Los bloques de Juntos por el Cambio (oficialismo) y Unión por la Patria votaron en el Concejo Deliberante de Puan la Emergencia Económica por unanimidad el 29 de diciembre en medio de despidos de contratados. Los reclamos para que se diera a conocer el texto aprobado fueron infructuosos. Como resultado de la denuncia pública de este ocultamiento, el municipio nos envió el texto de dicha ordenanza, que sigue sin publicarse en ningún medio oficial, y, por tanto, oculta al conjunto de los puanenses.

La lectura de los considerandos de la ordenanza alcanza para advertir las razones del ocultamiento. Cada uno de ellos tiene la finalidad de habilitar la política que el intendente Diego Reyes de Juntos por el Cambio lleva adelante con la complicidad del Concejo Deliberante: despidos masivos y reducciones salariales que afectan a toda la planta municipal, además de seguir pagando el salario y el aguinaldo en cuotas.

Reyes pretende que el enorme descalabro de las cuentas de la comuna que dejó el Ejecutivo anterior, también de JxC, lo paguen los trabajadores municipales y no los verdaderos responsables. Que la emergencia sea por 90 días en lugar de los 180 del proyecto original es parte de la coartada de Unión por La Patria para votarla a favor presentándola paradójicamente como un acto de “división de poderes”. Los 90 días le alcanzan y le sobran al Ejecutivo para llevar adelante este ataque a los trabajadores. Aún así, por si las moscas, la propia norma habilita extender ese plazo.

La normativa repite como loro el latiguillo de Milei: “no hay plata”. La cuestión central sería que la “crítica situación económica” del municipio “responde a procesos de inflación crecientes”, afectando muy fuertemente el incremento de los insumos y los costos operativos (“combustible, insumos médicos, servicios públicos, etc”), que no fue acompañado por un aumento del valor real de la coparticipación provincial, “considerado como el recurso más representativo del presupuesto municipal” ya que oscila entre el 80% y el 90% del total. A renglón seguido pasa a especificar que durante los últimos dos años los salarios municipales tuvieron un incremento total de 214%. Lo que no dice es que en el mismo período (2022/2023) la inflación acumulada alcanzó el 506%. El único “costo” que no acompañó a la inflación, por el contrario cayó en un 50%, fue el salario municipal. Estamos ante una brutal caída del poder adquisitivo del salario (fuertemente agravada en el último período por el Rodrigazo ejecutado por Milei-Caputo), dejando en evidencia que es el único “gasto” que disminuyó en relación al gasto general medido a valor real.

A pesar del desfasaje entre el aumento exponencial de todos los precios en relación a la caída inversamente proporcional del salario, el llamado “gasto en personal”, llegó a consumir casi todos los recursos del presupuesto (en el último año significó la utilización del 87% de todos los recursos disponibles y el 82% en 2022), lo que pone de relieve el ajuste brutal de los gastos del municipio en servicios y otros rubros. Dado que el presupuesto de Puan es en un 80% coparticipación provincial, está mas que claro que el ajuste que Reyes aplica tiene su origen en el que ejecuta el gobierno de Kicillof. Ese ajuste provincial, combinado con el manejo discrecional y como caja propia de los recursos municipales que hacía el antecesor de Reyes, llevó a que mes a mes, especialmente en 2023, se recurriera a la utilización del descubierto bancario para el pago de los salarios que después no se pudo compensar con los ingresos de coparticipación, lo que derivó en el pago de intereses que creó una bola de nieve que terminó estallando los últimos días de noviembre.

En el cuadro descripto está claro cuál es el objetivo de la Declaración de la Emergencia. La misma ordenanza lo clarifica: “resulta imprescindible lograr el fortalecimiento y modernización de todas las dependencias municipales, en especial en materia de administración de capital humano (sic), lo que se traducirá en soluciones eficaces, eficientes y oportunas para la administración racional de los recursos del municipio”, que “ante esta gravísima situación, es menester tomar medidas drásticas en dirección a lograr una estabilización progresiva del presupuesto”. Lo que se traduce en despidos, reducción salarial por reducción de horarios y quita de bonificaciones y cambios en los lugares de trabajo. Que es lo que está ocurriendo. La reducción en un 20% de las remuneraciones de la planta política es para la tribuna, que sin embargo revela los altos sueldos que cobran los funcionarios.

Ante nuestra crítica por la votación unánime de la Emergencia, desde el bloque de concejales de UxP hicieron la del tero y nos acusaron de estar desinformados y de generar más angustia a los trabajadores y a sus familias. Está claro que lo que ha generado más angustia es el ataque a los municipales que lleva adelante el ejecutivo de JxC, con el aval de todos los bloques del CD. Incluso los despidos comenzaron un día antes de la aprobación de la ordenanza, lo que hubiera sido más que suficiente para rechazar la Emergencia, que ahora le da un marco legal. Darle un voto de confianza al Ejecutivo no es otra cosa que apoyar su política de ajuste contra los trabajadores.

Los municipales ya hicieron la experiencia, la confianza en lo que pueda resolver el Concejo Deliberante no lleva a ningún lado. Solo el paro y la movilización sostenidos por las asambleas dieron resultado, obligando al Ejecutivo a dirigir los recursos disponibles al pago de los salarios adeudados. Retomemos este camino. El 24 de enero unamos esta lucha al repudio al plan motosierra de Milei, con el paro y la movilización. Por la continuidad de un plan de lucha hasta derrotar el DNU, la Ley Ómnibus y el Rodrigazo. Por la reincorporación de los despedidos, la devolución de los descuentos y un aumento salarial indexado a la inflación.

https://prensaobrera.com/politicas/presentan-un-amparo-contra-el-protocolo-de-bullrich-en-defensa-de-la-movilizacion-del-paro-del-24

https://prensaobrera.com/politicas/la-inflacion-que-festeja-milei