En medio de un temporal, más de cien “beneficiarios” -de un total de 442- del Plan Procrear se movilizaron al Banco Hipotecario de Tigre, en el marco de una movilización provincial.

 

El gobierno nacional adjudicó las 442 viviendas a mediados de 2014 con la promesa de entregarlas, terminadas, en 18 meses. Los vecinos adjudicados y sus suplentes fueron divididos en cinco categorías según su nivel de ingreso; además, si el grupo familiar tiene un ingreso mayor o igual a 35.000 pesos, queda automáticamente fuera del plan. El gobierno no ha entregado las viviendas ya adjudicadas con un retraso de un año- a pesar que muchas están terminadas. Por otra parte, se ha lanzado una campaña de “recategorización” de los vecinos, lo que implica pagar una cuota mucho más alta (por ejemplo: la categoría 2 paga 3.500 pesos y la categoría 3, 7.800 pesos). Además, la auditoría que se quiere implementar llevará a que muchas familias sean despedidas del Plan porque, inflación mediante, están actualmente pasando el límite de 35.000 pesos de ingreso del grupo familiar.

 

Otro aspecto de este verdadero ajuste es el interés a pagar. Los planes de pago contemplaban una cuota fija, de acuerdo a la categoría, con un ajuste mínimo a partir de una cuota determinada. La nueva modalidad que quiere imponer el Banco Hipotecario es un interés, ajustable mensualmente de acuerdo a la variación inflacionaria. Para culminar, se ha cambiado la pauta de entrega de las viviendas. Se les exige a los vecinos adjudicados un pago “por única vez” de 100.000 pesos.

 

Claramente este “cambio de planes” tiene por objeto que los vecinos adjudicados se hagan cargo del desfalco producido por la patria contratista a los fondos del Procrear. Farallón, una de las empresas constructoras (hoy caída en desgracia), estaba ligada a José “Bolsón” López ex secretario de Obras Públicas, al punto tal que la vivienda particular de López es de propiedad del dueño de Farallón (Eduardo Gutiérrez).

 

Tigre tiene una larga tradición de especulación inmobiliaria. Desde hace treinta años los gobiernos de Ricardo Ubieto y sus continuadores Sergio Massa y, actualmente, Julio Zamora, han hecho de la construcción de barrios cerrados y country una razón de Estado; al punto de haber desatado una verdadera conmoción ecológica en el distrito.

 

El negociado que quiere llevar adelante el Banco Hipotecario se enmarca en esta política más general. Los negocios inmobiliarios capitalistas son incompatibles con la solución del déficit habitacional.

 

La victoria de la lucha de los vecinos plantea la entrega inmediata de las viviendas adjudicadas y ningún cambio en las condiciones de los contratos. La movilización del lunes marca esta senda que los adjudicatarios de las viviendas deberán necesariamente transitar.