Políticas
15/12/2025
Presupuesto 2026: la ruta de la catástrofe social y la entrega colonial
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Javier Milei.
La idea de aprobar el presupuesto con un debate de 24 hs, entre el martes 16 de diciembre en comisión y el miércoles 17 o el jueves 18 en sesión de Diputados, ya es expresiva por sí misma. Tal vez sea un trámite para volver a gobernar sin “ley de leyes” por tercer año consecutivo. A dedo de pichón de autócrata.
Pero hay una chance de realidad: que funcione el pacto con los gobernadores, incluidos varios peronistas, desde luego, para algún reparto de fondos en canje por el voto a todo el paquete de Reforma Laboral, Código Penal y modificación de la Ley de Glaciares. Este último punto es de interés, justamente, de las provincias mineras o promineras, para habilitar el saqueo indiscriminado y depredador que habilita el Rigi: ese por el que se peleaban Weretilneck y Kicillof para quedarse con la planta de licuefacción que no fue, porque Shell “se toma el buque”, literalmente. El tema ambiental por el cual el pueblo de Mendoza volvió a levantarse, a la orden del día.
La atropellada, un síntoma de crisis, no de fortaleza
Retirado Bessent del mercado de cambios y de garantías para créditos de cualquier tipo, fracasados los créditos del JP Morgan y Cía, primero de 20 mil palos verdes, después de 5 mil, llegó otro fracaso: la suscripción de deuda local en dólares al usurario 9,26% y con un “corte” del 91% de los bonos, lo que hace que no sean 1.000 sino 910 millones de dólares. Muy poco para los 4.500 millones de dólares que vencen en enero y los 18.000 millones en todo 2026.
La verdadera fortaleza de Milei es el big bang opositor y un peronismo que comparte la agenda estratégica de la UIA, los bancos y el capital agrario. Tanto es así que ni siquiera se ha constituido un bloque claramente devaluacionista, como ocurriera en 2001. Los Paolo Rocca o los Madanes aprovechan la volada contra el movimiento obrero para meter un ataque histórico mediante la reforma laboral y en ese marco pelean sus cuotas de negocios. La Cámara de la Construcción está más ocupada en zafar de la causa de los cuadernos que en reclamar por la debacle del sector.
Algunos más avispados temen a la catástrofe social que está en marcha y sus posibles consecuencias “desestabilizadoras”. Para hacerlo pasar, los “totoboys” sacaron el humillante artículo 1º de los presupuestos 2024 y 2025, que nunca vieron la luz, donde disponían que sólo se gastaría lo que quede luego de pagar la deuda pública. Pero este dictamen de mayoría que analizamos, vigente al 30/11, que seguramente será la base de lo que conozcamos el martes 16, tendrá el mismo sentido aunque no lo diga. Allí estará Adorni para ejecutar el ataque presupuestario a cualquier partida social o productiva para garantizar los negocios de Toto Caputo y sus amigos.
Qué anuncian el PBI trucho y el dólar Caputo
El PBI calculado en el dictamen de mayoría es de 728.000 millones de dóalres, lo que supone un crecimiento a tasas chinas, cuando lo que tenemos son hasta paraguas chinos, pero que corresponden al PBI del gigante asiático, no del nuestro.
En 2024 el PBI fue de 633.267 millones de dólares, con un 4,4% de crecimiento este año (REM) iríamos a un PBI 2025 de 661.800 millones de dólares (tradingeconomics) ¿cómo llegar a la cifra astronómica que nos proponen votar para 2026? Tendríamos un crecimiento cercano al 10%. Y tengamos en cuenta que todos estos números se calculan con un dólar tan polémico a la baja como el que tenemos.
