Eduardo Grüner, docente y ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, forma parte de la Asamblea de Intelectuales en apoyo al Frente de Izquierda.

A un año del asesinato de Mariano Ferreyra a manos de una patota de la burocracia sindical, ¿cuál es tu balance de lo ocurrido desde entonces y de la lucha por el juicio y castigo a los responsables?

-El de Mariano Ferreyra se transformó en lo que suele llamarse un “caso testigo”. Desde entonces, hemos presenciado lo de los Qom, el Indoamericano, Jujuy y ahora -aunque no sea comparable su gravedad inmediata para los cuerpos afectados- lo del “Pollo” Sobrero. En cada caso puede haber responsabilidades particulares, más o menos mediatizadas, y hay que bregar por su investigación “hasta las últimas consecuencias”, como se dice. Una cosa que ha demostrado este episodio es que aún las “primeras consecuencias” (la incorporación a planta de los “tercerizados”, el procesamiento de Pedraza) son efectos de la movilización de las masas y no de las “buenas intenciones” del poder. Pero, más allá de eso, lo que importa es la caracterización de la etapa política. El primer dato, incontrastable, es que la “balanza” bonapartista se inclina cada vez más manifiestamente para el mismo lado. Que, contemporáneamente a estos hechos, se haya exonerado a Menem de crímenes aberrantes es todo un símbolo. Esto era de esperarse: tarde o temprano, el bonapartismo se ve obligado a elegir; en el contexto de la feroz crisis internacional, la que ya ha provocado revueltas populares en diversas y muy diferentes regiones (de El Cairo a Madrid, de Túnez a Nueva York, de Tel Aviv a Atenas, para no mencionar la muy vecina Santiago de Chile), el sistema empieza a “abrir el paraguas” también aquí. Vemos síntomas asomando en los diversos pliegues de la trama capitalista nacional: que, por un lado, algunas fábricas suspendan turnos o se insinúe preocupación por la merma de las reservas del BCRA y, por otro, el Estado reprima a los luchadores sociales no es, en verdad, “un lado” y “el otro”: aunque el análisis deba atender a la especificidad de esos fenómenos, no se puede estar ciegos ante la conexión subterránea entre ellos. El demoledor triunfo de Cristina en las Paso y el aún mayor que se prevé para el 23 de octubre auguran “manos libres” para “profundizar” en “lo que falta”: ante el colapso de la oposición de derecha, el gobierno va en camino de transformarse definitivamente en un representante privilegiado y eficaz de los negocios de la clase dominante en su conjunto, de allí que cotidianamente veamos fracciones de esas clases y sus voceros políticos “pasarse” al bando ganador. En este contexto -que va a quedar aún más clarificado después de las elecciones- la lucha por el esclarecimiento del asesinato de Ferreyra se vincula con la posible emergencia de nuevos conflictos, como resultado potencial de los ajustes (veremos de qué magnitud) que el gobierno tendrá que aplicar como paliativos -para las clases dominantes, se entiende- a los efectos de la crisis mundial, y las cada vez menores concesiones y “reparaciones” que podrá hacer a los sectores populares. Este es el marco en el cual la búsqueda de juicio y castigo a todos los culpables (y no sólo a un Pedraza ofrecido como “cambio de figuritas”) adquirirá un tono cada vez menos estrictamente “jurídico” y cada vez más nítidamente político.

-Para el 20 de octubre está convocada una gran movilización en reclamo de juicio y castigo a todos los responsables.

-La iniciativa me parece muy bien, por supuesto. Creo que debería hacerse un esfuerzo para que -desde ya -sin renunciar a los principios estratégicos y ético-políticos esenciales- la convocatoria fuera lo más amplia y plural posible. Una parte del progresismo más o menos indeciso, que todavía está pensando en votar al “mal menor”, tres días después podría acusar el efecto. Pero no se trata sólo -ni siquiera principalmente- de la coyuntura electoral. Es, asimismo, una manera de darse una política de mediano plazo para esos sectores y para mostrar que el asesinato de Mariano es un símbolo -entre muchos otros- de agotamiento del “modelo”. Muchos van a acusar el FIT, sin duda, de usar electoralmente a Mariano. Hay que estar preparados para eso y explicar pacientemente lo que significa el reclamo más allá de las elecciones. En cuanto a los intelectuales -y en particular los nucleados en la Asamblea de Apoyo al Frente- son varios los ejes de discusión que pueden contribuir a instalar en el espacio público, partiendo del “caso” Ferreyra y de los otros que hemos nombrado más arriba: a) un análisis profundo de la naturaleza actual del Estado argentino, de su recurso tendencialmente creciente a la represión (directa e indirecta) y de por qué ello es así, en el marco de una política general de “disciplinamiento” de la clase obrera, los sectores populares, el estudiantado y la intelectualidad crítica; b) un igualmente profundo análisis de la situación económica, explicando las razones del acercamiento cada vez más evidente de prácticamente todas las fracciones del capital al gobierno, haciendo un diagnóstico de las posibilidades de continuidad o límites para las ilusiones “bienestaristas”, “neodesarrollistas”, etc.; c) un debate riguroso con otros sectores intelectuales (“progres”, centroizquierdistas, “nacional-populistas” o filo-kirchneristas) sobre las lógicas ideológico-culturales del discurso “K” y su pretendida “hegemonía cultural”. Se trata, en general, de demostrarles a ellos y al pueblo que la llamada batalla cultural es falsa, en tanto que en el mejor de los casos es una “interna” dentro de un “modelo” que no pone en cuestión -más aún: tiende a reforzar- las estructuras básicas del “sociometabolismo” del capital. Hay que procurar modificar radicalmente, pues, los criterios de la discusión. Esto es muy importante, porque el “disciplinamiento” de la intelectualidad del que hablábamos antes pasa también por un efecto de “seducción” de los que se imaginan a sí mismos como “intelectuales críticos”, a través de cosas como cierta retórica “antiimperialista” o las (muy parciales y, en los últimos meses, mancilladas) políticas de derechos humanos. Sin embargo, se puede demostrar que aún esas imperfectas y frecuentemente falaces “reparaciones” son compatibles con la garantía a ultranza del “sistema”.