El nombramiento del procurador general de la Nación (una suerte de jefe de los fiscales a cargo del Ministerio Público Fiscal) ocupa el centro del escenario político con las disputas entre gobierno y oposición, y al interior de ambas formaciones. Que esto se produzca en el mismo momento en que la pandemia va cobrándose cada vez más vidas, que la pobreza aumenta sin freno y que el deterioro de la vida de los habitantes de este país no encuentra límite, es toda una indicación de la importancia que el tema tiene para sostener los intereses particulares que cada facción representa.

Tan es así que no solo se pronunciaron los representantes de los partidos políticos, también lo hicieron cámaras empresariales, todas ellas de peso, como por ejemplo el Foro de Convergencia Empresarial, que nuclea “a unas 60 cámaras empresarias y 25 organizaciones no gubernamentales, representantes de los distintos credos, fundaciones y colegios profesionales. Entre ellas, IDEA, ABA, ACDE, Amcham, Sociedad Rural Argentina, la Eurocámara, la Asociación Conciencia, los colegios de Abogados y Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Fundación Libertad, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, la Cámara de Empresarios Mineros, y otras” (Infobae, 19/5) que rechazaron las modificaciones que pretende aprobar el oficialismo en la Cámara de Diputados (ya tiene media sanción del Senado).

¿En qué consiste la disputa? El oficialismo quiere modificar el mecanismo de elección del procurador general de manera que solo se necesite una mayoría simple para designarlo. En la actualidad se requiere el voto de los dos tercios de los senadores, una mayoría agravada. A su vez, plantea acortar el mandato a cinco años con una reelección, en la actualidad es vitalicio. El proyecto en general, y sobre todo esto último, es presentado como una “democratización” de la Justicia, lo cual es falso, ya que el procurador sería electo por el partido gobernante con su mayoría circunstancial y lo condicionaría a actuar en función de este para preservar el cargo.

Lo que pretende el gobierno es tener una Justicia que le responda en función de sus intereses de camarilla, sobre todo por las denuncias y los juicios en curso por corrupción. Pero también es la base para garantizar la “seguridad jurídica” al proceso de saqueo que se está desenvolviendo a través del ajuste (¡jubilaciones!). Una Justicia adicta le permite ejercer a fondo su rol de arbitraje.

La oposición de Juntos por el Cambio no responde a razones de principios. Bajo el gobierno de Macri, legisladores del PRO y la UCR propusieron cambios similares en cuanto a la duración del mandato y el método de elección del procurador.

La composición del Ministerio Público Fiscal, a pesar del mecanismo vigente, siempre siguió a la facción gobernante. El macrismo logró la renuncia de Alejandra Gils Carbó, que era la procuradora durante el gobierno de CFK, y quedó a cargo en forma interina un fiscal, Eduardo Casal, que responde al macrismo. El kirchnerismo emprendió la cruzada para desplazar a Casal, cuyo interinato se extendió más de lo que corresponde, pero no acepta a Daniel Rafecas, propuesto por Alberto Fernández, al cual la oposición en el Senado le daría los votos para designarlo. La modificación que se propone es sustancial para controlar la Justicia.

Las patronales a través de sus cámaras se pronuncian en contra porque quieren reservar a la Justicia para arbitrar en función de los intereses más generales y como factor de presión sobre el gobierno. Este el significado sobre todo del pronunciamiento de la cámara argentino-norteamericana de comercio, y de las propias declaraciones de los medios yanquis respecto a la Justicia argentina y la corrupción.

Como se ve, es una cuestión de Estado, para preservar un régimen de saqueo y empobrecimiento.

El proyecto en principio aparece empantanado a pesar de haber obtenido dictamen de comisión. El oficialismo no juntaría el quórum requerido para su tratamiento en el recinto, ya que no tendría los votos necesarios, incluso los de todo el PJ (el bloque cordobés, por ejemplo, no daría quórum y votaría en contra). El quórum es clave porque, de obtenerse, el proyecto saldría aprobado.

De ser así, la designación de un procurador que reemplace a Casal entra en un nuevo callejón sin salida. CFK no está dispuesta a que se trate el pliego de Rafecas (quien a su vez rechazó ser electo con las modificaciones propuestas) consciente de que no estaría bajo su control en un cuadro donde su situación judicial está sumamente complicada.

El FIT-U no da quórum

Los diputados del Frente de Izquierda no darán quórum ante la certeza de que estamos frente a una disputa opuesta a los intereses populares. Rechazamos el proyecto oficial pero por razones muy distintas a las de la oposición, que pretende utilizar la Justicia para sus propios intereses faccionales. La lucha por el procurador es una lucha entre camarillas ajustadoras y entregadoras. Son las que vienen gobernando este país desde hace décadas.

Para el Frente de Izquierda, la única forma en que el pueblo pueda tener injerencia en la nominación de los jueces, fiscales, etc., es por el voto directo y la revocatoria por el mismo método, lo cual será parte de una reorganización social y política de un gobierno de los trabajadores.