Sergio Massa anunció que, hasta el momento, siete empresas ingresaron al acuerdo de Precios Justos que comenzará a regir el 15 de noviembre. El programa consiste en congelar los precios por noventa días a cambio de obtener un trato preferencial en materia de importaciones. Un nuevo control oficial destinado al fracaso, con la novedad de que esta vez incluirá beneficios para las patronales.

El ministro anticipó que las empresas de consumo masivo que adhieran a la iniciativa tendrán ventajas a la hora de importar. Por un lado, gozarán del canal verde aduanero, que es cuando no se controla la documentación ni la mercadería de manera física. A su vez, se les notificará sin demoras la fecha en la que recibirán los dólares del Banco Central para cancelar los pagos por sus compras en el exterior.

En primer lugar, a juzgar por el resultado que tuvieron las políticas previas destinadas a controlar los precios, con el lanzamiento de Precios Justos podemos decretar que estamos frente a un nuevo fracaso anunciado. Es una mera artimaña del gobierno para disimular su inacción ante la estampida inflacionaria que erosiona el bolsillo popular. Sin ir más lejos, solo dos de cada diez empresas no aumentan sus precios a lo largo del mes (según un relevamiento de Moll) y el oficialismo no es capaz de proceder a la apertura de los libros de las compañías en función de evaluar los costos reales. A su turno, el programa del FMI que marca el paso de la agenda gubernamental contiene medidas inflacionarias como los tarifazos en los servicios y la devaluación de la moneda.

Por otra parte, cabe destacar que estos falsos “congelamientos de precios” son utilizados por el gobierno y las patronales como pretexto para cerrar paritarias a la baja y mantener a raya los salarios, bajo el argumento de que la suba de estos últimos atizaría la inflación. Basta con observar el derrumbe del salario real para refutar semejante razonamiento. Sin ir más lejos, en los primeros siete meses del año el índice salarial perdió 2,2% contra la inflación y 12,3% en el caso de los trabajadores no registrados. No obstante, el Ministerio de Trabajo se juega de lleno a atacar los reclamos salariales en defensa de las ganancias de los capitalistas, como lo demostró Moroni intentando desgastar la lucha del Sutna y ahora Kelly Olmos tildando de “excesivo” el aumento que exige Camioneros.

Lo cierto es que los monopolios formadores de precios que hicieron fortunas, parafraseando al dueño de La Anónima, “remarcando precios todos los días”, ahora tendrán la posibilidad de ampliar sus negociados con la brecha cambiaria. Al flexibilizarse los controles a la importación para las firmas que participen del nuevo acuerdo de precios, estas podrán incurrir con mayor facilidad en maniobras de sobrefacturación y sobrestockeo, como medio para dolarizarse aprovechando que tienen acceso a un tipo de cambio más barato. Lo anterior no hace más que agravar la crisis de reservas, lo cual es contraproducente a los fines de contener la inflación, ya que el drenaje de divisas del Banco Central está en la base de las presiones devaluatorias. Además, estamos hablando de empresas que compran insumos importados a un dólar oficial que sube por debajo de la inflación y venden sus productos en el las góndolas locales a precios que aumentan muy por encima del índice general.

Frente a la inflación desenfrenada, y a la “cortina de humo” que significa el lanzamiento de Precios Justos, urge desarrollar un plan de lucha en defensa del salario, exigiendo un inicial de $200 mil, aumentos salariales indexados a la inflación mensual y trabajo bajo convenio para todos. Para apaciguar la escalada inflacionaria es preciso reorganizar la economía sobre nuevas bases sociales, en pos de terminar con la fuga de capitales (pago de la deuda incluida), con la preeminencia del agronegocio que encarece los alimentos y con el secreto comercial que habilita sobreprecios.