A partir de la jornada de lucha por el acceso a la vivienda digna en la Ciudad de Buenos Aires que llevaron adelante organizaciones de desocupades, vecines y organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda el pasado martes 2 de agosto, se puso sobre la mesa la grave situación habitacional que atraviesan les vecines de las villas e inquilines (sobre todo aquelles que lo hacen en la mayor precariedad, sin contratos o con contratos informales).

Crisis habitacional

El déficit habitacional en el país se estima que alcanza a más de 4 millones de familias, ya sea por problemas edilicios o de infraestructura, como es no acceder a los servicios básicos de agua, luz, gas o cloacas, por hacinamiento o por estar en una precaria situación económica en la que en cualquier momento puedan quedar en situación de calle.

La Ciudad de Buenos Aires no escapa a esta realidad: el 40% de la población es inquilina, con alquileres que en el último tiempo se incrementaron por encima de la inflación, siendo que en el mes de agosto el aumento a partir del Índice de Contratos de Locación, que a partir de la aprobación de la Ley de Alquileres se usa para la actualización anual de los contratos vigentes, superó el 60%. A esto se suma que aunque la población general de la Ciudad se ha mantenido relativamente estable en unas 3 millones de personas desde hace 70 años, la cantidad de familias que habitan en las villas porteñas ha crecido notablemente, llegando hoy a casi 400 mil personas.

Los “contratos” informales que se usan para alquilar un cuarto en una villa, pero también vale para inquilinatos como hoteles familiares o pensiones, pueden llegar a entre 20 y 25 mil pesos, en la mayoría de los casos con cocina y baño compartido, y en muchos casos con varias familias viviendo en una sola habitación. Esto trae aparejados una serie de problemas, como ser la falta de un espacio propio para que los chicos estudien, problemas de salud por falta de ventilación o humedad (a partir de las malas condiciones habitacionales), filtraciones, etc.

A esto se suma el abuso por parte de los propietarios, incrementando los alquileres a veces de forma mensual bajo amenaza de dejar a las familias en la calle, y que en los casos de hotelados, motivados por el lucro y la especulación inmobiliaria que promueve el gobierno de Larreta, llegan a realizar todo tipo de estafas sabiendo de las necesidades por las que pasan las familias trabajadoras. Es así que prometen un lugar para vivir a cambio de dinero para luego borrarse e impulsar una orden de desalojo, o haciéndolo por cuenta propia, quedándose con el terreno con el fin de ser vendido a los especuladores.

Esto se agudiza para mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia de género y frente al riesgo de quedar en la calle deben permanecer en el hogar con el violento por falta de un trabajo genuino que permita una independencia económica. Las familias con niñes sufren una situación similar por la imposibilidad de conseguir un lugar que permita alquilar con menores de edad a cargo. Madres solteras que deben hacer malabares para tener un lugar donde dormir por esto último.

Una salida

Frente a todo esto, la organización de quienes sufren todas estas problemáticas es fundamental. La discusión en las villas y asentamientos para que sean les propies vecines, tanto propietaries como inquilines, quienes debatan cuáles son las obras a realizar en camino a la urbanización real, como así también que les inquilines se organicen para reclamar medidas de asistencia, es el camino para conseguir las reivindicaciones más inmediatas. Si el Estado capitalista gobierna para los especuladores y niega el derecho a una vivienda propia, debemos arrancarle al menos un paliativo para aquelles que no tienen un lugar donde vivir.

Es una necesidad para las cientos de miles de personas que no tienen asegurado un techo un subsidio universal para inquilines que, a diferencia del actual “subsidio habitacional” del decreto 690/06 que rige en CABA, garantice que las familias no queden en situación de calle, con un monto mayor a los 13 mil pesos que se otorgan en el mejor de los casos y sin la cantidad de requisitos que se exigen. Este subsidio debería ser garantizado para cualquier familia que demuestre que no puede pagar un alquiler acorde a las necesidades de su grupo familiar por los ingresos que percibe, y debe darse prioridad para mujeres y diversidades que se encuentren enfrentando una situación de violencia, como así también para familias con niñes a cargo que no encuentren un lugar para alquilar.

Es a partir de este reclamo que desde la banca de Gabriel Solano y Amanda Martin, del Partido Obrero en el Frente Izquierda - Unidad de la Legislatura porteña, se presentó un proyecto de ley que plantea la creación de este subsidio, con un monto mínimo de 30 mil pesos más un plus de 5 mil por cada integrante del grupo familiar, para evitar que las familias trabajadoras sigan viviendo hacinadas y en una precaria situación.

Entendemos esto como un camino transitorio. Por eso también reclamamos la urbanización real de las villas, que se revisen todas las entregas de espacios públicos que han sido aprobadas en los últimos años incluso con la aprobación de las distintas variantes del peronismo, un plan de obras públicas de vivienda sobre esas tierras, un impuesto progresivo a la vivienda ociosa, que se otorguen créditos hipotecarios con tasas bajas y que se termine con la especulación inmobiliaria que expulsa a les trabajadores de la Ciudad. La vivienda es un derecho, no un negocio. Por eso vamos a seguir luchando.

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