Lógicamente, con un falso crecimiento como este, se estima una recaudación que no tiene nada que ver con la que está ocurriendo, en caída, ni con la que va a ocurrir. Menos aún si consideramos las rutilantes noticias últimas que rebajan Ganancias para las empresas por unos 2.000 millones de dólares, sobre todo a petroleras, bancos y energéticas (Clarín, 13/12), con la rebaja de retenciones (otros 500 millones de dólares) y la rebaja de aportes patronales que afectará a la Anses en no menos de 2.500 millones de dólares.
Semejante jubileo capitalista no parece condecirse con la ley de “compromiso fiscal” que promueve LLA, puesto que no tiene contrapartida alguna que no sea el ajustazo recargado, mediante, por ejemplo el despido de otros 280.00 empleados públicos anunciado.
Y veamos ahora qué dólar supone nuestra fantasía presupuestaria. Prepárense lectores: en 2026 un dólar de $1.423; 2027 de $1.470; 2028 $1.488. Hagan los cálculos lo que produciría esto a un ritmo inflacionario del 2/2,5% como el que tenemos, o aún con la inflación del 10,1% que nos promete el presupuesto Caputo. Y ellos lo saben y lo aceptan porque el presupuesto prevé un déficit comercial de más 16.000 millones dólares en los próximos tres años.
Esto significaría que la fiesta importadora, de completa destrucción del tejido industrial nacional, sería llevada hasta un extremo jamás visto, lo mismo que el déficit turístico y comercial de conjunto. Algo que ya está en marcha con la industria textil o del neumático al 31% de su capacidad productiva y del 61% del conjunto. No hablemos ya de inversiones, no se usa la que tenemos, por eso la desinversión en marcha de tantas empresas. Es la ruta de una catástrofe social y económica.
Endeudamiento a tasas de default
La deuda pública nacional, medida en dólares sin tomar en cuenta las provincias y la deuda privada de 454.000 millones de dólares, es ahora un 70% del PBI. Como es mayoritariamente en dólares o linkeada al dólar no es fácilmente licuable mediante una devaluación. Su porcentaje del PBI tiene relativa importancia, porque la capacidad de repago depende del crecimiento económico y de tener el superávit comercial necesario para disponer las divisas, lo que no hay. Por eso el riesgo país no baja de los 600 puntos a pesar del apoyo del Tesoro norteamericano, del FMI y de Trump.
Si como dice el dictamen de la mayoría el déficit comercial será de -5.751 millones dólares en 2026, -3.707 millones en 2027 y –6.961 millones en 2028, la viabilidad de esta política depende exclusivamente de un ingreso de capitales y de un mayor endeudamiento que solo sería posible a tasas muy inferiores. Argentina ya fue al estallido de 2001 con una deuda en el 48% del PBI. El presupuesto que subordina toda la política económica a la deuda nos hunde en el ajuste, en el saqueo y nos hace caminar en la cornisa permanente del default. Por eso la deuda al 9,26% que señalamos más arriba no fue una buena, sino una mala noticia.
Jubilaciones, salarios, universidad, los trabajadores, las víctimas del presupuesto
La inflación prevista de 10,1%, además de dibujada, resulta demoledora de los ingresos populares, porque el plan deflacionario funciona solo para salarios y jubilaciones.
El presupuesto no especifica monto estimado en jubilaciones y pensiones, el principal rubro social del Estado, lo cual es ya un dato significativo, puesto que dependerá del dedo de Adorni. Pero un botón vale de muestra: para sentencias judiciales dispone $212.288 millones contra $390.050 millones el año anterior, una rebaja nominal del 45%. Unos 151 millones de dólares, mientras el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tiene 62.000 millones de dólares que se usan para financiar deuda pública. O sea que los jubilados con juicios ganados financian al superávit fiscal. Agreguemos la perla para delicia de Presti y Villarruel que para las cajas de retiros militares (art 48) dispone $367.205, un 70% más que para los siete millones de jubilados “desarmados”.
