Esta semana tuvo amplia repercusión el análisis del Presupuesto 2023 presentado por Unicef ante la Comisión de Familia Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados. Argentina es firmante de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) que establece en su artículo 4 que “los Estados no tienen potestad para decidir si satisfacer o no su obligación de adoptar las convenientes medidas para dar efectividad a los derechos del niño, como las relativas a los presupuestos públicos”. Tiene la obligación de no reducir los presupuestos destinados a este sector, en términos constantes.

La Ley 26.061, además, establece que “La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional”. Tanto Unicef como las ONGs participantes coincidieron que este presupuesto colocaba a la Argentina afuera de la Convención, que tiene jerarquía constitucional.

Inflación a la carta

Solo el secretario del área y el representante de la Defensoría de NNyA se animaron a considerar creíble una inflación del 60% como la proyectada por el gobierno, única manera de empatarle al Presupuesto 2022 en algunos rubros. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima para 2023 una inflación del 76% y el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM) calcula un 91% .

El ajuste en valores reales

Quien hizo una síntesis precisa de la magnitud del ajuste sobre los NNyA fue Francisco Rodríguez, representante de la ONG Infancia en Deuda, detallando que, a valores constantes de la OPC, la caída de los fondos para NNyA alcanza el 10% en relación a 2022 y es un 26% inferior al gasto de 2020. También cae como porcentaje del presupuesto ya que en 2020 representaba el 13,85% del total y en 2023 cae a 9,82%, perdiendo cuatro puntos.

Respecto de los programas que involucran a los NNyA, la AUH cae en recursos un 12% en relación a este año sumando solo 14.636 nuevas asignaciones, y, aunque la natalidad viene cayendo, esta ronda los 500.000 nacimientos por año, más de la mitad de los cuales serán niñes pobres. Hay 675.000 niñes pobres que no reciben ninguna asignación por parte del Estado.

Con la indigencia en pleno crecimiento, en valores reales, la prestación Alimentar cae un 31.8% en relación a este año y también se reducen los beneficiarios, que pasan de 2.712.270 a 2.432.061. Tampoco se incluyen adolescentes de 15 a 17 años, a pesar de que muchos no alcancen una canasta alimentaria.

Educación, el ajuste del ajuste

Como porcentaje del presupuesto, cae del 5,9% al 4,7 %, un 24% inferior a 2022.

El programa Conectar Igualdad, muy difundido porque aumenta un 11% en valores reales, esconde que como resultado de la Decisión Administrativa 826 de agosto de 2022 se le recortaron $15.000 millones (38% del total del programa). Si se mira el cumplimiento del programa, en los últimos 6 años se entregaron sólo el 28.3% de las computadoras proyectadas. Es decir, que de las 4.200.000 computadoras prometidas del 2017 al 2022 solo se entregaron 1.200.000.

El programa edilicio para Jardines Infantiles disminuye un 35% en valores reales respecto a 2022, año en que a su vez sufrió un recorte del 38 % con la misma Decisión Administrativa que podó al Conectar Igualdad. De igual forma, si se analiza el cumplimiento de los últimos 5 años se verifica una subejecución del 54%, más de 120 mil millones de pesos. El representante de la ONG Infancia en Deuda se preguntó si no correspondía recuperar esa inversión para garantizar el acceso a la educación en salas de 4 y 5 años como obligan al Estado las leyes y avanzar en la universalización de la educación inicial a los 3 años. Esta subejecución se manifiesta también en la cantidad de aulas proyectadas: 6.900 en los últimos 5 años de las cuales solo se construyeron 927. De los Espacios para la Primera Infancia, los 3.000 millones de pesos asignados son el piso más bajo alcanzado desde 2015.

La clase capitalista se apresta a desatar una catástrofe social aún mayor que la existente. Resulta imperiosa una intervención de la clase obrera para derrotar el ajuste que comanda el FMI y abrir con su acción consciente una alternativa popular con banderas socialistas.