Desde 2013, beneficiarios del Plan Procrear en Salta recorren un duro periplo en la búsqueda de lotes aptos para la ejecución de sus créditos. Debido a la escasez artificial de tierra urbanizada, el gobierno de Salta debió intervenir forzadamente contra un negocio que él mismo prohijó: en medio de una crisis política que incluyó la derrota del PJ en capital a manos del PO, Urtubey se vio obligado a avanzar en una de nuestras leyes más conocidas: expropió un predio céntrico de 100 hectáreas -conocido como Pereyra Rozas- para destinarlo a viviendas Fonavi y a loteos Procrear.

El gobierno tenía planificada la construcción de edificios de altura en la zona -negocio que involucraba también a la familia Romero- pero tuvo que realizar este viraje de emergencia. Acordaron con los beneficiarios Procrear la constitución de un fondo para infraestructura; cada vecino desembolsó alrededor de 100 mil pesos, los funcionarios se comprometieron públicamente a tener el loteo listo en marzo de este año y sin embargo las obras no están concluidas. Muchas familias están quedando afuera de la posibilidad de obtener un crédito y el gobierno ahora se dispone a revender sus lotes con fines inciertos.

La vivienda es una lotería (y un negocio de Estado)

Los beneficiarios vienen sufriendo la desvalorización acelerada de sus créditos, sumada a la pérdida de su poder adquisitivo. El Banco Hipotecario revoca decenas de viejos beneficiarios cuya situación económica empeoró en los últimos años. También ha negado el financiamiento a miles de terrenos en Salta por no tener escritura ni servicios: es que existe un negocio enorme, de loteadores ligados al Estado, que estafan compradores, revenden lotes y no concretan obras. La especulación se incrementó durante el Procrear y fue contra ese fenómeno que supuestamente se loteó el Pereyra Rozas. Urtubey ahora demuestra él es parte de este negociado.

Durante la crisis el problema de la vivienda se agravó: La ejecución de obras públicas está estancada en un cuarenta por ciento de lo presupuestado, en un año en que la provincia triplicó su deuda. El parate en la construcción privada se hace sentir, a pesar de los impulsos dados por Urtubey y el intendente capitalino Gustavo Sáenz (Massa) al negocio. Ambos han votado entregarle varias hectáreas del instituto de viviendas a negocios privados, han flexibilizado aún más los controles a los edificios de altura y hasta habilitaron su construcción alrededor de la maternidad pública, una zona con servicios y tránsito totalmente colapsados. Un verdadero escándalo.

Que se trate la ley de resarcimiento del PO

Nuestro bloque ha presentado una ley de resarcimiento para que el Estado pague el equivalente a la desvalorización sufrida por los créditos desde marzo de este año. Al mismo tiempo, apoyamos la lucha por una actualización crediticia en los términos del plan original.

En un principio el oficialismo se negó a tratar nuestra ley, mientras tildaba de “especuladores” y “privilegiados” a los vecinos. Pero en las últimas semanas se vio obligado a maniobrar por la presión de la lucha: echaron al funcionario responsable del tema (la cara visible de los agravios) e intentan establecer un “diálogo” para sacar la lucha de la calle: todas las semanas un nuevo funcionario-diputado oficialista recibe a los damnificados con el solo fin de descomprimir, atacar la ley y al PO.  

En este marco las familias en cuestión van fortaleciendo sus consignas y organización, desplazando a los punteros del gobierno que conspiran incluso dentro del movimiento. Hay que redoblar los esfuerzos y la lucha por un resarcimiento y por la constitución de un gran movimiento de la vivienda en Salta, independiente del gobierno de los especuladores.