27/11/2021
Santa Cruz

Prórroga de las concesiones a Compañía General de Combustibles, un plato recalentado

En Santa Cruz gobierna Eurnekián.

El 15 de noviembre pasado, el gobierno de Alicia Kirchner firmó el contrato de prórroga de las áreas que explotaba Sinopec en el Golfo San Jorge en beneficio de CGC (Compañía General de Combustibles), propiedad de Eurnekián. Se trata de un conjunto de áreas que van desde Las Heras hasta la costa, que habían sido concesionadas a la norteamericana OXY en 2010 y que a poco andar OXY vendió a la empresa estatal china Sinopec (dato de color, Sinopec opera en Argentina con una razón social inscripta en las Islas Caimán). Los contratos actuales que vencen entre 2025 y 2026, se prorrogan por 10 años hasta 2035/36 según las áreas.

Llamó la atención que, mientras OXY hace diez años pagó un canon de prórroga de 100 millones de dólares, esta nueva operación se realice por solo 18,5 millones. Con estas áreas, CGC pasa a tener la mayor extensión geográfica de áreas en la provincia ya que a las del Golfo San Jorge se agrega su explotación sobre casi toda la Cuenca Austral que es predominantemente gasífera.

El conflicto con Sinopec

El paso de Sinopec por la concesión fue desastroso. No cumplió compromisos de inversión, no reparó las instalaciones que se iban deteriorando, no remedió el daño ambiental, fue parando pozos sin reemplazarlos hasta llegar a la paralización total de las perforaciones. El resultado es que después de diez años las reservas comprobadas de la zona han bajado a una mínima parte de las que existían cuando se hizo cargo, el daño ambiental es enorme y gran parte de las instalaciones y ductos deben ser reparados o reemplazados. El gobierno kirchnerista en versión Daniel Peralta o Alicia Kirchner, fueron impotentes por decir lo menos, para impedir este desastre y los conflictos entre el gobierno y la concesionaria china fueron escalando. A los sumarios realizados, Sinopec respondió con el recurso a un arbitraje internacional que está en curso y podría serle favorable.

A todo esto, Claudio Vidal (secretario de petroleros), en campaña electoral se acordó de cuestionar a Sinopec cuando en todo el periodo macrista había dejado pasar los despidos en acuerdo con el gobierno provincial. La cuestión llevó a tal tensión interna en el gobierno, que en diciembre 2020 la Cámara de Diputados, a iniciativa del jefe del bloque oficialista Matías Mazú, emitió una Resolución pidiendo al Ejecutivo que elevara una modificación a la Ley 3.117, marco que regula las prórrogas, para que se prohibiera el acceso a arbitrajes internacionales en las futuras concesiones.

Ahora CGC

Hacía falta que alguien pusiera orden y… llegó Eurnekián a hacerse cargo. Leo Álvarez, exjefe de Gabinete, tuvo mucha incidencia en este aterrizaje y muchos sospechan que CGC dispuso de información privilegiada. En junio, CGC compró el paquete accionario de Sinopec. En agosto pidió la prórroga de la concesión, en octubre presentó el plan de desarrollo y en noviembre se firmaron los contratos que ahora debe ratificar la Cámara de Diputados. CGC y el gobierno tramitaron todo esto con urgencia y con el más absoluto sigilo, pasando por encima de la Cámara de Diputados (donde debería funcionar una comisión de seguimiento que no sigue nada) y ni hablar de los gremios, los intendentes u otras organizaciones que pudieran opinar.

El gobierno provincial estaba elaborando la nueva Ley Marco, pero este tratamiento será postergado hasta 2022. Como Eurnekián está apurado para “iniciar las inversiones” en enero de 2022, todo el gobierno baila a su compás y Alicia reclama a la Cámara la aprobación del acuerdo, que provoca serias dudas en diputados oficialistas y tiene una “oposición” puramente demagógica del partido SER de Vidal y de la UCR.

A partir de esta prórroga, que establece cláusulas de inversión (bajas) pero por cada área y no globales, queda más aún de manifiesto que el gobierno carece de una estructura de control para poder supervisar los acuerdos.

Las cláusulas

El compromiso de inversión es de 1.150 millones de dólares en total en 15 años. Las regalías que cobre la provincia serían del 16% para el petróleo y gas convencional, del 8% para la recuperación terciaria y del 10% para el no convencional (cabe comentar que en estos días YPF está perforando su primer pozo no convencional horizontal en la roca madre en esta misma cuenca).

El canon de prórroga es de USD 18,5 millones y otros USD 7,5 millones en cuotas para obras y proyectos de desarrollo provincial (en el caso de OXY habían sido más de USD 30 millones en este rubro). Como parte del acuerdo caen los sumarios y el arbitraje internacional en curso, renunciando el Estado a cualquier resarcimiento por la conducta de Sinopec y por el daño ambiental. Además, se elimina el pago del impuesto de sellos para una parte de las operaciones.

CGC se beneficia de la continuidad de las concesiones para obtener esta prórroga que en la práctica es por 15 años, pero se beneficia también de aparecer como un concesionario “nuevo” sin hacerse cargo del daño ambiental y obteniendo ventajas con la promesa de reactivar las áreas. Incluso esta promesa está cuestionada ya que estudios especializados muestran que la propuesta de inversiones y de perforación de pozos realizada por CGC es muy inferior a la concretada por Sinopec, lo que tampoco asegura una verdadera reactivación.

