28/09/2000 | 682

Por una asamblea constituyente

Diputado de la Ciudad - Partido Obrero

Las nuevas denuncias de sobornos, una sobre la ley de Patentes, la otra con relación a la de Hidrocarburos, demuestran que las coimas han sobrepasado el abominable status de la corrupción y se han convertido desde hace mucho tiempo en un método político de gobierno. No es una crisis que pueda resolver el Poder Judicial, él mismo en el banquillo de los acusados.

 

El método coimero de gobierno no sale de la nada. Una confiscación económica de la envergadura que ha tenido lugar en los últimos años en Argentina, y la gigantesca transferencia patrimonial que produjo, habría sido imposible sin la aplicación de un método especial de gobierno. Al lado de los decretos de necesidad y urgencia; de los vetos parciales de leyes; de la transferencia de expedientes judiciales a la Corte vía el per saltum; de la infinidad de decretos reservados; al lado de todo esto, la coima se integra a un régimen político de saqueo sistemático en beneficio de un puñado de pulpos. La propia ley laboral fue fogoneada por un pulpo que acaba de hacer su ingreso oficial al gobierno, para obtener una radical liquidación de las conquistas preservadas por la ultraactividad de los convenios de trabajo.

 

La crisis de las coimas senatoriales alcanza al conjunto del régimen privatizador, en especial cuando se apresta a ofrendar a la especulación inmobiliaria y, por lo tanto, a los bancos, vastísimos terrenos de la Ciudad de Buenos Aires y ha formado para ello corporaciones vinculadas a clanes políticos. Ni hablar del Plan de Infraestructura, que despedaza el Presupuesto Nacional con un Fondo Fiduciario reservado para la patria contratista.

 

Pero los sobornos no habrían saltado a la categoría de crisis política si antes no hubiera quedado de manifiesto el irrevocable fracaso de la política de entrega. Lo prueban la recesión, la desocupación y la virtual cesación de pagos. Las crisis políticas no ocurren en los océanos de la prosperidad. Los sobornos del Senado se procesan bajo la presión de una gigantesca caldera social y política.

 

Que el Chacho Alvarez quiera en la ocasión recuperar la efigie de apóstol de la moralidad, sólo pone de manifiesto la estrechez de miras que caracteriza al progresismo y su desesperación por llegar a la gobernación bonaerense. Mientras tanto, la Alianza manipula al Senado acorralado, para que le saque las leyes fondomonetaristas. La crisis, sin embargo, reclama otra salida. Para eso es necesario que una Asamblea Constituyente tome las riendas y proceda a una reorganización social y política en función de los intereses de las mayorías explotadas.

 

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