Concluido el mes de agosto, las consultoras privadas y el oficialismo realizan sus pronósticos y mediciones respecto a la inflación del mes pasado, que volvería a rondar la cifra del 3%. A algunos días de las Paso y a poco de cerrar las paritarias, el gobierno bate récords inflacionarios de preelección y fracasa en montar una escena de “recuperación salarial” de temporada.

Tomando, incluso, las mediciones que ubican la inflación de agosto en un 2,8%, el acumulado desde de enero saltaría a un 33%. Se trata de una cifra más que elevada, cuando los gobiernos suelen poner los números “en orden” para mejorar su performance electoral.

Las recientes paritarias cerradas entre el 40 y 45% -salvo contadas excepciones-, no han llegado a generar ni la ilusión de una recomposición económica de los trabajadores, superadas por la medición interanual de los precios y por la proyección a diciembre del 2021.

El ajuste sobre los salarios, impulsado por la política del gobierno y su pauta trucha de inflación, es el primer responsable del deterioro de los ingresos obreros y populares. El gobierno “asegura” que la inflación está bajando, pero agosto sumó el  9% de aumento en la medicina privada, el 8% de las expensas, la suba del GNC, alquileres y de servicios de educación, todo lo que sigue empujando los precios.

Acá @maximmontenegro grafica el monumental derrumbe del poder adquisitivo de los salarios en los últimos 8 años. “Todos” y “Juntos” lo hicieron. pic.twitter.com/3cPoWvPbos

— Romina Del Plá (@RominaDelPla) August 31, 2021

Una política de ajuste

“Los representantes de los trabajadores actuaron con una capacidad de coordinación muy clara y fueron en la línea de lo que decía el Presupuesto. Del otro lado faltó conducción y alineación con un fenómeno colectivo de coordinación”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en referencia al “acuerdo de precios y salarios” del gobierno.

El elogio es para la burocracia sindical, parte de la cual acaba de reunirse con el presidente Alberto Fernández para dejar de manifiesto su apoyo a la gestión oficial y a las listas del Frente de Todo. Se trata de las direcciones sindicales que primero firmaron un 30% de aumento promedio, para “ganarle a la inflación” ,y luego tuvieron que ajustar algunos puntitos por arriba para no pasar papelón.

La tímida mención del ministro Guzmán respecto al papel de las patronales no es más que una lavado de manos: el gobierno tuvo a su cargo las sucesivas liberaciones de tarifas y el desmantelamiento de las regulaciones de precios (Precios Máximos), junto al alza de los hidrocarburos y combustibles y los subsidios a la producción de gas, todo lo que fue aportando a la suba de los precios.

Si se toman los datos del Ripte, para medir la evolución del salario real en los últimos años, nos encontramos con que la tendencia es a la caída del poder adquisitivo real de los salario en el periodo de los últimos ocho años, lo que da cuenta de una continuidad ajustadora entre el gobierno de Macri y el de Alberto.

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Salario vs Alimentos

Un registro de los resultados de esta política es el alza en los precios de los alimentos, la cual supera el promedio de la inflación, golpea particularmente a los trabajadores y parece no tener límite. Sin la cifra oficial de agosto, los alimentos acumulan una suba del 30,7 de enero a julio y la Canasta Básica Alimentaria trepó un 58,3% interanual.

Utilizando los datos oficiales, los salarios perdieron más de siete puntos contra la inflación promedio (y más contra la alimentaria) desde junio del 2020 hasta junio del 2021. Para el caso de los salarios del sector privado no registrado, el primer semestre crecieron solo un 13,8%, contra una Canasta Alimentaria que subió 25,3%.

Un caso ejemplar es el del salario mínimo, que se encuentra en $29.160, recién a partir de este mes de septiembre y como último estadío del precario aumento del 35% en cuotas, que aprobó el Consejo del Salario y que implica un ajuste que podría llegar al 15%, según las proyecciones. Es casi exactamente lo mismo que una Canasta Básica Alimentaria ¡de julio! ($29.003).

Por estas razones, el gobierno se aprestaría para convocar al Consejo del Salario para aumentar entre un 5 y 10% -aún con ajuste- el salario mínimo de miseria, del cual dependen millones de trabajadores no registrados, jubilados y precarizados del Potenciar Trabajo, entre otros.

La crítica situación actual es resultado de una política patronal, impulsada desde el propio gobierno nacional, que apunta a atacar las condiciones laborales y el salario para aumentar la rentabilidad del capital ante la crisis económica: un gobierno que tiene como prioridad los intereses capitalistas y no los obreros.

El Frente de Izquierda Unidad se opone a esta política con la defensa del poder adquisitivo de los salarios por medio de una recomposición general de los mismos, para llevarlos por arriba de la canasta familiar, y un seguro universal al desocupado que cubra la canasta básica. Así mismo, debe intervenirse toda la cadena de valor y nacionalizar el comercio exterior, bajo control de los trabajadores, para evitar la disparada de los precios y la especulación de las patronales.

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