Presupuesto de Córdoba 2027: rebajas impositivas para patronales y ajuste salarial

El gobierno cordobés de Martín Llaryora anticipó nuevas rebajas impositivas para las patronales en el presupuesto provincial 2027. El anuncio se produce en momentos en que hay en curso una caída en la recaudación de Ingresos Brutos y Sellos del 7% entre enero y septiembre. Se trata de una de las consecuencias del programa económico de Milei, que el PJ provincial apoyó, aunque ahora ensaye un discurso pro reactivación al decir que "cada peso que no se paga en impuestos vuelve a la economía real".

El otro dato que pinta el cuadro de crisis en la provincia es que cerrará el 2026 con déficit financiero, revirtiendo años de “superávit”, siempre según las propias declaraciones oficiales.  Y todo esto a pesar de que mantienen la política de salarios docentes y de trabajadores públicos por debajo de la línea de pobreza, ni hablar de la motosierra que el gobernador pasa por las jubilaciones.

“La deuda de la provincia subió 93,4% y llegó a $4,49 billones” tituló Comercio y Justicia, dando cuenta que creció fuertemente el endeudamiento si se hace una comparación interanual. Deuda para pagar deuda, cualquier similitud con el gobierno de Milei no es coincidencia.

En este cuadro, el ministro de Economía de Córdoba, Guillermo Acosta, volvió a mostrar la hoja de ruta del gobierno de Martín Llaryora: defensa de la renta empresarial, en el proyecto de Presupuesto 2027, que incluirá un nuevo paquete de rebajas impositivas dirigidas fundamentalmente a las patronales, mientras la factura de la deuda la descargan sobre los trabajadores.

Así las cosas, los propios números oficiales demuestran el estrepitoso fracaso y el carácter de clase de esta orientación política de quienes gobiernan. Una resignación de recursos en favor de las patronales a través de exenciones, incentivos tributarios y regímenes de promoción especiales, mientras la clase obrera se hunde en la miseria.

Ajuste y vaciamiento previsional

Para encubrir el quebranto que provocan las exenciones al capital privado, el Ejecutivo descarga la cuenta sobre las espaldas del pueblo trabajador. En lugar de financiar la infraestructura social con impuestos a las grandes fortunas, a los agroexportadores y a los sectores concentrados, el gobierno apela al endeudamiento externo en divisas y al vaciamiento del sistema previsional.

Acosta reconoció el peso del déficit en la Caja de Jubilaciones, agravado por la falta de transferencias de la Anses nacional y los manejos de quienes gobiernan. No obstante, la "solución" del PJ cordobés ha sido recortar haberes, prolongar el diferimiento previsional y sostener el saqueo a los jubilados provinciales, mientras mantiene la vigencia de la emergencia previsional (Ley 11.087) que metió la mano en el bolsillo de los aportantes mediante alícuotas extraordinarias.

Salarios de miseria y la hipocresía del "Estado presente"

El contraste con la realidad de los trabajadores estatales y docentes no puede ser más violento. Mientras Llaryora y Acosta despliegan un "Estado presente" para eximir de impuestos a las grandes empresas, la respuesta para la docencia y los empleados públicos ante los reclamos paritarios es el techo salarial, las ofertas de miseria y la pérdida sistemática del poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.

Además, la producción industrial y el empleo caen -con el Gran Córdoba registrando un desempleo del 10,5% en el segundo trimestre de 2026- y las rebajas fiscales patronales no han evitado las suspensiones ni los despidos masivos en sectores como el metalúrgico o la maquinaria agrícola.

Mientras tanto, el gobierno que se jacta de un superávit quiere justificar, con el concurso de la burocracia sindical, su rechazo a reabrir paritarias. De manera que la pretendida "eficiencia fiscal" se sostiene gracias a la congelación de haberes, la precarización laboral en dependencias provinciales y el ajuste en salud y educación públicas.

El discurso demagógico de "diferenciación" que Llaryora pretende ensayar frente a Javier Milei de cara al año electoral es un burdo montaje: en los hechos, la gestión provincial aplica el mismo programa de ajuste fiscal, precarización laboral y desmantelamiento de conquistas obreras que promueve la Casa Rosada. Acuerdan en lo sustancial: que la crisis la paguen la clase trabajadora y los jubilados.

La realidad es que el anuncio de rebajas impositivas para las patronales no solamente busca defender el bolsillo de los capitalistas que dominan la provincia, como parte de la campaña electoral del gobernador, también prefigura la continuidad del ataque permanente a salarios y jubilaciones que pretenden ser “justificados” por la caída de la recaudación.

El PJ provincial se quiere diferenciar electoralmente del plan económico del gobierno nacional, pero repite la misma receta de excepciones impositivas que no redundan en un repunte económico. “El campo” no derrama: hay récord de exportación de granos pero crece la pobreza y la desocupación en Córdoba, en el caso del comercio y la industria padecen un severo cuadro crítico del que no hay salida sin una recuperación de salarios y jubilaciones.

Frente al proyecto de Presupuesto 2027 que prepara el oficialismo para continuar atacando los intereses populares, es necesario impulsar una intervención independiente en la ruta del paro provincial por la reapertura de las paritarias, la derogación de las leyes antijubilatorias, la sanción de un impuesto progresivo a las grandes rentas patrimoniales, agropecuarias e industriales de la provincia; un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores para generar empleo genuino y atender las necesidades populares. Esto como parte de una alternativa política de poder de la clase obrera.

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