El gobierno acaba de presentar el Presupuesto 2022, con la firma de Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán. La “ley de leyes” fue enviada al Parlamento a la medianoche del miércoles para su tratamiento en el recinto. El rasgo más sobresaliente de la misma es que acepta de antemano cualquier condicionamiento por parte del FMI hacia las cuentas nacionales.

Una entrega anunciada al FMI

En primer lugar, el Presupuesto 2022 no contempla ningún pago de capital al FMI, ya que el gobierno da por sentado que logrará postergar los vencimientos por U$S 19.100 millones que tiene por delante. Esta “certeza” delata que el oficialismo está dispuesto a arribar a un acuerdo con el Fondo a como dé lugar, sin importar cuáles sean las exigencias del organismo de crédito para aceptar dicha postergación en los pagos.

Un verdadero cheque en blanco, donde la pluma del FMI redactará cuál será la magnitud del ajuste a aplicar en el país como condición necesaria para obtener el aplazamiento en los pagos que pretende Alberto Fernández. Es la confesión de que el gobierno cederá a cada requisito que imponga el Fondo, el cual incrementará su tutela hacia las cuentas públicas y el conjunto de la economía nacional. La subordinación oficial le allana el camino a las “reformas estructurales” que pregona el FMI, tanto laboral como jubilatoria.

El gobierno carga las tintas sobre la hipoteca contraída durante el macrismo, sin embargo, lo mencionado anteriormente es la confirmación de que rescatará la totalidad de esa deuda usuraria en los términos que establezca el FMI, a costa de mayores penurias para los sectores populares. Atrás quedó la demagogia gubernamental sobre exigir una rebaja en la tasa de interés o una reestructuración a 20 años.

Tijeras afiladas

El Presupuesto 2022 miente descaradamente sobre la proyección inflacionaria: pronostica un 33% de inflación para todo el año, dato que nadie podría dar por cierto luego de la farsa que significó el Presupuesto 2021, donde se estableció una pauta inflacionaria del 29%, la cual fue superada en los primeros 7 meses y ya el propio gobierno debió anunciar que año cerrará con una inflación del 45,1%.

Introducir una proyección inflacionaria a la baja en el presupuesto obedece a una política de ajuste. Tiene la finalidad de que los aumentos en las partidas destinadas a vivienda, educación, salud y prestaciones sociales se estipulen por debajo de la inflación verdaderamente esperable. Lo mismo vale para las paritarias, las cuales terminan basándose en la inflación mentirosa que dibuja el gobierno en el presupuesto y no guardan relación con la evolución real del índice de precios.

Sin ir más lejos, el texto de marras planifica un aumento salarial del 38,3% para el 2022, presentándolo como un incremento real bajo la falsa premisa de que la inflación no superará el 33%. A su vez, sostiene que el salario promedio del sector privado finalizará el 2021 estando tres puntos por encima de la inflación; algo que no se verifica en la realidad puesto que hasta el mes de julio el mismo se se encontraba 0,7 puntos por debajo de la inflación, según el índice RIPTE, y ya cerraron casi la totalidad de las paritarias de este año.

La naturaleza de ajuste del Presupuesto 2022 también está dada por el hecho de que se propone una reducción del déficit fiscal sin parangón. Se calcula un déficit de apenas el 3% del PBI para todo el 2022, inferior al de este año que culminará aproximadamente en un 4% del PBI. El gobierno intentará logar esta meta ambiciosa, al igual que lo hizo durante el 2021, garantizando que los montos asignados para las transferencias al sector público y las prestaciones sociales (entre ellas jubilaciones) pierdan contra la inflación. En julio 2021 la caída real del gasto primario en términos interanuales fue del 7,1%, y, en agosto 2021, la partida destinada a prestaciones sociales disminuyó un 19,1% con respecto a la inflación en el transcurso de un año, orientación que se profundizará el año que viene.

A su vez, el nuevo presupuesto planea reducir los subsidios energéticos al 1,5% del PBI pero sin perjudicar a las petroleras y a las empresas de servicios públicos, ya que esta pérdida será compensada con subas en las tarifas de luz y gas; constituyendo un duro golpe al bolsillo popular.

Por otra parte, persistirá el ajuste sobre los jubilados, dado que el nuevo presupuesto otorga un aumento nominal del 4,3% para el monto destinado a las Cajas provinciales de jubilaciones no transferidas; muy por debajo de la inflación proyectada del 33%.

Enfrentemos el ajuste

Se trata de un presupuesto a la medida del ajuste que exige el FMI como garantía de pago de la deuda. Todos los bloques patronales son tributarios a esta política, por lo tanto, lo votarán sin ambages en el Congreso. Solo los parlamentarios del Frente de Izquierda Unidad rechazarán de plano este ataque a los trabajadores. Tenemos el desafío de organizar la lucha para enfrentar la ofensiva en curso y que prospere un programa en favor de las mayorías populares. Fuera el FMI, no al pago de la deuda usuraria, abajo el ajuste del gobierno y la oposición patronal.

 

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