Ahora bien, toda la política de entrega petrolera, y en este caso especialmente la rebaja del canon, constituye una estafa al pueblo santacruceño:

Si se aplicara la Ley provincial Marco 3117 de 2010, que en su anexo establece los montos mínimos del canon de prórroga vinculándolos a la explotación y renta de los seis años anteriores y que penaliza el abandono de las inversiones y la caída de reservas, a CGC habría que cobrarle aproximadamente 200 millones de dólares de canon. Aquella ley nunca fue derogada y sin embargo es desconocida por el propio gobierno provincial (ni siquiera figura la Ley 3117 en las 130 páginas del acuerdo).

En octubre de 2014 vino la Ley 27.007 que modifica las leyes nacionales de hidrocarburos, que le impone a las provincias topes de regalías, y, por ejemplo, establece condiciones mucho más favorables a las empresas en los pagos del canon (toma solo los dos últimos años y no penaliza la caída de reservas ni el daño ambiental). Ya para esa época Kicillof (era ministro de economía de CFK) había renunciado a cobrarle el pasivo ambiental a Repsol y las consecuencias directas las sufrió la provincia, siendo beneficiadas tanto Repsol, como los accionistas privados que tienen en su poder la mitad de YPF.

De acuerdo a la 27.007, el canon que le cobran a CGC de 18,5 millones sería legal, pero teniendo en cuenta la caída de la producción por la pandemia, incluso tomar esos dos años, agrava la estafa. Para colmo, esta ley va en contra de la Constitución Nacional que desde 1994 dice que los dueños del recurso son las provincias. Ningún gobierno provincial ni en Santa Cruz ni en otras provincias ha reclamado la inconstitucionalidad de la Ley 27.007. En la práctica, Peralta antes y Alicia ahora se acomodan a las imposiciones de las empresas petroleras y renuncian a sus propias potestades como gobierno de accionar política y legalmente en defensa de Santa Cruz.

Ni Vidal ni la UCR han cuestionado esta política de entrega a los intereses de las petroleras, solo hacen una parodia de “oposición”, mientras defienden los mismos intereses.

¿Qué hay detrás del berrinche de Vidal?

El choque de Claudio Vidal con el gobierno ha escalado a niveles impensados. Vidal acusa de corruptos a los diputados oficialistas, empezando por Mazú, y el diputado Chávez le ha contestado recordándole a Vidal que estuvo preso y que no puede explicar su nivel de vida y sus costumbres. Esta gente sabe de lo que habla ya que hasta hace unos meses formaban parte del mismo gobierno con lo cual hay que tomar seriamente las denuncias que se cruzan. La principal queja de Vidal es que no se consultó el acuerdo CGC con los gremios y las pymes. Como es secretario del gremio petrolero se entiende que reclame haber sido informado, pero ¿a qué viene lo de las pymes?

Periódicos especializados informan que Vidal intenta entrar en el negocio petrolero asociándose con alguna empresa como Quintana o accionistas locales pymes, especialmente para aprovechar el default de San Antonio Internacional (empresa yanqui de servicios, en Argentina administrada por Caputo y Blaquier), que, golpeada por problemas financieros, se vería obligada a vender sus diez equipos de torre operativos en Santa Cruz. Otros medios informan que el mismo tipo de ingreso al negocio lo están llevando adelante Pereyra y Rucci del sindicato petrolero en Neuquén, también comprando equipos de San Antonio Internacional, para realquilárselos en una transacción puramente financiera.

Nota aparte merece el recordar que Eduardo Costa (exlíder de la oposición) llegó a la política en 2007, cuando se le negaron las licitaciones de áreas petroleras en las que iba a intervenir asociado a empresas norteamericanas. Ahora el aspirante a liderar la oposición, Vidal, aparece también interesado como Costa en ingresar al negocio petrolero.

Conclusión

La firma de este contrato con CGC, desde sus detalles, desde las contradicciones de la legislación, hasta los choques políticos que desencadena, resulta una radiografía del régimen político kirchnerista, y muy especialmente de su subordinación a los monopolios mineros y petroleros, extranjeros en su mayoría, argentinos en este caso.

Desde 1991 los Kirchner fueron privatizadores con Menem y Repsol. Luego prorrogaron en 2007 las concesiones a Panamerican Energy, a Oxy, a Petrobras, luego a Sinopec, cedieron derechos de la provincia para la renacionalización trucha de YPF, hasta finalmente ahora entregarse a Eurnekián. Hombres como Acevedo y Vidal, que hoy forman el partido SER, han sido parte fundamental de esta historia negra de entrega y extractivismo exportador de capitales en beneficio de las corporaciones.

Desde el Partido Obrero planteamos la nacionalización integral de todas las formas de generación de energía y entre ellas de la actividad hidrocarburífera como parte de un plan de desarrollo económico del país, gestionado por los propios trabajadores, lo que incluye la ruptura con el FMI y con la deuda externa, así como la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para financiar la inversión productiva necesaria.

 

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