El presupuesto no prevé aumento alguno de salarios y continúa la política de aniquilamiento universitario, disponiendo apenas el 65% de los fondos requeridos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la camarilla de rectores. El dictamen señala una caída del 39% en el Conicet y del 31,4% en el financiamiento universitario en tres años. El reclamo de la ley de financiamiento universitario vetada serviría al menos para una reparación parcial de la enorme rebaja de los salarios reales universitarios que constituyen el 90% del presupuesto. Lo mismo en Discapacidad o pediatría a nivel nacional para extender la conquista de la lucha del Garrahan.
El ataque a la Educación Técnica es letal. Deroga la ley para su equipamiento (art. 52 de la ley 26.058), en línea con la reforma educativa en marcha. El articulado suspende, además, el artículo 9 de la Ley 26.206, eliminando el piso del 6% del PBI para educación. Junto con esto, el dictamen señala un recorte acumulado del 49% real en educación y cultura, 33% en universidades y 75% en becas estudiantiles, en relación al año 2023. No estamos ante un ajuste correctivo, sino ante un desmantelamiento del régimen legal educativo vigente.
Hacemos notar que no encontramos en el extenso dictamen un solo peso para vivienda, cuando la crisis habitacional escala de manera exponencial. Obviamente, es algo que contribuye con la prolongación de la recesión económica, lo mismo que la casi inexistente obra pública nacional.
Algunas conclusiones preliminares
El dictamen no innova cualitativamente en relación a los poderes extraordinarios del Jefe de Gabinete, en este caso Manuel Adorni: reproduce el esquema de delegación y discrecionalidad que viene de los presupuestos del kirchnerismo, el macrismo y Alberto Fernández. Esas mismas facultades se usan ahora para condicionar la ejecución de leyes votadas por el Congreso. O simplemente evitar su cumplimiento (emergencia en Discapacidad, emergencia pediátrica, jubilación, presupuesto universitario).
Tampoco están previstas las rebajas impositivas que se acaban de anunciar en Ganancias, Retenciones y Aportes previsionales patronales, lo cual agravará la discrecionalidad porque solo se podrán afrontar con más recortes arbitrarios de gastos. Todo lo cual se hará inevitablemente contra las partidas sociales habida cuenta que los famosos “gastos tributarios”, que son las exenciones impositivas, en muchos casos al capital, mantienen su ratio histórico.
No hay “modelo” alternativo: que la crisis la paguen los capitalistas
Ningún presupuesto, hace muchos años, tiene que ver con la realidad. Son dibujos. Pero indican una política. Este es una guía complementaria de la descarga de la crisis sobre las masas trabajadoras como nunca antes, por un lado, y de la entrega colonial más extrema por el otro.
Sus supuestos estarán sujetos a la lucha de clases. Nuestra intervención parlamentaria estará al servicio de la lucha de los trabajadores. En otros trabajos iremos sobre los dictámenes alternativos de la burguesía, sea el de Provincias Unidas o del Peronismo. En cualquier caso, no hay “modelo” capitalista alguno de acumulación de reservas, ni de “pago de deuda sin el hambre del pueblo”. La sanata nacional y popular está al servicio de la gobernabilidad de Milei para que ejecute el trabajo sucio, aunque es la volada se lleve puesto al movimiento obrero y nos coloque varios escalones más abajo en la decadencia y la desigualdad nacional.
La salida de los trabajadores que propiciamos tiene por estrategia la lucha por su propio poder y de ahí su programa: parte de la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda con la sola excepción de los bonos de la Anses, que son patrimonio de los jubilados. El ahorro nacional debe ir a industrialización y a un plan de viviendas populares. El punto de partida es un salario equivalente a la canasta familiar y el 82% móvil de jubilaciones, la nacionalización de la banca y todos los recursos estratégicos bajo control de los trabajadores, el reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario. Solo una planificación socialista puede superar la anarquía capitalista, la miseria social, el armamentismo y las guerras a las que están conduciendo al mundo.
