El PJ aprobó un presupuesto de ajuste para el 2024. La ley de leyes provincial establece una reducción del 5,4% en comparación con el gasto aprobado para el año en curso. Por supuesto que el oficialismo publicita lo votado como parte de una orientación de supuesta “promoción de derechos para todos los cordobeses”.

Sin embargo, el PJ impuso una suba en el impuesto inmobiliario urbano y automotor, el primero se actualizará en función de la inflación, y tendría en cuenta un índice salarial; en tanto que el segundo erario subirá de acuerdo al valor de mercado de cada vehículo. En cuanto a la vivienda, para el cálculo de la base imponible se tendrán en cuenta coeficientes de la Cámara de la Construcción, se calcula que la suba impositiva será no menor al 150 %.

Otro punto clave es la suba del 2% de los aportes a la caja de jubilaciones al conjunto de trabajadores estatales, una nueva confiscación en materia previsional, toda vez que la jubilación es un salario diferido. Los discursos de ocasión contra el gobierno nacional no pueden soslayar que el gobierno del PJ es un destructor del 82 % móvil, a las leyes que a lo largo de los años terminaron eliminándolo se agrega la precarización laboral y salarios muy por debajo de la inflación.

El gobierno afirma que también hay un aumento en el impuesto que pagan las patronales del campo, pero en este “se mantienen las valuaciones del año 2020”, lo que claramente favorece al capital agrario; en la misma línea de voto la creación de la Agencia Agro Córdoba. Así la carga impositiva recae en mayor medida sobre el pueblo trabajador.

El presupuesto de Martín Llaryora réplica las premisas fijadas por el gobierno nacional, y con esto apunta sobre el salario de estatales y docentes, que es una variable de ajuste fiscal. A la vez tiene un margen para proyectar partidas en diferentes áreas de gobierno a la baja, y que incluso suelen subejecutarse. Aunque en materia salarial el gobierno promete mejoras, hay que decir que estas fueron el resultado de luchas, y que lo presupuestado no establece las bases para una recomposición de conjunto de las condiciones laborales de estatales con básicos por debajo de la canasta familiar, y en gran medida en situación de precarización laboral.

Así las cosas, Llaryora asumirá en Córdoba con el mayor recorte en educación de los últimos años, y vuelve a incumplir con lo establecido en la ley provincial de educación. También hay una reducción en los fondos destinados a las áreas de Vivienda y Urbanismo, en momentos en que los costos de los alquileres suben, el gobierno desfinancia la inversión para cumplir con el derecho a la casa propia, capaz de generar una cuota de puestos de trabajo para palear el flagelo de la precarización y desocupación. Además, hay un ajuste en el área de Promoción y Asistencia Social.

Córdoba atraviesa una de las peores crisis hídricas, sin embargo, el gobierno pretende imponer un ajuste en el presupuesto de Ambiente. El recorte apunta principalmente a los fondos destinados a defender el bosque nativo. Lo que también muestra la impostura gubernamental es el ajuste en áreas de género. En este punto el recorte de fondos es de casi un 20% comparándolo con el presupuesto del año en curso. Brutal.

Gastos reservados y menos control

Fuentes oficiales afirman de que se trata de un presupuesto “austero”, acorde a “los tiempos en curso”. Sin embargo, crecen los gastos reservados por más del 500%. Mientras esto sucedía, se votó una modificación en la estructura del Tribunal de Cuentas.

La gestión de Llaryora dispondrá de un “Fondo de Seguridad Ciudadana y de Mejoramiento de los Servicios Públicos y Sociales”, que se crea con alrededor del 4% del impuesto inmobiliario urbano. Se planifica una “inversión” para el aparato policial, sin reparar en que cada vez las fuerzas de (in)seguridad tienen más presupuesto, sin embargo, las usinas delictivas crecen amparadas por engranajes del Estado.

La deuda, una hipoteca contra el pueblo

El gobierno de Llaryora sabe que el escenario de la deuda en dólares de la provincia es inquietante, sabe que la devaluación del peso que se avecina hará crecer todavía más el peso de un empréstito de la administración provincial y municipal que requieren una reestructuración.

Diferentes fuentes de información afirman que una “renegociación con los bonistas” se desarrollará en los primeros meses de asunción. Esta hipoteca contra las finanzas públicas recae sobre los ingresos populares.

Unidad de lxs trabajadores contra el ajuste

El presupuesto 2024 es un marco de referencia para la estimación del ajuste que se viene, y marca una preparación política de quienes gobiernan para gobernar en defensa de los capitales que dominan la provincia, descargando la crisis sobre el pueblo trabajador. En este cuadro, Llaryora necesita valerse de los recursos materiales y políticos, por eso integró a su gobierno a mas sectores del PRO. Cabe recordar que para antes de las elecciones provinciales y municipales incorporó a una primera tanda de políticos de la UCR y del partido de Mauricio Macri. En la gestión del PJ provincial también hay lugar para elementos provenientes del extinto “Frente de Todos”.

Llaryora preparó un presupuesto con impuestazos y recortes, construyamos una respuesta de paro y movilización para enfrentarlo. En este punto, es necesario deliberar para construir un plan de acción común de la clase obrera por la derrota de los planes de ajuste.

https://prensaobrera.com/politicas/milei-basura-vos-sos-la-dictadura-trono-fuerte-en-el-teatro-colon

https://prensaobrera.com/internacionales/genocidio-israel-bombardea-una-escuela-en-la-franja-de-gaza-y-deja-50-muertos