El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció “la regularización laboral” de unos 15.000 estatales bonaerenses, cuyos “derechos fueron negados durante décadas”, incluyendo el pase a planta permanente de los becarios de Salud. Estamos frente a una confesión que dice mucho de la precarización como una política de Estado bajo los distintos gobiernos de la provincia, incluidos el del Solá, actual canciller de Alberto Fernández; de Scioli, embajador del gobierno nacional y por supuesto de la exgobernadora macrista, Vidal.

Con esta medida, Kicillof pretende ablandar el reclamo de paritarias y aumento de sueldos. Como informamos en Prensa Obrera, el gobierno, por boca del jefe de Gabinete y la ministra de Trabajo, le comunicó a los gremios de ATE, Upcn y Salud Pública que no hay condiciones para un aumento de sueldos debido a la “crítica situación financiera de la provincia de Buenos Aires”. Claramente, un congelamiento de las paritarias. El antecedente de este ajuste salarial fue el fraccionamiento del pago del aguinaldo para una franja de trabajadores, pago en cuotas que las burocracias sindicales han dejado pasar sin resistencia.

El gobierno provincial presenta esta “regularización” como una vía para sanear al Instituto de Previsión Social (IPS), porque los contratados, monotributistas y becarios que pasarían a ser personal de planta comenzarán a tributar para el IPS, aumentando el número de aportistas. En verdad, el presidente del IPS, Santín, el mismo que negó que haya un peligro de armonización del IPS con la Anses -a pesar de que el préstamo de $6.000 millones al instituto provincial se dio en el marco del decreto de “reparación histórica” de Macri- señaló que son 50.000 los precarizados en toda provincia, si se contabilizan también aquellos que se desempeñan bajo esa modalidad de contratación y tercerización en los municipios. Por eso, Santín sigue insistiendo en la necesidad de “algunos cambios”, que incorporarían una mayor contribución de los estatales y aportes de los jubilados al IPS. Como sea, la cuestión de fondo que reclaman los acreedores de la deuda externa provincial es el recorte de los montos jubilatorios, desligándolos de los aumentos salariales, para “reducir el déficit fiscal” (reforma jubilatoria).

En la conferencia de prensa que el gobernador compartió con el ministro de Salud, Daniel Gollán, Kicillof informó que 3.724 agentes que figuraban como contratados y en condición de monotributistas, designados bajo la gestión de Vidal en el marco de la ley de emergencia, pasarán a integrar la planta transitoria que deberá renovarse en diciembre.

La mayor parte de los trabajadores que cambiarían su régimen laboral pertenecen al sector de Salud: un total de 10.617 de los cuales 1.909 son becarios y el resto de la carrera hospitalaria. El cuadro se completa con 638 agentes que revisten en la actualidad en planta transitoria y pasarían a permanente, en cumplimiento de un acuerdo paritario de 2016.

La lucha contra la precarización ha sido y es una bandera fundamental para el sindicalismo combativo. Por eso, importa señalar los límites de una medida que deja fuera a una masa de precarizados no contemplados en los anuncios (contratados con fondos nacionales en la DGCyE, contratados a través de colegios profesionales o de fundaciones, como ArgenInta y cientos de auxiliares sin nombramientos, tercerizados de servicio de mantenimiento y limpieza, etc.) y las condiciones laborales en que deberán desempeñarse la inmensa mayoría de los “regularizados” (salarios de indigencia y sin antigüedad laboral).

Está planteada una lucha en gran escala por el pase a planta permanente de todos los trabajadores para terminar con años de fraude laboral. Esto vale para aquellos trabajadores que estaban bajo la ley de emergencia (ajuste) de Vidal y para quienes vienen de antes con contratos y regímenes de absoluta indefensión laboral.

El próximo round de esta pelea debe ser la lucha común de todos los trabajadores estatales, docentes y de organismos del Estado (incluido el Astillero Río Santiago) para que se convoque a paritarias y para defender un salario igual al costo de la canasta familiar, con actualización salarial por inflación. Rechazamos que las burocracias sindicales entreguen el salario como moneda de cambio de esta “regularización” que deja en pie el edificio de la precarización laboral.

La defensa del IPS coloca también a la orden del día que se pase a planta a los 35.000 precarizados que trabajan para las intendencias del PJ, kirchneristas, de Massa y Juntos por el Cambio. Es una necesidad para terminar con este régimen de explotación y miseria salarial en los municipios, y para que esa masa de trabajadores precarios aporten al sistema jubilatorio provincial.

Organicemos una gran campaña por el pase a plantea permanente y efectivización de todos los trabajadores del Estado bonaerense.

Qué los sindicatos estatales, docentes y de trabajadores del Estado bonaerense pongan fin al pacto social con el gobierno y convoquen a plenarios de delegados y asambleas para votar un plan de acción por las condiciones de trabajo, las paritarias y la formación de comités de seguridad e higiene frente a la pandemia.