Prat Gay presentó la “ley de leyes” 2017 como “el presupuesto de la verdad”. Dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Para desmentirlo, en la exposición de la Comisión de Presupuesto, el vice de Hacienda Pedro Lacoste dijo que es un presupuesto de “expansión”, mientras el de Finanzas, Luis Caputo, dijo que se trataba de un plan de “ajuste gradual”. ¿En qué quedamos?

 

Como primera medida surge que a fines de 2017 habría 10 mil estatales nacionales menos, lo que debe ser motivo de debate inmediato en ATE y todos los gremios estatales. En segundo lugar, fija una pauta salarial del 17% que -asociada a la negativa rotunda a la reapertura de paritarias 2016-, consagra una caída histórica del salario, aún cuando fuera cierta la inflación prevista del mismo porcentaje y que por muchos motivos resulta inverosímil. Otro tanto ocurre con la jubilación, sobre la cual no se prevé ninguna otra mejora que no sea la movilidad automática, que en lo que va de 2016 perdió 13 puntos frente a la inflación.

 

 En 2017, las tarifas del gas (y todas las demás) aumentarán como mínimo un 72%, lo que resulta del aumento en dólares de las tarifas y de la devaluación prevista del peso. ¿Cómo compatibilizar una inflación del 17% con semejante nivel de incremento tarifario? preguntamos en la reunión del Congreso. No hubo respuesta.

 

La emisión total de deuda prevista es de 55.000 millones de dólares, de los cuales 26.000 millones son nueva deuda. Buena parte de los intereses de los fuertes vencimientos de deuda 2017 (Club de París, etc.) serán refinanciados incorporando intereses a capital. “Para los bonos en manos de organismos estatales -léase Anses y otros- la renovación será automática”(sic). El colosal empapelamiento kirchnerista de la Anses se seguirá ampliando y con ello, el carácter de “pagadios” de los papeles en manos de organismos públicos.

 

El stock de deuda nacional (provincias aparte) se ampliará considerablemente, según reconocieron los funcionarios. Pero, preguntados por esta bancada, cómo saldrán de la bomba de tiempo del déficit que generan las Lebac (pagarés del Banco Central) que suman más de 600 mil millones de pesos, lisa y llanamente no contestaron. Esto tiene una importancia capital, porque de allí se sale, o licuando esa deuda  con inflación -lo que tiraría abajo la “meta” del 17%- o emitiendo nueva deuda del Tesoro, violentando en ambos casos el presupuesto presentado.

 

Cuando Lacoste habló de “expansión” se refirió a la ampliación del déficit inicialmente previsto al 4,2% del PBI. Desde el vamos el FMI no le cree y pronostica más del 5%. Pero de ese déficit, $247.000 millones van a intereses de la deuda, el resto en “gastos tributarios” -en su mayoría, exenciones impositivas al capital, subsidios a las automotrices, a las Pymes y las conocidas caídas de retenciones al capital agrario y las mineras. Cero gasto social o productivo. El déficit fiscal y la emisión monetaria para rescatar a capitalistas alimentan el gasto financiero parasitario que ahoga a la economía entera.

 

Surge la pregunta: ¿cómo hicieron para semejante reasignación? Aplicaron los superpoderes del kirchnerismo. ¿Y para 2017? Siguen los superpoderes, con un techo insignificante.

 

El FMI vino a  ofrecerse de garante -y rescatista de última instancia- de un curso sideral de endeudamiento, que nos conducirá a un nuevo default.  

 

Los funcionarios tampoco contestaron cómo se financiará la caída de la recaudación del Anses,  por la devolución progresiva del 15% de coparticipación a las provincias. Simplemente irá contra los jubilados y su movilidad.

 

El otro punto que no contestaron es cuántos trabajadores, jubilados y monotributistas están pagando ganancias hoy. Tampoco qué parte del 5,6% del PBI que reportará ganancias, según el presupuesto, corresponde a la cuarta categoría (asalariados). 

 

No contestan porque está prevista una actualización del mínimo no imponible del 17% que deja inalterado el famoso impuesto al salari. Y porque la modificación de la escala que presentarán no sólo es mínima sino que se “autofinancia”, o sea que se redistribuye su incidencia pero con un resultado fiscal neutro. Sigue la confiscación del salario por la vía del impuesto a las ganancias.

 

El presupuesto presentado financia gastos corrientes con deuda, implica ajuste contra los trabajadores y jubilados, disimula la bancarrota del Banco Central, prolonga los superpoderes para gobernar por decreto, gasta lo que no hay en subsidios al capital, ajusta contra los trabajadores estatales, es decir contra la educación y la salud pública, es absolutamente modesto en inversión en viviendas y desvaloriza salarios y jubilaciones. Por sobre todas las cosas,  es un presupuesto a la medida del negocio del capital financiero internacional.

 

El movimiento obrero debe movilizarse en su contra.