Una semana después de los actos de conmemoración por el atentado de la Amia, es claro que la ‘investigación’ que realiza el Estado argentino con el visto bueno del Estado de Israel y las direcciones políticas de la colectividad judía en la Argentina es un fraude descomunal: muchas pruebas desaparecieron en dependencias de la Policía Federal, otras se tiraron al río; se ‘sembraron’ testigos, se negoció y pagó recompensas a uno de los partícipes necesarios, etcétera. La principal investigación criminal en la historia del país está plagada de irregularidades que terminaron beneficiando a los imputados.

El 90% del expediente (la parte que va a juicio) refiere a una banda de policías asociada a un delincuente común. El 10% restante está lleno de declaraciones de los alcahuetes aportados por la CIA (la ‘conexión internacional’) y de líneas de investigación que conducen a elementos vinculados al menemismo y la Side.

El mismo juez Galeano reconoció que la continuidad de la investigación “quizá no sea suficiente para obtener o mínimamente intentar obtener el esclarecimiento total del hecho” (Clarín, 16/7).

Con razón se dijo, entonces, que la elevación a juicio oral significará el cierre de la causa: el próximo juicio ni siquiera se refiere a la voladura de la Amia sino en su costado marginal, ya que los procesados no están acusados de su planificación y ejecución, sino de facilitar una camioneta usada en la misma.

“El Estado argentino es la conexión local”

Esta denuncia le valió a Memoria Activa, hace un año el repudio de toda la dirección política del país. Desde el Ministerio del Interior y la Comisión Bicameral se acusó a los familiares de “hacerle el juego a los terroristas”. Para no ser menos, el presidente de la Daia los acusó de “antinacionales” cuando ratificaron su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La izquierda sionista (Schiller), por su lado, alimentaba sus esperanzas en el nuevo presidente de la Amia y en unificar a los familiares en la perspectiva de “profundizar la investigación” deliberadamente desastrosa de Galeano. Ninguna organización judía (de derecha o de izquierda) acompañó esta denuncia hecha junto a las Madres, Abuelas y otras organizaciones de derechos humanos.

Apenas un año después, la acusación de Memoria Activa ganó su lugar en la conciencia de toda la sociedad, como quedó registrado en el importante número de participantes del acto del 17, y en la dificultad que encontró la Daia/Amia para hacer hablar, en su acto, minoritario, a sus propios dirigentes a pesar de que contó con el aval de todo el gabinete, de todas las instituciones judeo-argentinas y de la embajada de Israel.

El Estado argentino (la ‘conexión local’), con el patrocinio de los encubridores internacionales (‘la conexión internacional’), compuso la partitura que ejecuta Galeano. Esta melodía, sin embargo, desafina. Mientras el Congreso de los EE.UU. sostiene que estos seis años estuvieron “marcados por el esfuerzo para minimizar el papel… de las fuerzas de seguridad argentinas con simpatías antisemitas” (La Nación, 19/7), el embajador Aviran opina que “por lógica (sic), fue Irán” (Clarín, 16/7). Storani, por su lado, ratificó el ‘discurso’ menemista de la Alianza: “Hay que sostener al juez Galeano, hay que bajar los decibeles del reclamo, hay que llegar a la instancia del juicio oral como sea y hay que trabajar para que esto no se caiga” (reportaje a Laura Ginsberg, revista CyO, del Icuf, Nº 6).

El agujero negro

Para De la Rúa y sus ministros de Interior y de Justicia se trata de lograr ‘consenso’ para desarmar ‘democráticamente’ el reclamo de los familiares. El temor a no poder lograrlo justifica el pedido de auxilio a la Iglesia, los rabinos y el mismo PJ (que votó sin fisuras la Ley del Arrepentido para facilitar la gobernabilidad).

Para ayudar a desmontar la potencial crisis, la conexión internacional que apuntala el encubrimiento para no afectar los acuerdos de Oslo entre los explotadores árabes y los sionistas, presiona para poner el ‘punto final’ con un juicio que castigue a los ‘perejiles’. Los EE.UU. presionan para que se condene, ante “la proximidad del juicio oral, a los presuntos integrantes de la llamada conexión local”. “Queremos que el juicio oral empiece ya”, concluyó el presidente de la Daia, mientras los observadores advierten que “si por errores en la investigación la causa se declara nula, el Presidente puede ser el blanco que muchos años tuvo a Menem en el centro” (La Nación, 19/7). Sea como fuere, para Israel “lo de los atentados es una nube dentro de nuestra excelente relación” (Aviran en Clarín, 16/7), lo que denuncia al embajador como pieza del encubrimiento internacional.

Cierre y juicio trucho

Todo este proceso político está en pleno desarrollo, y para nada cerrado. El Estado no tiene motivo alguno para brindar. A la hora del balance, De la Rúa confiesa que hay que rezar: “Sobre los resultados, es Dios quien nos puede apoyar, y ojalá nos ayude” (Clarín, 21/7).

El otro factor en el desarrollo de la crisis es Memoria Activa. Tras acusar al Estado por su papel en la conexión local, durante el último año no tomó resoluciones políticas (ni siquiera en el terreno jurídico) que la ayudaran a organizar, de cara al futuro, la denuncia y resistencia a los planes del gobierno y de sus socios locales Daia/Amia. Su dirección no supo superar el trabajo de pinzas entre el nuevo gobierno aliancista, por una parte, y las instituciones judías y la Embajada, por la otra.

La numerosa concurrencia del 17 de julio, que sorprendió incluso a sus organizadores, se fue emocionada pero con las manos vacías. En su discurso, los familiares de Memoria Activa no lograron expresar sus objetivos para la etapa que se abre.

Es necesario denunciar los planes del gobierno aliancista para cerrar la causa mediante el fraude jurídico. El reclamo de “Juicio político a Galeano” también ayudará a organizar y desarrollar la movilización.

De manera paralela, se hace necesario organizar una Comisión Internacional independiente para esclarecer el atentado y determinar las responsabilidades de los Estados que intervinieron en él.

¡Otro gobierno, la misma impunidad! El gobierno de la Alianza no puede superar al menemista porque se alimenta de los mismos intereses nacionales e internacionales.