El Presupuesto 2023 comenzó oficialmente su tratamiento este miércoles con la visita a Diputados de Sergio Massa, el ministro extorsionador, como lo llamó Romina Del Plá en presencia, luego de que Alejandro Crespo hiciera lo propio unas horas antes. Que la ley de leyes, como se conoce al Presupuesto, sea un dibujo elaborado con el aval del FMI no implica novedad alguna, pero sí muestra agudas contradicciones.

En primer término, el lugar político: un gobierno débil, que aplica un ajuste contra las masas, busca reflotar con el Presupuesto un diálogo político que fracasó con la misa de Luján y otros intentos. Buscan fuerza en el apoyo de la derecha, como lo hicieron para aprobar el endeudamiento con el Fondo.

La razón por la que la oposición -que dejó sin Presupuesto 2022 al peronismo- pueda votar total o parcialmente el de 2023 se debe, precisamente, a que su letra está dictada por el FMI. Es un texto al servicio de los intereses de la deuda y los subsidios al capital.

Es que el plan económico acordado entre el Fondo Monetario y el FdT es el programa que reclamaba un sector importante de la burguesía: un ajuste directo contra las masas, un aumento del endeudamiento tanto en dólares como en pesos, la suba de la tasa de interés para contener la corrida, un achicamiento del gasto público en general, y sobre los jubilados y los trabajadores en particular.

Concretamente, las proyecciones macroeconómicas del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo carecen del más mínimo rigor. Contempla una inflación del 60% para todo el año, contrastando significativamente con el Relevamiento de expectativas que elabora el BCRA, que la ubica en un 84%. Lo más curioso en esta materia es que para 2022 el Ejecutivo sí tiene en cuenta el dato que publica el Banco Central, considerando que en 2022 los precios terminarán aumentando un 95%.

Proyectar una inflación debajo de la que ocurrirá no es algo original. Al contrario, se repite aquí un mecanismo que han usado todos (Dujovne, Prat Gay, Kicillof, Boudou, etc.) para que, si la recaudación termina siendo mayor a la estimada, quede en manos del Poder Ejecutivo destinar discrecionalmente las partidas, por un lado. Por otro, gastar con el Presupuesto y recaudar con los precios verdaderos, concretando así un fabuloso ajuste.

Prueba de esto es que mientras se proyecta una inflación del 60% y se ciñe el gasto a ella, se prevé un aumento de los ingresos tributarios en un 78%. Un dibujo antipopular para cumplir con la meta del 1,9% impuesta por el FMI, que ni así cierra.

Por eso, el Presupuesto inventa un financiamiento de 30 billones de pesos, de los cuales 12,9 aparecen bajo la figura de un “bono genérico” que no se sabe en qué moneda ni a qué tasa ni a qué plazo, ni a quién se lo van a colocar, pero sin el cual no cierra el Presupuesto.

Esto último es muy interesante, porque el Presupuesto es muy celoso en el cumplimiento del déficit primario, el que no incluye los pagos de intereses de la deuda, pero es extremadamente dadivoso cuando se trata del déficit financiero, el que sí los incluye. Está planteado un crecimiento del 99,8% en el gasto de servicios de la deuda pública y eso sin contar la deuda cuasifiscal que rompe todos los récords. Es decir que todo el capítulo acerca del financiamiento del Tesoro hace agua por todos lados, dependiendo de colocaciones futuras sin ninguna precisión.

El Presupuesto no tiene en cuenta un escenario internacional especialmente complejo para los países emergentes, cuando la suba de la tasa de interés en Estados Unidos puede hundir aún más sus deudas y especialmente la argentina. El país enfrenta esa suba de la tasa con un alto nivel de endeudamiento y con un riesgo país que pica en punta en la región, como expresan los bonos que se intercambian a precios de default.

En términos de gastos estamos frente a un desfinanciamiento de la salud, las jubilaciones, la educación, la vivienda, el gasto social. El Presupuesto vigente para programas sociales para el año en curso es de 322.602 millones de pesos, un 42,4% superior a lo utilizado en 2021 cuando en el propio proyecto de Presupuesto 2023 proyectan culminar este año con una inflación del 95%, con lo cual acá hay un ajuste que lleva a los compañeros a acampar en la 9 de Julio y ningún “plan platita”, como dijo Clarín.

En materia educativa, la situación es aún peor: se proyecta un crecimiento nominal del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) de apenas el 36%, en un Presupuesto que menciona la recomposición del salario docente y no docente como prioridad. Aumentan las partidas a universidades nacionales el 54% y la de los jardines un 26%. El ajuste más grande de los últimos años que debe poner a toda la comunidad educativa en alerta de manera inmediata. Las partidas para la vivienda aumentan 67%, casi veinte puntos menos que la inflación prevista y abarcan 30 mil viviendas, nada frente a un déficit de varios millones. De conjunto, estamos frente a un Presupuesto fuertemente ajustador.

Finalmente, en materia de recursos cae la recaudación respecto del PBI en ganancias, en bienes personales, al mismo tiempo que se prevé un aumento en el IVA, el impuesto más regresivo de todos.

Es un Presupuesto antiobrero de un gobierno antiobrero, como bien demuestra la posición que han tomado frente a la lucha del Sutna, de los docentes, de los marítimos y los desocupados, que peleamos para evitar que este plan fondomonetarista y esta crisis con grandes ganadores la paguemos nosotros.