No en vano políticos y economistas han definido la votación parlamentaria del presupuesto estatal como “la ley de leyes”. Esto, porque marca la orientación de política económica general de un gobierno.

Volver al pasado

Aunque se trate de presentar el proyecto enviado por el gobierno como un trámite formal -se trataría de ratificar el presupuesto en vigencia, de un ejercicio que ya ha entrado en el segundo semestre- no escapa a la definición general. En primer lugar, porque no hay presupuesto para el 2020 votado por el Congreso. El proyecto que presentó Macri, antes de retirarse del poder, era un superdibujo alejado de cualquier realidad y ni siquiera llegó a discutirse en el parlamento. Lo que hizo Alberto Fernández fue prorrogar el presupuesto del 2019. Pero este fue votado… en el ¡2018! El actual oficialismo de los Fernández, en el paso, había denunciado el presupuesto del 2018 por su “alto contenido” de especulación financiera. Pero ahora, lo aplicará.

No habrá nuevo presupuesto hasta que no se cierre la “negociación” por el pago de la deuda pública con los Fondos “buitre”de Inversión.

No se trata de algo formal. La “ley de leyes” que se pretende votar es una hoja de ruta que piensa seguir el gobierno. Y esa “hoja de ruta” cuenta con el apoyo de la “oposición” macrista. Su orientación es clara: ¡que la crisis la paguen los trabajadores!

Menos impuestos al capital, más carga al consumo de los trabajadores

Un punto central del proyecto Fernández-Kirchner es el nuevo impuesto al consumo de leche. Se aplicaría un 10,5% de IVA a la venta de leche. El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, tuvo la caradurez de negar que esa medida “tenga un efecto de incremento del precio”.

Por el contrario, planteó que era probable que bajase el precio porque se iba a disminuir el impuesto IVA del 21 al 10,5% sobre las leches fortificadas. Estas últimas no son utilizadas por el pueblo pobre, sino por sectores más acomodados. En lugar de quitar el 100% del IVA a las fortificadas –para que la puedan usar los que más la necesitan: la niñez que está sumergida en la pobreza- se aumenta de 0 al 10,5% las comunes.

https://prensaobrera.com/politicas/el-gobierno-quiere-un-impuesto-al-consumo-de-leche/

Adujo que el IVA no iba a ser aprovechado por las patronales lácteas porque estas están llenas de crédito fiscal para descargar: otra ley “a medida”, con el reconocimiento de que es política de Estado y de la clase capitalista quedarse con los impuestos al consumo que reciben como “agentes de retención” y que debieran depositar de inmediato en cuentas fiscales. (La ley de moratoria que se aprobó previamente en la Comisión de Presupuesto no es un accidente: es una práctica permanente de la clase capitalista.)

El IVA sobre la leche es un indicador del rumbo que va adoptar el gobierno frente a la crisis económica  y el supercrecimiento del déficit fiscal: no cobrarle impuestos a los capitalistas, sino al pueblo trabajador.

Los únicos privilegiados: los bonistas de la deuda pública

No son los únicos -toda la clase capitalista en diferente medida recibe subsidios de todo tipo- pero son especialmente privilegiados. El proyecto de ampliación presupuestaria autoriza a emitir nueva deuda por 1.500 millones de dólares, que tendría como finalidad “cambiar la composición de deuda corta en pesos por deuda larga en dólares”. Un reaseguro impresionante para el capital financiero internacional. No es casual que se coloque esta nueva autorización de emisión de deuda en dólares -siguiendo el camino macrista, al cual en la verborragia critica, pero está imitando- en momentos en que se está consumando la “negociación” con los Fondos de Inversión de los términos del pago de la deuda externa. Se transforma la deuda interna (en pesos), a deuda externa (en dólares) para salvaguardar en gran medida a los mismos Fondos que tienen inversiones usurarias, también, en moneda nacional. El proyecto no dice en qué términos se hará esta transformación: reconocimiento del capital, plazos de pago, tasas de interés, etc. Lo que deja, de nuevo, un cheque en blanco para que el gobierno en forma arbitraria tome las decisiones. El Congreso renuncia a su prerrogativa formal de ser el que apruebe todo lo concerniente a tomar, canjear, etc. deuda pública.

