El “alerta”, difundido meses atrás, de que el superávit fiscal de las provincias “desaparecería en 2007”, fue superado por los hechos. En el principal distrito del país, Buenos Aires, “el financiamiento de las actividades gubernamentales para este año no está asegurado en su totalidad” (Clarín, 1/8). No son menores “las penurias de De la Sota (que) pueden extenderse con prontitud a otros puntos del país” (Ambito, 9/8) Para sostener sus gastos, los Estados provinciales están echando mano de los bancos provinciales y municipales, que les destinan el 40% de sus activos. Una crisis financiera de las provincias entrañaría, por lo tanto, una crisis bancaria de alcance mayor. En contradicción con esto, el Banco Central le ha exigido a los bancos públicos que reduzcan su “exposición” ante el Estado.

Superávit o ficción

Los Estados provinciales no se beneficiaron de los más importantes aumentos de recaudación, que están vinculados a impuestos que no se coparticipan (impuestos a las exportaciones). Pero, adicionalmente, y según señala el ministro de economía bonaerense, el fondo de los ATN “que se distribuía en su totalidad entre las provincias, hoy se destina en su mayor parte a integrar el superávit del gobierno nacional. Las provincias, según el mismo funcionario, también cedieron recursos para financiar el déficit del sistema previsional nacional” (Clarín, 1/8).

La reciente suba del salario mínimo puso al descubierto que 1,5 millones de estatales provinciales y municipales cobra menos de los 630 pesos. Según el secretario general de ATE, Micheli, se ha configurado una “olla a presión que puede estallar en cualquier momento” (El Economista, 4/8), aún cuando la dirección de ATE no parece dispuesta a impulsar una lucha de conjunto.

El gobierno nacional ha tomado a su cargo parte de la obra pública en las provincias, pero “luego, la provincia tiene que hacerse cargo de equipar hospitales y pagar a médicos y enfermeras”, alertó un funcionario de Solá (Ambito, 3/8).

La crisis también ha sacado a la luz la hipoteca de las provincias. Es así que desde el presente año, “empezó la mayor concentración de pago de los viejos programas de financiamiento ordenado, que se actualizan por CER” (El Economista, 31/7). Las provincias piden la reestructuración integral de esas deudas, y que dejen de indexarse. Sin haber salido aún de la quiebra anterior, los distritos ya se encuentran en un nuevo “concurso preventivo”.