El juez federal de Quilmes, Luis Armella, resolvió el procesamiento de Omar Merino, Jorge Hospital, Eduardo Belliboni y Miguel Morales por “intimidación al Ministerio de Trabajo y a la Ugofe”.

El juez desarrolla la línea de la ‘seguridad democrática’ establecida por los intelectuales ‘progres’ del oficialismo, la que consiste en aplicar el Código Penal a quienes actúan en el marco de una acción obrera de carácter colectivo, para reclamar el cumplimiento de un compromiso oficial para con los tercerizados, pero sin la venia de la burocracia sindical. Las acciones similares bajo el patrocinio de la burocracia quedan afuera de la ‘seguridad democrática’. El juez no ha tenido siquiera en cuenta el reiterado incumplimiento de esa resolución de integración al convenio de los tercerizados por parte de Tomada, que fue lo que motivó el corte de vías del 23 de diciembre, en primer lugar. Incluso después del procesamiento, esos reclamos siguen absolutamente pendientes.

Este procesamiento se dicta cuando no se realiza la menor investigación sobre los desmanes ocurridos en Constitución, los que fueron promovidos por la burocracia de Pedraza para atacar el corte de vías de los tercerizados. Se ha llegado al extremo de que Ugofe, cómplice de la patota que asesinó a Mariano Ferreyra, en lugar de ocupar el banquillo de los acusados aparece ahora como damnificada. Este ha sido el propósito del gobierno desde el 20 de octubre pasado: trasladar la responsabilidad por el crimen de Mariano Ferreyra a los amigos políticos de Mariano. El gobierno cierra su propio círculo para poder reafirmar su alianza económica y política con la burocracia sindical.

¿Se animarán los escribas K a decir que este procesamiento es ‘funcional’ a la supervivencia de los Pedraza?

No permitamos este atropello. Que paguen por el crimen de Mariano Ferreyra.