La situación de la medicina privada presenta la siguiente peculiaridad: las prepagas aumentan todos los meses, pero el servicio se deteriora.

En lo que va de 2023, sumado el último incremento de 8,9 por ciento de julio, el costo de las prepagas trepó un 52,84 por ciento y en agosto habrá un nuevo alza del 8,72, ya que las empresas fueron beneficiadas con un régimen de actualizaciones mensuales basado en un índice de costos de salud, debido a la inflación generalizada. También fueron favorecidas con un recorte en el pago de los aportes patronales.

Pero el servicio empeora. Un completo artículo de El Cronista (4/7) revela que hay demoras de hasta seis meses para acceder a un turno médico. Se estima que ocho de cada diez afiliados debieron buscar una alternativa fuera de la cartilla para atenderse, debido a dichas falencias.

“Las cuotas suben todos los meses, pero cada vez brindan menos servicios”, se lamenta Sandra González, titular de Adecua (Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios), quien además señala que no hay control por parte de los organismos reguladores (ídem).

Una de las razones de este deterioro obedece a la renuncia de profesionales. Un 15 por ciento  se ha retirado de las cartillas de prepagas y obras sociales porque cobran menos que trabajando de manera particular, y además están hartos del diferimiento del pago de las prestaciones, que a veces alcanza los 90 días. Otros profesionales se mantienen en las cartillas pero cobran un adicional por la consulta, lo que encarece aún más el servicio para los afiliados.

El aumento imparable de las cuotas está llevando a una dificultad para mantener el servicio. Un informe elaborado por una pyme del área, Boreal Salud, afirma que 6 de cada 10 afiliados no pueden sostener el pago de la cuota y buscan planes más económicos.

El negocio de las prepagas se encuentra concentrado en un puñado de grandes empresas capitalistas. De acuerdo al último informe citado, 21 firmas de un total de 654 inscriptas en la Superintendencia de Seguridad Social (SSS) concentran el 89 por ciento de los afiliados (El Liberal, 6/7).

El combo de aumentos, deterioro del servicio, mal pago de los trabajadores y dificultades económicas para sostener los pagos por parte de los asociados está indicando el fiasco de la salud entendida como negocio privado. Teléfono para Milei, Espert y todos los privatistas seriales.

Para garantizar este derecho fundamental de la población, el programa de Unidad de Luchadores y la Izquierda plantea la nacionalización y centralización del sistema de salud, la triplicación del presupuesto y un salario equivalente a la canasta familiar para sus trabajadores.