Desde el fin de la última dictadura, el Estado ha tratado por todos los medios de disciplinar la protesta, sin lograrlo. El reciente protocolo dictado por el gobierno de Macri es el intento más desembozado desde entonces. 

 

Alfonsín enviaba la policía a las marchas y creó una “oficina especial” de la Side en la que trabajaban varios agentes de la dictadura -entre ellos, Raúl Guglielminetti- para espiar la movilización social. El gobierno de Menem inauguró la modalidad del “protocolo”, al publicar mediante una solicitada “instrucciones a los fiscales para que procesen a quienes cortasen rutas o calles”. De la Rúa siguió intentando con los juicios y terminó en el estado de sitio. Duhalde se dedicó a tender emboscadas, como la de Puente Pueyrredón, para quebrar la movilización política.

 

El protocolo K

 

El gobierno de Kirchner debutó planteando un “protocolo” para las manifestaciones y cortes, que fue rechazado por la comisión de abogados de derechos humanos convocada para su “implementación”, lo que llevó a su fracaso.

 

Durante los años noventa, los manifestantes, además de ser baleados y asesinados (Teresa Rodríguez…), fueron llevados a juicio basándose en el artículo 194 del Código Penal. Este establece penas para quienes interrumpan el tránsito dolosamente. Luego de muchos juicios, el caso llegó a la máxima instancia penal del país: la Cámara de Casación. A partir del fallo Natera-Gatti, en todos los casos, la Justicia decidió que no era aplicable el 194, porque aquí no se quería cometer un delito, sino protestar. Lo consideró un derecho constitucional.

 

Por este motivo, el gobierno Kirchner quiso instalar un “protocolo”. Como por la fuerza no lo lograban, buscaron imponerlo por la vía del “consenso”. El mismo mecanismo que utilizaron para cooptar a algunos organismos piqueteros y de derechos humanos. Pero esta política no prosperó y entonces se deslizaron hacia la estigmatización de los piqueteros “díscolos” y la implementación del espionaje a la protesta social a través del Proyecto X y el tándem Berni- Milani. Esto también fracasó. 

 

No va a andar

 

Ahora llega la señorita Bullrich con su nuevo “modelo”, que de nuevo no tiene nada. Es, en lo esencial, el refrito del protocolo de Kirchner más el proyecto X.

 

¿Cuáles son las “novedades”? Una serie de disparates jurídicos, en sus propios términos.

 

Pretende modificar, de hecho, el Código Penal (algo que tiene prohibido por la Constitución) al decir que primero se llama a la “reflexión” de los manifestantes y si no lo hacen, automáticamente, se les aplica el artículo 194 del Código Penal. Para ello echan mano a la figura de “flagrancia”, es decir, que la policía actúa de hecho, reprimiendo, porque se está cometiendo un delito…. que la Cámara de Casación ya dijo que no lo es.

 

Este simpático disparate significa que primero somos inocentes aunque estemos cortando -según ellos- por el 194 y nos perdonarían el “delito” si dejamos de cometerlo. 

 

Los juristas del PRO… a marzo

 

Sostienen que el protocolo es para garantizar la “libre circulación de personas y bienes”… salvo la de las personas y bienes que se movilizan en defensa de sus derechos. También que pueden filmar a los manifestantes “en cumplimiento de la ley de inteligencia nacional”, que se los prohíbe expresamente.

 

Los sindicatos, partidos o asociaciones serán responsables civiles de los “daños” que causen en la manifestación los participantes. Este disparate está copiado de una ley francesa de los setenta que fracasó, aún siendo ley. Es que no se puede, legalmente, perseguir a los sindicatos o partidos por lo que haga o deje de hacer algún manifestante. La responsabilidad es personal, concreta y no colectiva, es decir abstracta, en el derecho patronal.

 

El “corralito” que se pretende imponer a los manifestantes, diciéndoles dónde deben estar es made in Videla: la dictadura obligaba a las madres a “moverse a otro lugar”. Así nacieron las rondas. Igual para las restricciones a la prensa, pretendiendo determinar desde donde deben hacer su trabajo. No hay una sola ley que obligue a un manifestante o a un periodista a quedarse quieto o moverse, en el ejercicio de sus derechos. Mal puede hacerlo un “protocolo” bullrichesco.

 

Estamos a las puertas de una lucha extraordinaria contra este intento de ataque a las libertades. La historia reciente demuestra que todos los intentos anteriores fueron derrotados.

 

También derrotaremos éste.