Dos meses después de su sanción, el gobierno promulgó la ley que establece lo que denomina como “aporte solidario (por única vez) de las grandes fortunas” que, en abril del año pasado, el oficialismo presentó como un “impuesto” que aportaría fondos destinados a comprar equipamientos de salud para atender la pandemia de coronavirus.

La morosidad ha sido tal que ya ni el gobierno hace campaña con el destino de los fondos a recaudar, cuando la pandemia ya lleva más de 10 meses en el país, con casi dos millones de infectados y más de 47.000 personas fallecidas, sin que “los que más tienen” hayan aportado ni un peso.

Además, el supuesto propósito sanitario no se sostiene ni en las formas, ya que la ley establece que solo el 20% del total a recaudar sería destinado a “adquirir equipamientos para atender la pandemia”. Esto, en el marco de una reducción del presupuesto destinado a la salud, en todo caso reemplazará las partidas ya asignadas y estas serán redirigidas.

Incluso si se cumple con la distribución establecida por la ley, de lo que se pueda recaudar el 25% va a estar destinado a darle subsidios a las petroleras por la producción de gas y otro 20% a Pymes, es decir que casi la mitad de la plata vuelve a manos empresarias. De los que “más tienen” a los que “más tienen”.

El lento caminar del “aporte” seguirá luego de la promulgación porque el decreto no establece “por ejemplo, la fecha y sistema de pago, la forma de llevar adelante las presentaciones, y si existirá algún anticipo a cuenta del impuesto; entre otros”, según destaca un especialista de la consultora KPMG, quien estima que quedarán para una futura reglamentación por parte de la AFIP (Clarín, 29/1).

La reglamentación, tal como ha sucedido en cada uno de los pasos que dio este proyecto a lo largo de diez meses, incluye nuevos beneficios a los potenciales aportantes. Reduce el porcentaje del gravamen sobre los bienes del exterior si el titular trae al país el equivalente al 30% del total y lo mantiene (sin obligación de cambiarlos a pesos) desde abril o mayo hasta diciembre de este año, es decir por el solo hecho de tenerlos en una cuenta durante siete u ocho meses, un verdadero guiño a los dueños de “las grandes fortunas”.

Esto lo saluda como una muy buena noticia una especialista de otra consultora empresaria en el diario La Nación (29/1), que también califica como muy “interesante” que “esta reglamentación permita destinarlos al capital social de sociedades argentinas” del propio aportante, un camino para difuminar el destino del dinero.

La misma especialista adelanta que si en los meses últimos los potenciales aportantes vendieron o “donaron” bienes para pagar menos o no pagar el “aporte”, no puede “ser considerado una maniobra evasiva porque es difícil probar que no se había tomado la decisión antes y por otros motivos”, explica, y añade que “es una pelea que no va a ser nada fácil” para el Estado. Es decir que va a ser difícil cobrarle a los “aportantes”, que son maestros en el arte de la evasión.

Estas prórrogas en la implementación del “aporte”, que no solo no es un impuesto sino que afecta exclusivamente a los patrimonios de las personas físicas y no de las empresas, seguramente ha permitido a más de uno prepararse para que la carga sea lo más liviana posible. Así, habrá que ver si efectivamente el gobierno logra mantener el objetivo inicial de recaudar siquiera los $300.000 millones (una cifra que debiera actualizarse por el tiempo transcurrido).

Este trato benéfico se suma a otras ventajas impositivas de que gozan los capitalistas, como la reciente moratoria que condona aproximadamente 130.000 millones de pesos. La contracara es el crecimiento de la carga impositiva sobre los trabajadores. El pago de Impuesto a las Ganancias alcanzará este año a millones de trabajadores, incluso a muchos que cobren por debajo del costo de la canasta básica.

Una orientación opuesta es la que estaba contenida en el proyecto que presentaran los diputados del Frente de Izquierda – Unidad, y que fue cajoneado por el oficialismo y la oposición. Establecía un impuesto real a las grandes rentas y fortunas de los capitalistas, lo que redundaría en una recaudación permanente equivalente a seis veces la del “aporte”, y la destinaba a encarar las consecuencias sociales de la pandemia y de la crisis, con centro en la defensa de las condiciones de vida de las masas trabajadoras.