Como en un “deja vú”, la provincia de Neuquén vuelve a firmar un contrato con la empresa Rovella-Carranza, una de las preferidas del “valijero” López y de De Vido, procesados por corrupción en la obra pública. Durante la década kirchnerista, la empresa se asoció en Neuquén con Gas y Petróleo de Neuquén, con YPF, y con la empresa vial de la familia Sapag.

En esta oportunidad será la encargada de construir una pequeña represa y central hidroeléctrica sobre el río Nahueve, en el norte de la provincia, con un presupuesto de 18 millones de dólares. Unos 15 millones financiados por un fondo de Abu Dhabi, y el resto lo pone el Tesoro Provincial. Mientras se pagan salarios sin actualizar y le deben $ 2.800 millones de pesos a la Obra Social y Caja Jubilatoria, el compromiso de poner los tres millones de dólares hasta completar el presupuesto de la obra es una bofetada a los empleados estatales de Neuquén. Pero es parte del retorno de las ayudas del gobierno nacional a la provincia (acaba de adelantarle $ 5.000 millones), que se devuelven en sobreprecios en obras a empresas amigas del poder central. La mano y el método de De Vido y López siguen intactos.

La obra Nahueve es cuestionada por campesinos y pequeños crianceros porque afectará sus tierras. Un comunicado de la Asamblea del Agua del Norte Neuquino denuncia que la obra “inundará chacras e implicará traslados de pobladores del lugar, así como roturas y destrucción de cuadros y chacras productivas en el trazado del canal de cuatro kilómetros que se proyecta construir para derivar 18m³/s (la mitad del caudal medio) de agua hacia una central hidroeléctrica”.

Hace poco, con otra obra, esta vez sobre el río Neuquén en Chos Malal, los pequeños chacareros tuvieron que salir a cortar el paso de maquinaria para no correr ellos también, riesgos de inundación de sus parcelas.

¿Por qué entonces la central Nahueve?

La ley que autorizó al Poder Ejecutivo a contraer el préstamo, la Nº 2.950, fue votada poco después de la elección provincial de ese año, en mayo del 2015.

La banca del FIT, en ese momento representada por Gabriela Suppicich del PO, denunció esa operación como “un acto de coloniaje”. Y no era para menos. En el artículo 5º de la ley, se establece que “Las normas, reglas, trámites, operatorias y procedimientos de contrataciones y adquisiciones de obras, bienes y servicios, … en los convenios de préstamos y documentos complementarios, deben prevalecer en su aplicación específica, por sobre la legislación local en la materia”. Como lo dijo Suppicich en su momento, eso incluye la legislación laboral.

El préstamo en dólares tiene una tasa del 2% (una tasa aproximada a la internacional en el 2015, aunque ahora la triplica), con cinco años de gracia. En el 2016, bajo el gobierno de Macri, se firmó el acuerdo de garantías con el fondo de Abu Dhabi (Decreto Nº 1039/16) . Han pasado casi cuatro años desde entonces. Es entonces que “súbitamente”, en plena crisis, a inicios de marzo de este año, el gobierno adjudicó la obra a Rovella-Carranza.

El fundamento oficial para la obra ayer y hoy es en boca del gobernador Omar Gutiérrez: “va a generar cuatro megawatts para fortalecer la cantidad y calidad de energía de la zona Norte, con una inversión de 18 millones de dólares que va a generar la irrigación de 24 hectáreas, y va a producir tranquilidad con las crecidas del río Nahueve” (Vaca Muerta News, 27/9/2016).

El argumento del abastecimiento de energía choca con el hecho que se ha construido la línea Comahue-Cuyo, inaugurada en el trayecto neuquino en el año 2012, capaz de abastecer a lo que iba a ser la mina de potasio y localidades del sur mendocino. Esta línea de alta tensión une la Central Termoeléctrica Agua del Cajón en las afueras de Plottier, con capacidad de producción de 672 MW, (¡168 veces más que la Central Nahueve!), y el sur de Mendoza. Es decir, era mejor hacer una derivación de esta línea.

A lo que debe agregarse el llamado cierre del “anillo norte”, una obra eléctrica que figura en el Plan 2030 y que el gobernador acordó con China a fines del 2018 por un monto de 34 millones de dólares, y que asegurará la provisión eléctrica al departamento Minas, precisamente donde ahora se construirá la Central Nahueve.

El argumento de la provisión de agua potable de calidad contrasta con la situación que vive el cercano pueblo de Andacollo, que es privado de la llegada del agua cristalina del canal la Primaveraporque un estanciero ligado al MPN, y exdiputado, construyó un embalse que impide que todo el caudal llegue a la localidad y que se irriguen unas 30 hectáreas de chacras aguas abajo del embalse del que se apropia el terrateniente.

Así, un crédito de 15 millones de dólares, “más los intereses, comisiones, gastos y accesorios” (artículo 1º de la ley Nº 2.950), para producir 4 MW, escapa a toda ecuación costo-beneficio, exceptuando, claro, las jugosas comisiones y demás “gastos y accesorios” de los intermediarios financieros de la operación crediticia.