Proyectos de ley sobre la tierra
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Santiago
Por cuarta vez en cinco años ha ingresado a la Cámara de Diputados de Santiago del Estero un proyecto elaborado por organizaciones campesinas, cuyo eje es el dictado de la Emergencia Territorial, la suspensión de los desalojos y la realización de un relevamiento que permita la regularización de la titularidad de las tierras de los pequeños campesinos.
El 30 por ciento de la población santiagueña vive en zonas rurales; en general, se trata de predios que las familias han habitado por generaciones y que carecen de delimitación precisa. La gran mayoría de estas familias no subsiste sólo con la producción agrícola ni con su comercialización, sino que trabaja por temporada (obreros golondrina), realiza changas y/o recibe planes sociales.
Los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales fueron incapaces de establecer una estructura de obras hídricas para garantizar la irrigación en un hábitat semiárido, a lo que se suma una tendencia a la salinización del suelo (agravada por técnicas de riego inadecuadas), por lo que históricamente la productividad agrícola de la provincia no fue alta.
Esto se modificó radicalmente en las últimas décadas, con la expansión de la frontera agrícola, particularmente a partir de la soja. Se duplicó la superficie sembrada y se multiplicaron los desmontes a niveles que no se registraban desde la infame deforestación realizada por los ingleses. También está creciendo impetuosamente la ganadería -en particular, se están impulsando los ‘feedlots’.
El boom sojero generó una ola de usurpaciones de tierras por parte de capitalistas que, con ayuda de patotas (‘guardias blancas’) y la propia policía, expulsan a los legítimos poseedores, quienes carecen de títulos de propiedad. El poder judicial y la administración estatal actúan con total complicidad, fraguando títulos y similares a favor de los capitalistas usurpadores.
Esta situación ha llevado a fuertes luchas y enfrentamientos, que en muchos casos concluyeron con el asesinato de campesinos, como Miguel Galván o Cristian Ferreyra.
A su vez, el campesinado ya ha recorrido una experiencia política y de organización. El Mocase se dividió en 2001: un sector (Mocase Vía Campesina) está alineado con el kirchnerismo, particularmente con Emilio Pérsico; el otro sector (Mocase Institucional) ha quedado ligado con la Iglesia Católica y el Estado provincial, a través de la llamada Mesa de Tierras, donde también participan otras organizaciones campesinas. El zamorismo tiene tres diputados y decenas de comisionados municipales reclutados entre estas organizaciones.
Las expectativas de obtener soluciones a través de la integración al Estado y a la Iglesia han colocado los reclamos por la tierra en una vía muerta. Año tras año, se repite casi de manera litúrgica la presentación del proyecto contra los desalojos, sin resultado alguno.
Desde nuestra bancada nos comprometemos a impulsar el proyecto de Emergencia Territorial y contra los desalojos, pero consideramos que es perentorio organizar un plan de lucha para poner la problemática de la tierra en la agenda política santiagueña. Esto podría comenzar con asambleas en distintos lugares del interior, con el objetivo de organizar una gran marcha por la tierra que cuente con el apoyo de las organizaciones de lucha de la ciudad.
Corresponde también que los sectores que han venido realizando una actividad con el Mocase hagan un balance político. La búsqueda de una alianza con los gobiernos nacional y provincial sólo ha logrado un tremendo impasse. La única alianza que responde a los intereses de los campesinos es con los trabajadores de la ciudad y el campo. Esa es la estrategia del Frente de Izquierda y los Trabajadores.
