Según el “subprograma de urbanización de villas y asentamientos precarios” del gobierno nacional, en San Isidro se realizarán 1.380 viviendas, 1.416 mejoramientos de viviendas y 14 obras de infraestructura para vecinos del Bajo Boulogne, La Cava chica, La Cava, Covicom, San Cayetano-Sauce y Uruguay.

 

La cantidad de viviendas proyectadas no alcanza para las miles de familias que viven en esos barrios. Además, las viviendas que se están construyendo son pequeñas (en las habitaciones entra, como mucho, una cama) y de mala calidad (las paredes ya se están rajando; en la misma tubería corren la electricidad, el gas y el agua). El monto de las cuotas no es conocido por los vecinos. Sus reclamos pidiendo una respuesta no han sido satisfechos. Posse ha hecho del punto un secreto de Estado para maniobrar mejor y dejar afuera a gran parte de los vecinos.

 

Trabajadores y punteros en acción

 

Los vecinos de los barrios La Cava, la Uruguay y San Cayetano-Sauce se vienen reuniendo. Con asambleas de hasta 150 vecinos están organizando la lucha para que las viviendas respondan a sus necesidades. Los funcionarios tuvieron que “bajar” a balbucear respuestas.

 

Barrios de Pie, en un comunicado de prensa, salió a defender a Posse diciendo que “el municipio tom(ó) esta demanda y la transforma en realidad” y acusa al Polo Obrero de querer “embarrar la cancha”.

 

Pero quienes pararon las obras hace tres meses fueron los vecinos de la Uruguay; los que amenazaron con echar a la empresa constructora de la obra de San Cayetano fueron las mujeres de ese barrio; quienes rechazaron 19 de las 20 casas entregadas hace unos días fueron los vecinos de La Cava chica (el compañero 20 prefirió aceptarla porque es lisiado).

 

Barrios de Pie se olvidó de los aprietes de la patota possista y ahora ocupa una oficina en la Municipalidad.

 

Negociado

 

San Isidro es uno de los distritos donde el metro cuadrado tiene mayor cotización, especialmente los sectores cercanos a la Panamericana. Desde hace unos años, pulpos inmobiliarios vienen intentando convertir a la zona norte en un lugar exclusivamente de countries y oficinas. Las tierras donde quieren construir pertenecen a familias trabajadoras que viven en asentamientos precarios y villas: son hoy terrenos habitables gracias al esfuerzo de generaciones de ocupantes.

 

En algunas barriadas pagaron sumas pequeñas con relación al valor de mercado y expulsaron así a familias de La Horquilla (San Isidro) o Malaver (Vicente López). En otras, la resistencia hizo fracasar los intentos de desalojo. El plan de viviendas kirchno-possista viene al rescate de los pulpos desalojadores. Vienen por el resto, con La Cava a la cabeza, las tierras más extensas.

 

Coordinación y fiscalización

 

El gobierno no dice que va a desalojar sino “urbanizar”; pero las viviendas no alcanzan para todas las familias, oculta el valor de las cuotas, presiona individualmente a familias para que se vayan a otros lugares y divide los barrios afectados.

 

Algunos sectores de vecinos plantean avanzar en la coordinación interbarrial; realizar ellos mismos el censo para saber efectivamente cuántas viviendas hacen falta; poder ingresar a fiscalizar las obras para garantizar la calidad de las casas; que las cuotas no superen el 5% de los ingresos; que para los desocupados sea cuota “cero”; y que la asignación de viviendas se decida en asamblea para que los primeros sean los más necesitados y no los amigos de los punteros.