Los despidos han crecido un monumental 6.000% en mayo.

Desde enero, son más de 300.000, es decir una cifra igual al ingreso de nuevos trabajadores al mercado laboral, por año.

Una gran parte del pueblo subsiste en base a comedores escolares, ollas populares o comedores comunitarios.

El poder adquisitivo de los salarios ha caído un 40%, pero con relación a la canasta de alimentos el porcentaje es mucho mayor. Los gobiernos refuerzan esta marcha a la miseria, sustituyendo trabajadores de convenio por planes trabajar.

Los banqueros, en cambio, reciben un plan Bono que les paga la deuda externa, a costa de los ahorristas. El Estado asume nuevos compromisos por unos 50.000 millones de dólares.

Los Pérez Companc están recibiendo un bono que les estatiza gran parte de la deuda privada con los bancos del exterior.

¿Es una salida a esta situación la convocatoria a elecciones anticipadas para diciembre o marzo próximo? O sea, ¿una vez que se haya consumado la expropiación del pueblo? ¿Controladas por los punteros de turno y por los medios de comunicación de los grandes monopolios? ¿Una elección dentro de los marcos de la Constitución vigente, que impide la confiscación de los bancos y de los vaciadores, o la apertura de los libros y cuentas de los monopolios capitalistas, o el control obrero?

Estamos frente a una maniobra de distracción contra los trabajadores. Una maniobra de confusionismo.

Los que propician esta maniobra, dicen descaradamente que para ello es necesario el acuerdo con el FMI. Afirman que el camino a la democracia pasa por el completo sometimiento nacional.

La maniobra seudo-electoral desnuda también las limitaciones del centroizquierdismo y de la izquierda democratizante, que sólo pretende un cambio del personal político. Ninguna transformación es posible, incluso la más mínima, sin la destrucción del aparato estatal actual.

"Que se vayan todos", no significa cambiar el personal de gobierno, sino el propio régimen político y el Estado; la expulsión de la burguesía saqueadora y el gobierno de los trabajadores.

Planteamos, por eso, una Asamblea Constituyente en la nación, las provincias y los municipios, que gobierne sin otra limitación que la voluntad popular. Para nacionalizar los bancos sin indemnización y reorganizar el país en función de los intereses de la mayoría nacional.

La convocatoria de esa Asamblea Constituyente plantea una nueva rebelión popular. Sólo podría ser convocada por las organizaciones obreras, piqueteras y asambleas populares, que encabecen esa rebelión popular.

Llamamos a concentrar toda la atención popular en esta tarea. La hiperinflación y el empantanamiento político de los impostores que gobiernan, llevan a una nueva rebelión.

Los sones del Argentinazo ya se oyen en Uruguay y en Paraguay, y comienzan a oírse en Brasil.

Se puede.