El destino de recursos en el presupuesto municipal del distrito bonaerense de Puán para 2021 -aprobado el 29 de diciembre de 2020 con el voto mayoritario del bloque de Juntos por el Cambio- asciende a 1.418.529.505 de pesos, un 40% superior en valor nominal al presupuestado para 2020. Esto deja en evidencia que estamos ante un presupuesto de ajuste, si se considera su valor real teniendo en cuenta que la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanza el 21,5%, y la proyectada para todo el año “podría superar incluso el 50% y llegar al 60%” (El Cronista 28/5)

Si se considera que los recursos girados por la Provincia a través de la coparticipación y otros rubros representan el 80% del presupuesto municipal, queda claro que el ajuste forma parte de una política general que involucra también al gobierno bonaerense de Axel Kicillof. Haciendo la misma comparación, pero tomando solamente los recursos de la coparticipación, el aumento en valor nominal apenas supera el 30%, casi la mitad de la inflación proyectada. Estamos ante un proceso de sucesivos presupuestos a la baja que se repite año a año, con el antecedente de 2019, cuando la coparticipación provincial “perdió por escándalo contra la inflación”. Los 40 millones extra que llegaron al municipio en 2020 para paliar la situación de pandemia no cambian la ecuación, por el contrario, esos recursos faltan este año cuando ya se pronostica la tercera ola de contagios.

Dado este pacto de ajuste fiscal, el gobierno municipal recurrió a la recaudación propia impulsando un tarifazo. O sea, los vecinos pagamos más y obtenemos menos servicios, como por ejemplo con la demolida salud pública, o ni que hablar de la ejecución de obras de infraestructura largamente postergadas. Cada año, como se ve, hay menos posibilidades de avanzar en este sentido. De esta forma el presupuesto municipal es una variante más del ajuste para descargar la crisis sobre los trabajadores. La peor parte se la llevan los trabajadores del municipio, que en su gran mayoría perciben salarios de pobreza. Incluso este año el ejecutivo municipal pretendió imponer directamente una reducción salarial al personal de enfermería. Esto se advierte claro si se tiene en cuenta que aproximadamente el 50% del total de los recursos del presupuesto son dirigidos al pago de salarios. Incluso, esta proporción sobre un presupuesto de ajuste ha disminuido en comparación con años anteriores, lo que explica el deterioro de los salarios municipales.

En la sesión del pasado 15 de junio el Concejo Deliberante aprobó la rendición de cuentas del Ejercicio del 2020. De allí se desprende que las cuentas municipales arrojaron un superávit de 68 millones si se compara el resultado positivo de 181 millones en la Administración Central y el déficit de 113 millones del Ente Descentralizado de Salud municipal. La situación es grave, porque un presupuesto cuya composición se da casi exclusivamente al pago de salarios y al sostenimiento de un servicio de salud precario está demostrando muy visiblemente lo brutal del ajuste.

Es imperiosa entonces la apertura de los libros contables del municipio y la ejecución del presupuesto bajo control de los trabajadores, para quebrar este pacto de ajuste fiscal del gobierno provincial y municipal contra las condiciones de vida de los trabajadores.