En declaraciones periodísticas, Esteban Bullrich sostuvo que hace falta reducir la cantidad de institutos de formación docente. El titular de la cartera de Educación sostuvo que “en Argentina hay 1.300 institutos y es muy difícil mantener la calidad en todos ellos” y que “en Finlandia, que tiene 5,5 millones de habitantes, sólo hay 8 institutos. Francia, con 80 millones, tiene 38” (Infobae, 12/10).

Estas manifestaciones del ministro van de la mano con la política de la actual Directora del Instituto Nacional de Formación Docente, Cecilia Veleda, quien ya en el 2014 escribió en su libro Apostar a la docencia. Desafíos y posibilidades para la política educativa argentina que el sistema formador presenta entre otros rasgos problemáticos el de la “sobredimensión” (léase “gran cantidad de institutos”). 

“Unos y otros”… todos de acuerdo en el ajuste

Pero cuestionar el número de Institutos es la punta del iceberg de una política de ajuste que abarca varios aspectos de la formación docente, en la que acuerdan tanto el gobierno de Cambiemos como los legisladores del FpV. 

El gobierno impulsa el proyecto del senador chaqueño del FpV, Eduardo Aguilar, titulado Políticas para el Fortalecimiento de la Formación Docente, presentado a la comisión de educación del Senado Nacional en mayo del 2015 con el aval de las autoridades de entonces del Ministerio de Educación (Nuestras voces, 17/11). 

El 19 de agosto de ese año hubo una jornada de la comisión legislativa donde Aguilar presentó el proyecto, de la que participaron los sindicatos nacionales (CTERA, UDA, AMET), organizaciones como la CIPPEC (de la que Veleda fue directora hasta el 2015, cuando se incorporó al gobierno de Macri), Educar 2050, rectores de universidades y de Institutos de formación docente (Chaco Día por día, 20/8/15). Tanto la burocracia sindical como el FpV y Cambiemos manifestaron su respaldo a la iniciativa: “Eduardo López, de UTE CTERA, afirmó que el proyecto significa un paso adelante en temas que vienen discutiéndose desde hace muchos años. En tanto que la Directora Provincial de Educación Superior de la provincia de Buenos Aires (N de la R: en ese momento, Marta Netto) sostuvo que el proyecto se constituye en un hito en la temática.” (ídem)

El proyecto “Aguilar”

El proyecto, que se encuentra actualmente en debate en las comisiones del Senado, hace explícito en su artículo 26 la evaluación al egreso de la formación inicial, lo que abre la puerta para que la evaluación de los estudiantes de 4° año se convierta en un examen de habilitación profesional (“La evaluación integradora se llevará a cabo en la primera mitad del último año de cursado, y el resultado de la misma se integrará al promedio general del alumno, en condiciones en un todo similares a las restantes materias de la currícula”).

En el Artículo 21 se establece, con acuerdo de los gremios nacionales, una revisión de títulos y certificaciones, así como también de escalafones para establecer “nuevas regulaciones provinciales en la materia”. En el número 20, se plantea que los Institutos deben llevar a cabo programas de investigación y extensión además de la docencia, algo que “retrotrae a la idea de ´acreditación´ de la Ley Federal y pone en duda la continuidad de los institutos que no reúnan las condiciones para seguir ofreciendo carreras” (Nuestras voces, ídem).

A su turno, el proyecto de ley habilita la creación de cargos docentes (que denomina “Cargos con especialización”) que no están en los estatutos y que significarían aumento de la precarización laboral y pedagógica. Además de las carreras de formación inicial, la norma plantea la creación de cargos con especialización, como “coordinador de Primer ciclo”, “Orientador de Práctica Profesional”, “Especialización en Educación Rural”, “especialización en contextos de vulnerabilidad social”; “Tutores Educativos en la Secundaria” (Artículos 22 al 24). 

Por último, por el artículo 10 se reducen las políticas estudiantiles al otorgamiento de becas a los mejores estudiantes.

El relato, las contradicciones y el oportunismo…

Ahora que el kichnerismo no es gobierno, un sector sale a denunciar el proyecto Aguilar –la agrupación docente del municipio de La Matanza, NCK y Silvia Andrea Vazquez, asesora de la comisión de educación del bloque de diputados del FpV. Omiten, sin embargo, que fueron y son parte del mismo proyecto. En un artículo que escribió expresando sus críticas, Vázquez escribe que “no sabe” si Aguilar sigue formando parte de FpV y que el proyecto “fue elaborado el año pasado en otro contexto político y educativo y que recibió el apoyo de las entonces autoridades del Ministerio de Educación por compartir el objetivo de crear un fondo específico para la formación docente” (Nuestras voces, ídem)

El kichnerismo ya nos tiene acostumbrados a estas afirmaciones de “otros contextos”, pero la realidad es que en los últimos 12 años han aprobado leyes y reformas que han precarizado la educación y los derechos laborales de los docentes. La misma autora agrega que “el senador está trabajando en modificaciones que serían un retroceso…” No nos queremos imaginar cuales serían esos cambios, ya que el proyecto presentado bajo el gobierno kirchnerista abre la puerta a todo tipo de ajustes al sector. 

En el acto de su presentación estuvieron presentes y fueron impulsoras entusiastas, todas las burocracias nacionales de los sindicatos docentes, sobre todo de la CTERA y sus socios provinciales (UTE, SUTEBA de Baradel). 

Frente a la entregada, los trabajadores de la educación y los estudiantes de los Institutos de Formación se nos plantea el desafío de enfrentar esta política de ajuste generalizado del nivel de formación docente. 

Organizarnos en cada Instituto y en los distritos tiene que ser nuestro eje.