La creciente movilización de los trabajadores obligó a la Legislatura a derogar varios decretos de necesidad y urgencia que Ortega había emitido para enfrentar la cesación de pagos, en particular el que establecía una quita del 5% para todos los salarios.

Sin embargo, el decreto que derogaba el régimen de licencia de la docencia se mantuvo y fue derogado el que restringía en un 30% los aportes a los colegios privados. La lucha ha continuado para que la Legislatura asegure que se paguen los salarios a tiempo. Ortega, por su lado, estableció el pago desdoblado de los salarios.

En este cuadro, nuevos sectores se fueron sumando a la lucha. El 7 de abril, Día Internacional de la Salud, se concretó una marcha de alrededor de 1.000 médicos, que denunció que el gobierno había dejado de aportar al Subsidio de  Salud (la obra social del personal estatal,  la más importante de la provincia), y que iban a mantener un paro por tiempo indefinido en los hospitales estatales hasta que el gobierno pagara los salarios y cumpliera con otras reivindicaciones, como el reconocimiento de la Carrera Sanitaria, que fue sancionada en época de la intervención federal. A la semana siguiente se sumaron los municipales de la capital, quienes, en una movilización muy combativa  amenazaron al intendente bussista Bulacio, que si para la semana siguiente no paga los salarios iba a arder la municipalidad.

Con este clima de efervescencia social, tanto Ortega como el bussismo están maniobrando para que la situación no se desborde. Los diarios informan que se estaría negociando un conjunto de medidas de racionalización estatal y privatizaciones, que asegure que el período de gobierno de Ortega haga parte del trabajo sucio previo a la asunción del próximo gobernador.

Paralelamente a estas maniobras, el aparato del PJ estaría promoviendo la prórroga de las elecciones provinciales para setiembre, y según el Diario Siglo XXI, un sector del PJ impulsaría luego del 14 de mayo la formación de un Frente Cívico, con la UCR y el FREPASO, con el eje de impedir el triunfo bussista. En esta política entraría de cabeza la dirigencia del CTA, que recientemente decidió dar su apoyo a Bordón, pero dejó la puerta abierta para que en la elección provincial, con el argumento de no debilitar la única fuerza capaz de derrotar al bussismo, mantendrían su apoyo al PJ.

Se hace imperiosa una lucha de conjunto, único medio para que la crisis provincial la paguen los chupasangre capitalistas. Para ello es necesario establecer un pliego de reivindicaciones que incluya a todos los trabajadores y sectores de la llamada clase media (profesionales, comerciantes, cañeros chicos, etc.), que también están afectados por diversas medidas impositivas, tarifarias (con la privatización de DIPOS —agua—, las tarifas van a aumentar un 100%), unidos a un conjunto de medidas transicionales, como la fijación de un impuesto a las ganancias capitalistas, el cobro automático de la coparticipación federal en la provincia, el desconocimiento de la deuda pública con los grandes capitalistas que han vaciado el Banco Provincia, y con el Estado nacional, que ha vaciado en todos estos años gran parte de los fondos coparticipables, para subsidiar a los grandes capitales.