El ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, presentó en la Legislatura los trazos generales del presupuesto 2021. La propuesta tiene como base un pronóstico de la inflación para el año que viene del 32% y un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5,5%. Además, se anuncia una suba de impuestos inmobiliarios del 20%, y del automotor, en promedio, será del 28%. De este modo se van licuando los ingresos del pueblo trabajador en la provincia. Mientras que para los capitalistas de la industria se les baja las alícuotas, se aumenta en un promedio del 40% al inmobiliario rural y hay un alza de impuestos menor en relación al 2020 para el sector financiero. Cabe destacar que el incremento de los impuestos para los sojeros se hace sobre la base de mantener el valor de la tierra, cuando la devaluación en curso les permitió incrementar sus ingresos.

En relación a la asistencia social el gobierno dice que tendrá un incremento del 30% más en relación a este año. Pero si tomamos el índice inflacionario del 32%, que el propio gobierno reconoce, tenemos por lo tanto que el pomposo anuncio está por detrás de la inflación prevista por el Ejecutivo provincial. A esto hay que sumarle que la pobreza y la desocupación tienen una tendencia alcista.

En relación a los subsidios para “los boletos gratuitos”, La Voz ya adelantó que el gobierno se prepara para aplicar una sintonía fina para “optimizar el uso”. Es decir, se viene un nuevo recorte sobre la base “de determinar la capacidad de pago real de cada beneficiario”, cuando hay cada vez más trabajadores y jóvenes bajo la línea de la pobreza.

El presupuesto fue armado dando por hecho un acuerdo con los tenedores de deuda que vienen de rechazar un segundo intento de reestructuración. Los usureros internacionales quieren más, y el gobierno está dispuesto a dárselo. En este punto, la variable de ajuste han sido las partidas presupuestarias, como por ejemplo las de educación, vivienda y, por supuesto, salarios y jubilaciones.

Cabe recordar que las partidas presupuestarias 2020 para vivienda y educación se subejecutaron, y el salario de las y los trabajadores viene siendo pulverizado por paritarias por debajo de la inflación. En ese sentido, un reciente estudio de la Defensoría del Pueblo de la provincia da cuenta de una tendencia a la baja de los sueldos, al punto que a octubre del 2020 la canasta básica alimentaria consume el total de los ingresos, en tanto que si se compara con el 2015 tenemos que se destinaba el 61,69% para adquirir los alimentos indispensables.

La legisladora por el partido Obrero en el FIT, Soledad Díaz, calificó el presupuesto 2021 como “una farsa para encubrir el plan de ajuste a los trabajadores”. Y agregó que “el problema central de la deuda provincial en dólares, cuya reestructuración fue rechazada recientemente, ha sido prácticamente omitida en el informe. La incertidumbre que planteó el ministro al respecto es la confesión de la hipoteca de la provincia y la imposibilidad de pago de esa deuda”.

“Se trata de un dibujo en medio de la nebulosa, aunque intente justificarse en las pautas macrofiscales sobre devaluación del peso e inflación, que establece el gobierno nacional. No se puede omitir que el propio gobierno nacional se encamina a un endeudamiento superior y a una devaluación en favor del capital, en tanto que avanza en un pacto con el FMI que supone reformas antiobreras y antipopulares, como los es el nuevo cálculo del haber jubilatorio”, agregó.

“Es claro que se profundizará el plan de ajuste contra los trabajadores. Ni una palabra se dijo del presupuesto para salud y educación, pero eso sí, se insistió en el ‘gasto’ que implican los salarios y jubilaciones para avalar una política confiscatoria de los trabajadores; mientras habilitan más beneficios y exenciones impositivas a los sectores agropecuarios e industriales. Tampoco hizo referencia alguna a la construcción de viviendas populares en medio de una crisis habitacional cada vez más aguda que el gobierno pretende revertir con represión y desalojos violentos”, concluyó Soledad.

El debate del presupuesto tendrá primera lectura el 25 de noviembre y el oficialismo buscará aprobarlo el 9 de diciembre. Desde la banca del PO- FIT se llama a rechazar el presupuesto que prefigura un mayor ajuste contra el pueblo trabajador.