Políticas

3/4/1997|533

Privatización ferroviaria, una estafa nacional

A cuatro años del remate de las empresas públicas, de los despidos en masa y de la privatización del ferrocarril, los diputados nacionales “quieren seguir con lupa los pagos y destinos donde se aplican los subsidios de las concesiones ferroviarias metropolitanas” (Clarín, 23/3). Esos subsidios, para 1997, serían nada más y nada menos que de 338 millones de dólares, casi un millón de dólares por día.


Sin embargo, los diputados nacionales no denuncian esta situación, sólo plantean “seguir los destinos” o sea que las empresas sigan percibiendo esos subsidios, que se suman a los 220 millones ya percibidos en 1996.


Este seguimiento se realizaría mediante la creación de una “Comisión especial de control y seguimiento de las concesiones ferroviarias”, a pesar que los mismos diputados han ‘descubierto’ que el Estado gasta en los trenes privados más recursos que antes, cuando los manejaba Ferrocarriles Argentinos. Esto ha sido acompañado por una verdadera catástrofe social: trabajan 10.000 personas de las 90.000 que trabajaban antes de la privatización, con la consiguiente destrucción de la red ferroviaria que llegaba a todos los rincones del país, tanto para carga como para trenes de pasajeros.


Con este desfalco, siempre los mismos diputados informan (pero no denuncian) que existe una descapitalización de la infraestructura ferroviaria por los “incumplimientos de las obras que no se llevaron a cabo”, es decir, que se embolsaron la guita de ‘doña Rosa’; y, sin embargo, esto puede ser más grave que lo del aeropuerto de Anillaco.


Con la privatización de los ferrocarriles no sólo hay un fracaso ideológico de los que proclamaron que con la ‘iniciativa privada’ el país ‘despegaba’, que los ferrocarriles se ‘modernizaban’, sino que hay además, una verdadera estafa, ya que los concesionarios se metieron en el bolsillo millones de dólares proporcionados por el Estado, y que, con estos diputados, van a seguir recibiendo.


Compañeros: el ferrocarril es más que necesario. Hay que exigir la reincorporación de los miles de trabajadores despedidos por la privatización. Para esto, en primer lugar, hay que desalojar a los delincuentes y sus cómplices parlamentarios y burócratas sindicales de la dirección del ferrocarril, poniéndolo bajo control de los trabajadores y que se apliquen esos subsidios a un plan de desarrollo ferroviario discutido democráticamente, que sirva para paliar la desocupación y promover el desarrollo nacional.

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