Apenas iniciado el año parlamentario, por iniciativa de la diputada Romina Del Plá, el FIT-U presentó un proyecto que declara “de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes y las 12.000 hectáreas de tierras contenidas en las actuales propiedades del empresario inglés Joe Lewis en la zona de Lago Escondido, provincia de Río Negro, que deberán ser de uso público bajo control de representantes electos de movimientos sociales, ambientales y de los pueblos originarios” (artículo 2).

Esto incluye los accesos al lago, algo que fue motivo de una prolongada lucha que fue resuelta después de 17 años de batalla legal, en septiembre de 2022, en que se ratificó la sentencia de la Suprema Corte Provincial intimando a Lewis y al gobierno de la provincia de Río Negro a habilitar el acceso al lago por el camino Tacuifí. El artículo 73 de la Constitución de Río Negro establece el libre acceso de todos los ciudadanos a los espejos de agua y a sus riberas. Este fallo fue ignorado generando los incidentes de enero en los que las patotas de Lewis atacaron a los manifestantes que intentaban ingresar a Lago Escondido por el camino habilitado por la Justicia.

https://drive.google.com/file/d/1jzh7FfM5QJglNxJFEjYsfLP6AGpAe634/view?usp=share_link

La compra fraudulenta de Lewis

En sus fundamentos, el proyecto explica el carácter fraudulento e ilegítimo de la adquisición de estas tierras.

El Decreto 15385/44, ratificado por la Ley 12.913, creó zonas de seguridad en áreas que están situadas a una distancia de hasta 150 kilómetros de las fronteras, cuyas tierras no pueden venderse a extranjeros. Las ventas deben tener la conformidad de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad y el Poder Ejecutivo podrá declarar de utilidad pública y expropiar los bienes que considere necesarios, como también dictar normas en el futuro respecto a los mismos. La mansión de Lewis se encuentra apenas a 20 kilómetros de Chile.

Según un informe de Alejandro Olmos Gaona, para adquirir estas propiedades en 1994 Lewis creó la empresa HR Properties S.A. con dos testaferros argentinos, los que en 1996 solicitaron autorización para la compra de 8.000 hectáreas que luego se ampliaron a 12.000. Sin embargo, un mes antes del pedido dicha sociedad se había convertido en Hidden Lake S.A. y sus acciones estaban en poder de una sociedad británica. Esta finalmente realizó la escritura a su favor. Es decir se autorizó la compra a una sociedad y se inscribió a nombre otra. En tiempo récord, testaferros y funcionarios burlaron la ley declarando que la sociedad no había cambiado su capital social.

Debido a una prolija investigación llevada a cabo, y a que los antecedentes mostraban la violación de la ley en las compras de las tierras a través de una maniobra fraudulenta, el Ministerio Público Fiscal efectuó una denuncia en 2012, ya que la maniobra no podría haber sido realizada sino a través de un plan concertado entre los controlantes de la sociedad beneficiada y los funcionarios públicos que intervinieron en el trámite mediante una operación engañosa llevada a cabo por los ciudadanos extranjeros y aquellos que tenían la obligación de defender la integridad territorial de la nación. En 2021, la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación, con la firma del juez Carlos Alberto Mahiques, confirmó el sobreseimiento de los imputados mediante la prescripción de la acción penal. Está claro que no estamos en presencia de una mera interpretación del derecho a transitar para acceder al Lago Escondido, lo que ya ha sido fundamentado por la Justicia provincial, sino del abuso de poder de un ciudadano extranjero que cometió y comete delitos para acrecentar su riqueza.

La Argentina en venta

La extranjerización de tierras en Argentina a través de testaferros o a nombre de sociedades con asiento en paraísos fiscales es de tal magnitud que afecta la soberanía del país. Según un informe de ATE (Concentración y extranjerización de la tierra en Argentina), 900.000 son las hectáreas que pertenecen a la Compañía Tierras del Sud Argentina de Benetton, a las que deben sumarse algunas usurpadas en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Además, 600.000 hectáreas son administradas por la empresa “Nieves de Mendoza”, propiedad del grupo Walbrook de Gran Bretaña, y 330.000 por el grupo chino Heilongjiang Beidahuag. Joe Lewis es propietario de solo 38.000 hectáreas, pero dentro de esas tierras, ilegalmente posee cautivo al Lago Escondido al que nadie puede tener acceso.

