Finalmente el próximo 10 de Octubre se realizará la audiencia pública oficial, votada por la Legislatura bonaerense, para discutir distintos aspectos relacionados con las inundaciones del 2 y 3 de Abril de 2013 en La Plata, Berisso y Ensenada. La confirmación de esta convocatoria ha sido el resultado de la enorme lucha de las asambleas barriales para que este crimen social no quede impune, y para que paguen todos los responsables políticos de esta tragedia. El Frente de Izquierda, que forma parte de esta lucha desde el minuto cero, ha sido una pata fundamental, junto a otros diputados, para la votación de este proyecto.

A 18 meses de las inundaciones, hay cada vez más claridad sobre la política de impunidad y encubrimiento que atraviesa a los tres niveles del gobierno – nacional, provincial y municipal. Mediante un fallo del Juez Arias, se ha confirmado el ocultamiento de cadáveres y la falsificación de actas de defunción en la morgue judicial bonaerense. A su vez, la causa contra los responsables políticos de la inundación se encuentra cajoneada y durmiendo el sueño de los justos.

En la audiencia, se denunciará la falta de obras hídricas estructurales. Contradiciendo la propaganda oficial, que promociona obras menores como soluciones de fondo, la realidad muestra que cada vez que llueve los barrios que se encuentran en la periferia de la región continúan anegándose. A esto debemos sumarle la falta de un plan real de urbanización para los 200 asentamientos que se han formado como resultado de la expulsión de las familias trabajadoras del casco urbano . 

Los más de quinientos inscriptos para participar de la audiencia pública, demuestran cabalmente que el crimen social del 2 y 3 de Abril continúa impune. Tanto las asambleas como las organizaciones que impulsamos este evento reclamamos la presencia de los ministros responsables, del gobernador Scioli y el intendente de La Plata Pablo Bruera, lo cual no ha sido garantizado.

La audiencia pública oficial será la oportunidad para movilizarse masivamente y denunciar las responsabilidades políticas de los gobiernos nacional, provincial y municipal, como así también, su plan de encubrimiento para garantizar un régimen de impunidad.