1. “¡Por primera vez en 37 años un presidente constitucional sucederá a otro!” —se jactan ante el pueblo los políticos cuyos partidos participaron de los diversos golpes de estado que tuvieron lugar desde 1955.

“¡Por primera vez en casi cuatro décadas un gobierno electo completará su mandato!” —señalan, con más euforia todavía, los oficialistas y los opositores que capitularon ante los carapintadas y los “mandos leales” en Semana Santa, en Monte Caseros y en Villa Martelli.

“¡En diciembre del 1989 la fase de transición a la democracia habrá concluido!” — repiten, como si estuvieran convencidos de ello, los “intelectuales democráticos” que han puesto su intelecto en la lista de sueldos del presupuesto del Estado, en el aprovechamiento de las prebendas oficiales y en el acaparamiento de las dietas parlamentarias.

Todo este barullo tiene una sola y única finalidad: ocultar al pueblo y a los trabajadores la realidad de que la burguesía nacional y sus partidos han sido incapaces de poner en pie en estos cinco años un régimen político conforme a la voluntad popular o incluso a los principios constitucionales.

El aparato constitucional es, en realidad, una cáscara vacía que se postra a las exigencias de la banca internacional, del FMI y de los capitanes de la industria; o que capitula ante el clero reaccionario y el militarismo genocida. Cuatrocientos carapintadas fueron suficientes para poner de relieve el carácter completamente superfluo del parlamento y la completa falta de independencia del poder judicial; el “todopoderoso” poder ejecutivo se tuvo que “agachar” sin vergüenza ante una “solución” impuesta por “sublevados” y “leales”. La pretendida “subordinación de las fuerzas armadas a la constitución” se ha revelado como un escandaloso mito.

Los conflictos sociales y políticos no transitan el camino de las soluciones constitucionales o parlamentarias sino el de la fuerza. La amenaza del boicot económico y la coacción política arrancan todos los años a la nación argentina el pago de una voluminosa deuda externa de características usureras impuesta por una dictadura militar; el salario y la jubilación mínimos son fijados también coactivamente por el Estado con la complicidad silenciosa del parlamento, sin importar que hundan en la miseria a millones de argentinos; el derecho de huelga es violado cotidianamente mediante la conciliación obligatoria, la amenaza de ilegalización de los sindicatos y la corrupción descarada de los burócratas; los juicios por el secuestro y desaparición de 30.000 ciudadanos han sido violentamente anulados por disposiciones parlamentarias y judiciales que violan las normas elementales de un Estado de derecho.

El Estado paga arbitrariamente todas y cada una de las deudas contraídas por los “capitanes” de la industria, el agro y la banca, pero desconoce las deudas con los jubilados y con todos los aportistas al sistema de previsión social, cuyo dinero ha sido dilapidado durante varias décadas en beneficio de esos mismos capitalistas.

El autosatisfecho régimen “democrático” instaurado en 1983 no hubiera podido aplicar ni una sola de sus medidas de política económica, social o de cualquier tipo sin esta violación sistemática de los principios democráticos y hasta de los que corresponden a un Estado donde rija la igualdad ante la ley.

La carta principal que los explotadores refriegan ante los ojos del pueblo—haber implantado un régimen democrático— es “trucha”. La presencia imprescindible del embajador norteamericano ante la más mínima crisis financiera, diplomática o militar, es la prueba más contundente de la completa dependencia del régimen constitucional respecto al imperialismo mundial. Más que un logro de la raquítica y vendida burguesía nacional, la fachada constitucional es un engendro del imperialismo para poner a su servicio a los partidos y políticos democratizantes, contra la lucha popular y, particularmente, contra la tendencia revolucionaria de los explotados.

El 14 de mayo de 1989 no se plantea, entonces, la posibilidad de que los explotados puedan modificar mediante el voto la supremacía que ejerce sobre ellos la clase explotadora. Para que sea de otro modo es necesario primero que los trabajadores se apoderen del poder político, y pongan bajo su control los resortes principales de la economía; que desarmen al cuerpo de oficiales reaccionario y organicen la defensa nacional en términos realmente democráticos. Las próximas elecciones solamente tienen por función dirimir qué fracción de los políticos patronales seguirá imponiendo las soluciones de fuerza que necesita la clase capitalista contra el pueblo, enmascarándolas en la fachada constitucional.

Aunque el voto popular consagrara a un candidato inmensamente popular y honestamente dispuesto a servir a los intereses populares, el aparato del Estado burgués se levantaría como un muro infranqueable a sus intenciones, que sólo podrían ser realizadas destruyendo ese aparato estatal, y organizando el poder político de los explotados, es decir, abandonando la ilusión de las soluciones constitucionales y estructurando y movilizando a los trabajadores para las soluciones revolucionarias.

2. Los próximos comicios producirán seguramente el recambio del agotado gobierno radical y darán lugar a una nueva experiencia de gobierno peronista, encabezado por Carlos Saúl Menem. La co-gobernabilidad actual de los distintos partidos del régimen capitalista deberá sufrir una modificación de forma. La burguesía necesita renovar las expectativas de las masas, luego de otros cinco años de declinación económica y de pauperización del pueblo. La gran patronal necesita también operar una serie de modificaciones en su orientación económica, visto el completo agotamiento de la tentativa de conciliar el pago de la deuda externa con el crecimiento de la economía.