Más de 12,5 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeros, de las cuales casi dos millones son de firmas radicadas en paraísos fiscales. Las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas. Se trata de San Carlos, un área declarada “lugar histórico nacional” en los Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio extranjerizado), y del departamento de Molinos (con el 57% de extranjerización). En el primer caso, la mayoría de las tierras extranjerizadas está en manos de una sociedad radicada en Uruguay, mientras que en el segundo un 47% está en manos de estadounidenses y otro 10% en manos suizas. Siguen en el ranking de áreas con mayor nivel de extranjerización General Lamadrid, en La Rioja, con el 57% de extranjerización; la localidad de Lácar en Neuquén con el 53%; y Campana en Buenos Aires, con el 50,7%, según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales.

La ley 26.737 de 2011 se limita a establecer un control y limita a los extranjeros a comprar hasta 1.000 hectáreas, lo que no es poca cosa pero puede ser perfectamente burlado con prestanombres, esta vez extranjeros. Además, no se revierte el acaparamiento de tierras realizado. Una política que declara intocables los derechos del capital extranjero incluso más allá de los procedimientos utilizados para alcanzarlos refleja un régimen de clase completamente subordinado a este capital.

En cambio, a los pueblos originarios en Mascardi, provincia de Río Negro, se los reprimió, y el gobierno nacional desalojó y encarceló a una velocidad increíble a mujeres mapuches con niños que ni siquiera estaban en predios privados. El asesinato de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, en este caso durante el macrismo, fue otro ejemplo de esta defensa del capital. Se trata de la continuidad histórica de un proceso iniciado en la conquista, que encontró su punto más álgido con la presidencia de Julio Argentino Roca y la campaña del general Benjamín Victorica al Chaco. Es preciso destacar que han existido muchas masacres de este tipo desde 1880 a esta parte. Para citar algunas, no podemos olvidar la que se gestó bajo el gobierno de Hipólito Irigoyen en Formosa contra el pueblo Pilagá, en 1919; Napalpí, en 1924; El Zapallar, en 1933; ni la de Rincón Bomba, en 1947, bajo el gobierno de Perón.

“El acceso a la tierra y la vivienda digna, que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Ley 26.737 consagra a todos los ciudadanos y ciudadanas, no se aplica y hasta el día de hoy no se garantizan estos derechos legales y constitucionales. Acudimos a un constante replicar de un discurso punitivista, criminalizador y estigmatizante que acorrala las acciones que nacen desde el hartazgo, movilizando la rancia costumbre de desempolvar la Constitución solo cuando de defender privilegios se trata” (ATE, ídem).

Lago Escondido II

La colisión de intereses entre el capital extranjero, los funcionarios gubernamentales y el Poder Judicial se puso de manifiesto en el escándalo por la reunión que mantuvieron en la propiedad de Lewis los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola y el mismo Carlos Mahiques, autor del fallo favorable a Lewis, junto al procurador general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jan B. Mahiques, el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, el exagente de Inteligencia Leonardo Bergroth y el consultor Tomás Reinke. También participaron el presidente del grupo Clarín, Jorge Rendo; y Pablo Casey, directivo del mismo grupo y sobrino de Héctor Magnetto.

La filtración del grupo de chat que integraban puso de relieve la intención de apelar a todo tipo de maniobras delictivas para ocultar la reunión y sus propósitos, incluyendo facturas truchas que justificasen el uso de un avión privado y el hospedaje en el lugar. Las facturas pretendían presentar los costos astronómicos del “paseo” como salidos de los bolsillos propios y no como dádivas recibidas de un personaje poderoso. “No podemos decir que nos regalaron el vuelo”, afirmaba el Juez Cayssials en los chats. Por los mismos también pudieron conocerse las gestiones que el ahora exjefe de asesores del presidente Alberto Fernández ofreció para evitar la difusión del tema en el oficialista canal C5N, lo que le costó el cargo.

Lago Escondido es el retrato fiel de la descomposición del régimen social en que vivimos, de sus instituciones y de la sujeción absoluta de las mismas a los intereses del capital nacional y extranjero.

Vamos a una gran campaña que imponga la expropiación de Lewis.

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