El 5 de enero la Sala Penal de Feria del STJ decidió prorrogar de manera extraordinaria, por un año más, la prisión preventiva que pesa sobre Milagro Sala, quien está a punto de cumplir los dos años detenida sin sentencia firme, por lo cual correspondía su liberación.

Los magistrados habilitaron la prorroga “atento a la complejidad de la investigación de la causa y a la innumerable cantidad de recursos procesales impetrados por la defensa técnica de Milagro Sala” (informe de prensa N° 3/2018, Poder Judicial de Jujuy). Parece que a la justicia del gobernador Gerardo Morales le molesta que los acusados puedan apelar y presentar recursos. A la hora de dictar su fallo, también se ampararon en que la Corte Suprema de Justicia justificó la prisión preventiva de Sala –si bien esta planteó que fuera domiciliaria.

Recordamos que la detención de Milagro Sala se produce por realizar un acampe en Plaza Belgrano a fines de 2015, y estuvo detenida más de un mes por esa simple contravención. Cuando se agotaron todos los plazos y las excusas para retenerla, el gobierno armó un esquema de múltiples acusaciones para prolongar su detención.

Una justicia que se acomoda a los intereses del poder

Este nuevo pedido de prórroga se otorga ante el “peligro de entorpecimiento o intimidación a testigos” en una causa elevada a juicio para marzo de 2018, conocida como “Pibes Villeros”, por el supuesto desvío de 29 millones de pesos. En esta causa, Sala está acusada de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.

Sin embargo, hay pocos elementos que permitan creer en la imparcialidad de la justicia: mientras que el propio marido de Milagro Sala, Raúl Noro, ya había sido detenido en septiembre de 2016 por la misma causa y luego puesto en libertad; una de las imputadas en la causa es Mabel Balconte (ex Frente Unidos y Organizados), actualmente diputada provincial y nueva aliada de Morales en la Legislatura, donde ha votado todas las leyes dictadas por el Ejecutivo, luego de un proceso de “reconversión” política.

Un día antes de la extensión de la prórroga, se produjeron 21 allanamientos en Jujuy, relacionados con la ´megacausa´. Al mejor estilo Breaking Bad, la justicia dispuso una pala excavadora para cavar en los alrededores de la casa de Sala en Dique La Ciénaga buscando documentación y dinero enterrado. Fue una operación más mediática que efectiva: no encontraron nada.

Una operación política para tapar un mar de fondo

El gobierno busca con esta prórroga tratar de contener una base social en un cuadro de fragilidad política muy fuerte. La brutal represión contra los obreros de La Esperanza jugó en contra del gobierno, que tuvo que liberar a 21 de los detenidos en las vísperas de navidad por el enorme repudio generado en la población.

Un informe elevado por el Centro de Economía Política Argentina señala que en 2017 en Jujuy hubo 1.200 despidos sólo en el ámbito privado. A esto hay que sumarle los despidos en el sector público y el enorme rechazo de la población a los tarifazos y aumento del costo de vida.

La sociedad jujeña se encuentra además sensibilizada por el reciente asesinato de Matías Puca, un joven estudiante secundario que fue atropellado y abandonado durante la semana del estudiante, en septiembre. Por las redes circulaban los comentarios de que el caso no avanzaba porque estaban involucrados “hijos del poder”. Luego de pasadas las elecciones, la justicia solicitó el allanamiento de la oficina del Dr. Perovic, ex funcionario del Instituto de Seguros de Jujuy, acusado de encubrimiento. Asimismo se presentó en la justicia el hijo del ministro de seguridad, Ekel Meyer, también involucrado en el accidente, según las versiones periodísticas.

La “madre” de las batallas sigue sin avanzar

La causa contra Sala sigue marcando el paso. El gobierno no puede ir a fondo en una investigación de esta envergadura porque pone en cuestionamiento todo el régimen político provincial, que fue cómplice de los enjuagues económicos de Sala durante su apogeo. Uno de los imputados es el intendente de San Salvador de Jujuy, el radical Jorge, quien autorizó y habilitó el desembolso de unos 700 millones de pesos para obras, más de la mitad de fondos que hoy se reclaman por defraudación. Recientemente fue llamado a declarar al ex titular del Instituto de la Vivienda de Jujuy, y este desenmascaró la complicidad de políticos, empresarios y bancos en el desfalco.

Denunciamos que la prolongación de la prisión preventiva de Sala tiene el objetivo de generar un marco legal forzado para perseguir, procesar e inclusive detener a los luchadores que se organizan contra los ataques del gobierno y las patronales.