En los últimos años, los presupuestos nacionales suelen estar “dibujados”. No responden a un cuadro real de recursos, gastos y objetivos del gobierno de turno. El presupuesto votado el año pasado por el Congreso para 2021 fijaba una inflación del 29% y el año terminará -según reconoce el propio gobierno en el nuevo proyecto de presupuesto para 2022- con ¡un 45,1%!

Con igual desparpajo, el proyecto de nuevo presupuesto plantea que la inflación “bajará” al 33% anual. Pero, un estudio publicado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, pronostica que llegará al 43,1%. El estudio también cuestiona el crecimiento del 4% del Producto Bruto (PBI) pronosticado para 2022. Según este estudio, el crecimiento real sería del 2,5% .

El presupuesto augura un dólar a 131,10 pesos, que significaría una devaluación del 24%. Pero los economistas afirman que el dólar no bajará de los 154,5 pesos por unidad, lo que da una devaluación del 47%.

También aparece desfasado el cálculo de la balanza comercial. Las exportaciones crecerían un 5,9% (versus el 12,2% de 2021), mientras las importaciones crecen un 12,3%. Lo que daría un superávit de 9.323 millones de dólares en la balanza del comercio exterior, por debajo de los 12.878 millones de dólares que se espera recolectar este año. Y este cálculo también es incierto, porque en el mercado mundial los bienes que exporta la Argentina están cayendo de precio (soja, etc.), mientras los que importa (gas, etc.) están subiendo.

El ministro Guzmán se jactaba que había logrado disminuir el déficit del presupuesto pronosticado para 2021 del 4,5 al 4%. El proyecto para 2022 plantea un déficit menor: llegar al 3,3% del PBI. Con superior ajuste.

El gobierno propone disminuir los subsidios a las empresas privadas de servicios públicos, lo que implicaría aumentar las tarifas. Un estudio afirma que hoy el usuario recibe indirectamente por los subsidios dados a las empresas facturas que se acercan al 50% del valor real. El tarifazo debiera llevar el subsidio a las patronales a un 13%. Y esto sin contar que el aumento internacional de los hidrocarburos en curso también se descargará sobre las tarifas de los trabajadores-consumidores.

El proyecto de presupuesto trae también recortes sobre los gastos sociales. El más importante: se reduce en un 13% real la partida para la salud. Ya para este año el presupuesto aprobado reducía los gastos en salud porque no había partida para enfrentar el Covid que el gobierno auguraba iba a desaparecer este año. Ahora repite el cuento, cuando se está hablando de la tercera dosis de la vacuna para enfrentar los cambios de cepa del virus. Los mercaderes privados de la salud aumentan sus tarifas para afrontar -dicen- el crecimiento de los gastos. Disminuye un 10% el presupuesto para Cultura, etc.

Nuevamente no hay IFE. Y una parte sustancial del restringido aumento está destinada a subvencionar a las patronales para que tomen trabajadores desocupados con salarios menores y el Estado se haría cargo de una parte sustancial de esos salarios.

Se trata de un presupuesto dibujado, alejado de la realidad, pero un presupuesto de ajuste, donde la realidad será más monstruosa que lo que aquí se insinúa.

En el proyecto, la deuda pública está obviada. No figura la parte del FMI. Para la deuda pública en moneda nacional, que el gobierno se jacta de haber “normalizado” su pago, se piensa seguir aumentando el llamado déficit cuasifiscal (Leliq, Bonos, etc.).

La parte en dólares -y la del FMI en particular- no figura: el gobierno da por sobreentendido que llegará a un “acuerdo” para refinanciarla. Si tuviera que pagar lo que corresponde en 2022, no está en condiciones, y debería, entonces, decretar el defol públicamente. Es evidente que la pincelada final al dibujo presupuestario la hará el dibujante del FMI.

Todo indica que este proyecto será discutido después de las elecciones del 14 de noviembre. La “oposición” derechista no tiene alternativa real a este presupuesto. Apoyan las negociaciones con el FMI y se someterán a su veredicto.

Es el FIT-U el que tiene una plataforma de lucha alternativa. No al pago de la deuda pública. Ruptura con el FMI. Ninguna reducción salarial ni presupuestaria para salud, ni de ninguna de las áreas sociales. Trabajo para todos: reducción de la jornada laboral sin disminución de salarios. Nacionalización de las empresas privatizadas y de las energéticas. Monopolio estatal de la banca y del comercio exterior. Control obrero de la producción y apertura de los libros empresarios.

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