Schiaretti retomó la iniciativa en ese sentido. La lucha obrera de los trabajadores lucifuercistas y el apoyo popular, acompañado por la denuncia política del Frente de Izquierda, logró evitar la aprobación del marco regulatorio privatista y la venta de la empresa. 

No obstante, el gobierno no cesó en su objetivo. Lo que no pudo aplicar en el todo, comenzó a aplicarlo por partes, para mejor allanar el camino de la privatización planificada. Empezó por la profundización de la tercerización de servicios que antes desarrollaba la propia empresa, como es el caso de las secciones de “automotores”, privatizada a favor de la empresa Edenred, y también “toma de estado”. Procedió a la descentralización comercial, cerrando varios Centros de Atención Comercial. Un dato fundamental para entender el proceso que prepara el gobierno, es el ingreso de Deloitte S.A. como auditora de los estados contables de la EPEC desde septiembre de 2018. Deloitte es considerada la firma más importante en el rubro a nivel internacional, y es evidente que actúa por orden del capital financiero.   

El capítulo de la privatización contra los trabajadores tiene un largo recorrido. También desde el 2018, el gobierno comenzó a atacar el convenio colectivo e incluso se impusieron algunas reformas reaccionarias contra derechos de los trabajadores, vía la aprobación de “leyes” inconstitucionales. Sin embargo como la modificación del convenio debe ser establecida en paritarias, Schiaretti montó una verdadera extorsión exigiendo a los trabajadores la renuncia a varias cláusulas a cambio de la negociación salarial. Como el Sindicato Luz y Fuerza no accedió al chantaje, el gobierno directamente pasó a no negociar los aumentos salariales. El resultado es que la empresa ha otorgado unilateralmente aumentos del 20%  contra una inflación del 47% en el 2018, y un 15% en 2019 contra una inflación que se proyecta en el 55%.

Los allanamientos y la persecución judicial sobre el Sindicato de Luz y Fuerza tienen este contenido preciso. No estamos en presencia de una investigación para aclarar nada. La justicia adicta actúa como un peón del poder político provincial y nacional y del capital interesado en la privatización. En ese sentido, no es casual que la denuncia haya sido iniciada por la Procelac, completamente dominada por el macrismo, con quien Schiaretti mantiene excelentes lazos, aun después de la derrota electoral del 11 de agosto pasado. Al poder judicial federal en Córdoba, no le interesa en lo más mínimo las finanzas del Sindicato Luz y Fuerza, y mucho menos los derechos de los trabajadores; que por otra parte son cuestiones internas de los lucifuercistas. Por el contrario, se busca golpear a la masa de trabajadores, por medio de un ataque a la conducción sindical. 

El proceso de privatización de EPEC, los tarifazos, el achique salarial, la reforma laboral  conforman el programa del capital, los cuales Schiaretti, el PJ y Macri coinciden en llevar adelante. La salida de los trabajadores de Luz y Fuerza y del conjunto del movimiento obrero se encuentra en la convocatoria a asamblea general del sindicato y un congreso de delegados de base todo el movimiento obrero para establecer un plan de lucha, que arranque con un paro activo de 36 horas. El programa debe unir lucifuercistas y población trabajadora con las consignas centrales: no a la privatización de EPEC, no a los tarifazos, aumento de salarios, abajo la reforma laboral, control de obreros y usuarios de la empresa estatal. El importante activismo combativo del Sindicato Luz y Fuerza debe ponerse en la primera línea de esta tarea, para disponer un plan de acción que saque a la organización de la parálisis, que es funcional a los planes del gobierno de Schiaretti.

El próximo 24 de septiembre cuando se movilice el Plenario del Sindicalismo Combativo junto a las organizaciones piqueteras, la lucha de Luz y Fuerza estará en primer lugar.