El candidato peronista plantea realizar una “revolución productiva”, y como consecuencia de ella producir un progresivo “salariazo”, esto sin dejar de pagar la deuda externa y sin romper ninguna de las ataduras de la nación con el imperialismo y con los grandes capitales. No es difícil pronosticar, entonces, que fracasará miserablemente, agotando en forma muy rápida la experiencia “justicialista”. Menem finca, en realidad, su expectativa de desarrollo económico en la posibilidad de atraer la inversión del capital extranjero, es decir, aumentando la ya abultada hipoteca de la deuda externa. Con esa finalidad promete crear “zonas francas” donde los bancos puedan colocar sus capitales sin restricciones de ninguna naturaleza y donde los industriales puedan explotar a los trabajadores sin respetar la legislación laboral. Carlos Menem se ofrece al gran capital como el político capaz de imponer a la clase obrera un régimen de mayor explotación, esto mediante el “pacto social”, lo que quiere decir mediante la completa integración de los sindicatos al Estado y la completa transformación de la burocracia en una policía sindical contra los activistas y las masas. Menem se presenta también como el político de las privatizaciones, es decir, de la entrega de las empresas estatales y del patrimonio nacional al mejor postor capitalista.

Más allá de los desbordes demagógicos, la candidatura de Menem es derechista y reaccionaria. Ha anudado pactos con el clero reaccionario y con la camarilla militar. Se ha declarado partidario del “congreso pedagógico nacional”, cuyas resoluciones refuerzan la injerencia del clero en la educación, en los medios de comunicación y en todos los planos de la vida nacional, y también se ha declarado partidario de una “ley de pacificación nacional” que decrete el cese de los procesos contra los militares acusados de asesinatos contra el pueblo. La plataforma política de Menem apunta a reforzar el carácter opresivo y represivo del Estado patronal.

Las elecciones del 89 se presentan, así, básicamente como una disputa entre dos fracciones clericales, derechistas y reaccionarias de los explotadores. Angeloz no sólo pretende profundizar el entreguismo actual, sino que, aún antes que Menem, ha hecho votar en la Constitución de su provincia, Córdoba, el “pacto social” y la injerencia clerical. Como todos los políticos patronales, es partidario también del “cese” de los juicios a los militares.

En algún momento de su gestión de gobierno, podría ocurrir que Menem intente algún viraje hacia posiciones limitadamente antiimperialistas, como consecuencia del inevitable fracaso de su política. Pero por su contenido de clase capitalista y por su profunda hostilidad a la acción obrera independiente, semejante tentativa estará condenada al fracaso y a agudizar revolucionariamente la crisis política del régimen burgués de explotación.

3. El Partido Obrero no interviene en las próximas elecciones con una finalidad especial sino para continuar con la tarea de desenmascarar los planteos de los partidos patronales y la irreversible impotencia del régimen burgués y del conjunto de sus instituciones, y para desarrollar sobre la base de ello la independencia política de la clase obrera. Las diversas derrotas sufridas por el conjunto de las masas y por su vanguardia en los últimos cuarenta años, a manos de la burguesía que hoy se presenta como democrática aliada a los militares y al imperialismo, le ha dado una nueva oportunidad política de actuación al régimen constitucional y a los políticos burgueses que medran en él. Los datos históricos, sin embargo, no han cambiado, y las nuevas tentativas burguesas deberán concluir inevitablemente, no en situaciones estables, pacíficas y de desarrollo, sino en el agravamiento de la presente crisis y en la formación de situaciones revolucionarias.

El Partido Obrero rechaza la posición de ignorar los procesos constitucionales y parlamentarios mediante los cuales la burguesía pretende agrupar a la nación bajo su hegemonía y atar a los trabajadores al Estado burgués. La posición del Partido Obrero es denunciar las limitaciones históricas e inmediatas del constitucionalismo burgués y organizar a los trabajadores en forma políticamente independiente de la burguesía y de su Estado.

A diferencia del Partido Obrero, los partidos de la izquierda argentina, cuando no van directamente aliados con Menem, se niegan a denunciar al régimen democratizante como un medio de dominación y opresión política contra los trabajadores, y hasta reclaman una “verdadera” democracia con “justicia social” dentro del Estado burgués. A diferencia de esos partidos, el Partido Obrero no participa en las elecciones como un fin en sí mismo, sino para separar al proletariado de la burguesía en el terreno de la lucha de clases y de la acción directa. El Partido Obrero denuncia el carácter exclusivamente electoralista de Izquierda Unida, lo que significa integrarse al Estado burgués. El Partido Obrero denuncia además la posición de Izquierda Unida de participar en el Colegio Electoral y de votar a Menem. La función de un frente de izquierda debe ser la de organizar a la vanguardia obrera en forma independiente de los partidos patronales, y de ninguna manera utilizar la bandera frentista con la única finalidad de facilitar a los aparatos pequeño burgueses su acceso a las prebendas parlamentarias. La banca parlamentaria debe ser usada para denunciar al régimen burgués y colaborar con la organización independiente de los trabajadores.

El Partido Obrero ha planteado un método de movilización política de la vanguardia de los trabajadores, que consiste en la realización de asambleas  y congresos para discutir y elaborar las posiciones políticas y las reivindicaciones programáticas; para organizar en forma consecuente la lucha de esa vanguardia; y para estructurar en conjunto la campaña electoral y la selección de los candidatos. Este método es la vía para construir un frente amplio de trabajadores.

El Partido Obrero llama a votar a este frente de trabajadores, que levanta como estrategia el Gobierno Obrero y el Socialismo.