La Asociación de Abogados Laboralistas se ha pronunciado críticamente en contra del Proyecto de Reforma laboral enviado por el PEN al Congreso Nacional, porque mediante una nueva disminución de los derechos de los trabajadores, de dudosa constitucionalidad, se acentúa la distribución regresiva del ingreso de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

 

Cuestionamos que, con el repetido e inexacto pretexto de disminuir el desempleo y el trabajo informal, se amplíe el período de prueba, que rige desde 1995. De aprobarse esta ampliación sólo se fomentará la precariedad laboral y las prácticas fraudulentas, en desmedro del trabajo estable.

 

El proyecto también manifiesta un claro objetivo de privar a los trabajadores de los derechos adquiridos establecidos en los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes y fomenta la disponibilidad convencional de los derechos tutelados en la Ley de Contrato de Trabajo, imponiendo una negociación desventajosa para el sector trabajo, agravada por el alto desempleo estructural.

 

Se fomenta la prevalencia del Convenio Colectivo de ámbito menor, que es donde se acentúa la debilidad negocial del sector obrero, sin proponer el fortalecimiento de la democracia sindical, al no preverse la realización de asambleas obligatorias para aprobar los Convenios.

 

Absurdamente, se permite que el CCT de actividad pueda determinar el desenganche de una empresa sobre dicho CCT con la mera excusa de “cuando lo requiera la situación económica de la empresa”, lo que no favorece la transparencia del mercado y promueve acuerdos espurios.

 

Se violenta la autonomía negocial al imponer arbitrajes obligatorios y privados, sin la intervención de la Justicia.

 

Las reformas peyorativas profundizan la legislación desprotectora dictada en la “década menemista”, legislación flexibilizadora que no impidió el aumento del desempleo y acentuó la precariedad, la inseguridad laboral y la reducción de ingresos, por lo que no cabe insistir con esta filosofía que ha quedado deslegitimada por la realidad.

 

No consideramos auspicioso el rumbo iniciado por el nuevo gobierno en materia laboral.