El gobierno nacional acaba de presentar un amparo contra las prepagas, por el aumento de las cuotas que llegaron al 160% en los últimos meses, y las intimó para que estas retrotraigan los aumentos a diciembre y que las cuotas se ajusten a la inflación promedio del Indec hasta la fecha. Los aumentos habilitados por el gobierno por el mega DNU generaron estragos en la afiliación a la medicina privada, con una caída del 10% de los asociados.

La medida oficial se da en el marco de una suba general de los precios, tarifazos oficiales y aumentos en los alimentos y bienes de consumo masivo, todos estos promovidos por la política de Javier Milei.

Los abruptos aumentos mensuales de las prepagas vienen generando un fuerte descontento entre la población que accede a la medicina privada, la cual asciende a unas 6,7 millones de personas con cobertura (el 15% de la población total), de la cual un 40% acceden de forma directa sin derivar aportes.

Milei viene de beneficiar a las prepagas con el acceso directo al régimen de las obras sociales, aumentos que aún con restricciones superan al del poder adquisitivo de los trabajadores y con designaciones en lugares estratégicos del Estado: Gabriel Oriolo (ex Osde) se encuentra al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS); Carlos Miguel Blanco (ex Swiss Medical) continúa al frente de la Sigen; mientras que Mario Lugones (presidente de la Fundación Güemes) es sindicado como el hombre que maneja en las sombras la política de Salud del gobierno y el Pami.

El cortocircuito del gobierno con las prepagas fue escalando durante estos días hasta llegar a la renuncia del propietario de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que nuclea a las empresas de la medicina privada.

Belocopitt, exmassista confeso, fue uno de los abanderados de la liberalización de precios impuesta por Milei. Quien ahora es acusado –con justeza- de haberse beneficiado durante la pandemia con subsidios por 13 millones de dólares (ATP, Repro, etc.) y de incluso ampliar sus negocios adquiriendo la mitad accionaria de la empresa Medicus.

La actual denuncia del gobierno contra la cartelización de la medicina privada, que funciona como un oligopolio de un puñado de capitalistas que domina el 90% de la oferta y prestaciones médicas, es solo a los fines de preservar el conjunto del negocio de la medicina privada, y compatibilizarlo con los planes de ajuste del gobierno de Milei.

La empresa con mayor afiliación es Osde con el 31,3% del mercado (2,2 millones de afiliados), seguida por la empresa de Belocopitt, Swiss Medical, con el 14,8%, con otras inversiones en su cartera, entre ellas el 40% del Grupo América, donde comparte sociedad con José Luis Manzano y Daniel Vila. Por detrás vienen Galeno (8,3% del mercado), Sancor Salud (7,8%) y Medicus (3%).

Milei se ve obligado a intervenir en el sector, incluso contra su propio DNU, dejando al descubierto la falsedad de una supuesta autorregulación del mercado y su respectivo ordenamiento de precios. Las tendencias a la concentración y centralización del capital son propias, e ineludibles, de la dinámica capitalista en su etapa imperialista: Milei no atenta contra esta dinámica sino que busca salvaguardarla con su intervención.

La expulsión de cientos de miles de afiliados de las prepagas por falta de recursos económicos solo sirve a agravar un sistema sanitario saturado, colapsado y desfinanciado por el gobierno nacional. Una bomba de tiempos que ya está suscitando varios conflictos gremiales y prestacionales.

La medicina y la salud no pueden estar en manos de un puñado de capitalistas y especuladores, cuyo único propósito es llenarse los bolsillos a costa de la vida de los trabajadores. El acceso a la salud debe estar garantizado de forma universal, con un programa de prestaciones integral, sin diferenciación de cuotas por edad o enfermedades preexistentes, bajo control de los trabajadores y afiliados.

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