En otro apartado dispone una transferencia a favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) por $ 11.088 millones, para el pago de deudas correspondientes a medicamentos oncológicos y tratamientos especiales. No es para aumentar las prestaciones del Pami sino para pagar deudas a los sanatorios y laboratorios privados. Lo que se instrumentaría mediante la entrega de Bocon serie 8. Estos bonos son una “ganga” para los mercaderes de la salud. Emitidos en el 2010, vencen el 4/10/2022. El capital se paga en 14 cuotas trimestrales y la cuota 1 de capital se pagaba recién en julio de 2019, de manera que el bono tiene casi todo por cobrar aún. Hoy, este Bono, cotiza sobre la par, es decir, cuesta más que el Valor Técnico. Comprar el bono hoy sale 118 pesos y hasta su vencimiento en el 2022 “promete” pagar a quien lo tenga $218 entre capital e intereses. Lo que implica un rendimiento poco menos del 90% nominal en pesos.

¿Beneficia a las “familias” o al capital?

El proyecto de ampliación presupuestaria es anunciado como una necesidad -y de contenido progresista- para garantizar el pago de los subsidios a las familias: IFE, etc. Otra manipulación: hasta ahora el gobierno ha tomado todas estas medidas por decreto, sustentándose en que resolvió la prórroga del presupuesto 2019 (votado en el 2018).

No es cierto que el centro del presupuesto esté colocado en el apoyo a “las familias” para enfrentar la crisis sanitaria y económico-social. Piden, por ejemplo, una ampliación de 90.000 millones de pesos para el IFE, pero el subsidio directo a las patronales -a través del ATP- para pagar salarios se amplía en 80.000 millones de pesos. Si le sumamos la exención y/o disminución de los aportes empresarios al sistema previsional, esta suma a favor de la clase patronal supera la que “invierte” el Estado en la IFE.

Se mantienen y amplían los subsidios a las empresas energéticas y del transporte. La “oposición” macrista pidió en el debate de la Comisión de Presupuesto que se amplíe aún más estos subsidios: reclamó sumar 13 mil millones de pesos para las patronales del transporte automotor del interior, que no vacilan en decretar lock outs y provocaciones contra los choferes para lograr más subsidios.

El “refuerzo” para Ciencia y Técnica –denunció la diputada del PO-FIT, Romina Del Plá- ¿implica la quita de becas y el despido de 1.600 científicos y becarios, que se están ejecutando?

Desde ya que el proyecto de ampliación no habla de aumento a los salarios de los trabajadores públicos, lo que quedaría librado a la arbitrariedad (si los hubiere) del Estado patrón.

El pago de los servicios de deuda figura con un 8,8% del total del presupuesto. Superior al 4,8% que se destina a salud (en el marco de una crisis sanitaria), al 4,9% para educación, etc.

Que la crisis la paguen los fondos buitre y los capitalistas

Romina Del Plá denunció públicamente –en la Comisión-  la impostura del proyecto de ampliación oficialista. Planteó que se quiere cobrar el IVA a la leche y se les perdona, en la moratoria, el IVA que se roban las patronales. El PO y el FIT levantan un programa alternativo para que la crisis no la pague el pueblo trabajador, sino la clase capitalista. En primer lugar, dijo Romina, si se necesitan más ingresos, en lugar de aumentar los impuestos al consumo, hay que restituir los aportes patronales a la previsión social que desde Menem-Cavallo se vienen disminuyendo y que este gobierno ha acentuado con todo tipo de exenciones. Las jubilaciones son bajas, pero se rebaja el aporte patronal a la Anses. También hay una negativa cerrada a colocar un impuesto a las grandes fortunas que presentó la bancada del FIT hace tres meses. Los anuncios del oficialismo de que iba a presentar un proyecto en tal sentido hicieron… mutis por el foro. De eso no se habla. Quizás más adelante saquen algún tipo inocuo de bajo valor (y, como siempre, deducible del pago de otros impuestos). El Fernández-kirchnerismo es un fraude en toda la línea. La ampliación del presupuesto es un proyecto de “unión nacional” entre oficialismo y oposición macrista, aunque esta última vote algún punto en contra: para la tribuna.

El PO y la bancada del FIT rechazarán este proyecto, denunciando su carácter antiobrero y a favor del capital financiero y su objetivo central: que la crisis la paguen las masas trabajadoras.

Proponemos: el no pago de la deuda, la reinstauración de los aporte patronales a la previsión social y el 82% para todos los jubilados, la anulación de los impuestos al consumo, por un impuestos progresivos al gran capital, la nacionalización del sistema de salud, la nacionalización de la banca, el comercio exterior y las empresas estratégicas (de servicios, petróleo, minería, etc.), el control obrero y la apertura de los libros empresarios. Esta es parte fundamental de nuestra “ley de leyes”.

https://prensaobrera.com/politicas/la-nueva-normalidad-de-las-patronales-y-la-de-los-trabajadores/

 

https://prensaobrera.com/politicas/4-500-firmas-en-apoyo-al-proyecto-de-impuesto-a-grandes-rentas-y-fortunas-del-fit/