Quién mejor que la gran empresa está en condiciones de controlar que toda ésta sea una cadena de valor con trabajo digno?  Parecería... digamos, parecería incomprensible que no se haya avanzado antes en esto. Y sinceramente creo que es una deuda que nosotros estamos saldando con absoluta responsabilidad, aunque debo decir, la verdad me sorprende, me sorprende ver alguna gente que parece decir que se opone a esta norma. Yo creo que no es eso lo que han querido decir, o seguramente han leído mal el proyecto de ley. Quiero tener ese resto de esperanza. Acá hay un combate muy claro, en esta decisión del gobierno, a todo lo que es el trabajo informal, a todo lo que es el trabajo esclavo, a un trabajo que además ha generado muertes en nuestro país".

Esta larga cita pertenece al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y fue dicha en una entrevista radial en relación con el proyecto de ley sobre trabajo a domicilio, según figura en el portal de dicho Ministerio.

Las palabras de Tomada vuelven a mostrar que hemos leído muy bien el proyecto. Porque pretender que la "gran empresa" (léase grandes marcas) sea la que controle el trabajo esclavo es poner al lobo a cuidar a las ovejas.

La gran marca es la base del trabajo esclavo, como se puso de relieve -una vez más en estos días-, con el fallo del juez Sergio Torres, quien condenó a un empresario textil por el trabajo de servidumbre: "El dueño del taller textil de Deán Funes es un ciudadano coreano llamado Ki Sum Kim, quien además es dueño de un comercio de ropa ubicado en la calle Avellaneda. El fabricante, comprobó la Justicia, había designado como capataz del taller a Eloy René Chuca Aduviri, de nacionalidad boliviana". O sea que en la ‘gran empresa' que bendice Tomada figuraba como propietario (ficticio) un tallerista.

Si el proyecto de Cristina-Tomada estuviera vigente, la Justicia habría debido condenar al tallerista e ignorar al dueño real. Ese proyecto convierte al tallerista en una especie de empresa autónoma, una pyme, en el único patrón de sus empleados. Esto es clave para los negreros, porque se protegen de eventuales juicios laborales y siguen explotando el trabajo fabril como un trabajo a domicilio esclavo.

Todo esto explica que el presidente y el secretario de la Cámara Argentina de la Indumentaria de Bebés y Niños (Caibyn), Víctor Hugo BenyaKar y Carlos Touloumdjian, sean algunos de los inspiradores de la ley Cristina-Tomada, como se puso de manifiesto en el marco de la cuarta Convención de la Industria Textil de Indumentaria y Diseño Argentino organizada por la Fundación Pro Tejer.

Estos negreros dijeron que con la ley vigente "el dueño de un taller es un híbrido porque no es empleado de los confeccionistas ni proveedor" y entonces, en caso de juicio, la responsabilidad recae sobre la ‘gran empresa'.

En realidad, el tallerista no es un híbrido sino un empleado de la gran marca, que ésta utiliza para tercerizar la producción. Para seguir negreando sin riesgos, los negreros quieren una ley que los exima de aprovechar el trabajo esclavo, y para eso nada mejor que el tallerista sea considerado jurídicamente una empresa independiente de la gran marca.