El jueves 2 de abril se conoció el primer caso de muerte producto del contagio de coronavirus en el partido de La Matanza. Fue la víctima 35 a causa del virus en el país.

Se trata de un hombre de 41 años que sufría hipertensión. Vivía junto con su familia en el Complejo 17 de los monoblocks de La Tablada. No tenía antecedentes de viaje al exterior y, en principio, no habría estado en contacto con una persona cercana infectada que hubiera viajado a zonas de riesgo. Todo indica que el contagio se produjo en su lugar de trabajo: era empleado de la empresa de transporte y distribución Cruz del Sur, una tercerizadora que no se dedica a ninguna tarea esencial. Sin embargo, por fuera de toda normativa y desestimando la necesidad del cumplimiento del asilamiento obligatorio, la empresa continuaba sus operaciones para garantizar el funcionamiento de la corporación Mercado Central.

Transportes Cruz del Sur, que nunca consideró que el trabajador pertenecía al grupo de riesgo, difundió un comunicado donde sostiene que “este operario fue licenciado inmediatamente de tomarse conocimiento de los síntomas, hace más de doce días y cuando no se conocía el diagnóstico que fue comunicado varios días después”. Pero el anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia para que se licencie a todos los trabajadores con enfermedades crónicas del Ministerio de Trabajo fue el 16 de marzo, cuatro días antes de los doce en los que la empresa dice haber tomado conocimiento de los síntomas.

La probabilidad de que haya otros trabajadores contagiados es muy alta. Sin embargo, la empresa nunca se dispuso aplicar ningún protocolo para cuidar la salud de sus empleados y sus familias y hasta la fecha continúa obligando a trabajar al resto de los operarios. Alertas a la situación, los trabajadores más de una semana antes del fallecimiento de su compañero reclaman a la patronal elementos de seguridad e higiene. Aún no recibieron ninguna respuesta. Tampoco apoyo de los delegados, que responden a la burocracia moyanista.

La misma responsabilidad del caso atañe al directorio del Mercado Central. Las pocas medidas tomadas y la falta de organización para el cuidado de la salud, como por ejemplo el suministro de barbijos y alcohol en gel, en un lugar en el que transitan 50.000 personas por día que hacen que el Mercado Central sea un potencial centro de propagación de virus, exponen a trabajadores y clientes a enormes riesgos. A su vez, el hecho de que la mayoría de los empleados del Mercado Central son contratados o tercerizados, librados a las condiciones informalidad laboral, los deja aún más expuestos.

La muerte de este trabajador pone en evidencia la ausencia de disposiciones elementales de protección de los grupos de riesgo en el Mercado Central y sus empresas dependientes. Llamamos a todos los trabajadores del Mercado Central, de comercio y de transporte, a deliberar y tomar las medidas necesarias para que se garantice el cumplimiento riguroso del aislamiento obligatorio y las medidas sanitarias y de higiene necesarias para aquellas tareas imprescindibles, a partir de la conformación de comités de salubridad e higiene bajo control de los trabajadores.