Pullaro, el Gran Hermano

Está pronto a aprobarse un paquete de leyes de seguridad que dotan al Poder Ejecutivo de Santa Fe de facultades extraordinarias a través de su policía y de la fiscalía, que lo convierte en un cuasi poder judicial paralelo.

Miembros de la Corte Suprema provincial ya tildaron el proyecto de anticonstitucional, pero aun así el Senado de Santa Fe se prepara para aprobarlo, luego de que Diputados lo hiciera por amplia mayoría. De forma tácita operan los supuestos del “narcoterrorismo”, que dan luz verde al Estado para saltearse el debido proceso judicial y las garantías constitucionales que protegen a las personas frente al poder del Estado.

Entre las medidas, se legalizan los allanamientos sin orden judicial previa, que tienen que ser validados por una orden emitida dentro de las 24 horas posteriores. Por ejemplo, la policía puede allanar un domicilio si recibe la señal de un celular robado que rastreará la propia policía de Santa Fe, que solo en 2024 tuvo 3900 denuncias por haber cometido ella misma delitos, según datos del Ministerio Publico de la Acusación, un estamento judicial atravesado por resonantes casos de corrupción ligados a la protección del gran delito.

En la línea del ciberpatrullaje que instauraron Milei y Bullrich, se establece en Santa Fe la facultad de que la policía haga Inteligencia criminal digital con fines exclusivamente preventivos. Es decir, espiar a los ciudadanos sin ningún tipo de causa o sospecha, lo que obviamente se orientará por razones de clase, políticas e ideológicas, estableciendo el delito de opinión, algo que ya ocurre por denunciar el genocidio palestino. En Santa Fe opera el “Sistema Lince”, desarrollado entre la empresa NEC (de origen japonés), BriefCam, israelí, y CitySensAI, un desarrollo de origen argentino/regional, diseñado para recabar información de cámaras de videovigilancia a gran escala con IA, presente en municipios y provincias de América Latina.

Entre los otros puntos, se faculta al fiscal a exigir declaraciones informativas que “orientarán el proceso de investigación” a personas que no estén imputadas o siquiera sospechadas de participar de un delito, pero que puedan estar en contacto con alguna persona ligada a un crimen. La pretensión de Pullaro era que estos interrogatorios los haga la policía sin presencia de un abogado defensor, un terreno fértil para los apremios ilegales y las torturas, abominación de consecuencias penales que finalmente no fue aprobada.

El paquete de reformas habilita el juicio en ausencia (“juicio en rebeldía”). El desalojo y la demolición “preventiva” de viviendas o instalaciones sospechadas de albergar una actividad delictivo… a ser validados con posterioridad en la justicia. Multas, clausuras y suspensión de servicios telefónicos, de internet, cuentas en redes sociales y otros medios de comunicación, que pueden ser reclamados hasta 60 días después de inhabilitados.

De conjunto, la población pasa a ser entre sospechosa y culpable hasta que se demuestre lo contrario, y considerando que las principales instancias de control responden al propio gobierno de Pullaro, que incluso ya cuenta con una mayoría de la Corte Suprema que le es favorable, se suman todos los elementos para un estado de excepción en Santa Fe.

El Partido Socialista votó a favor

El tema tensionó al frente “Unidos”, porque el PS apareció rechazando varias de estas medidas ante la defensa granítica del radicalismo y el PRO. Si bien se eliminó el punto más controvertido del proyecto que establecía “zonas de exclusión”, que habilitaba al gobierno a decretar el estado de sitio en barrios y zonas consideradas particularmente calientes, finalmente el PS terminó votando a favor del resto de los puntos.

El telón de fondo real de la disputa son las elecciones 2027, que ya tienen calendario fijado en Santa Fe, con fuertes negociaciones entre la UCR y la LLA por el armado de las listas para compactar el voto de la derecha, que serían en desmedro del “socialismo”.

Este punto debe ser resaltado, ya que todas las patas que integran Unidos vienen avalando la orientación en seguridad de Pullaro, que no difiere un milímetro de la que en su momento propuso Bullrich de la mano del imperialismo.

Los dueños de los puertos pueden dormir tranquilos

Mientras una parte de la población progresivamente se va a alertando sobre estos avances contra las libertades ciudadanas y otro sector se aferra a la demagogia punitiva pensando que no será afectada por esta agenda antidemocrática, los dueños del gran delito siguen dominando las palancas económicas del narcotráfico.

Pullaro chicanea hablando del “estado bobo” en relación a la doctrina garantista, evadiendo que el problema de fondo en materia de seguridad no es legal sino económico y social. Mientras el gobierno se jacta de los números en materia de seguridad, que sin embargo siguen superando la media nacional de homicidios, Fernando Cerimedo instalaba una empresa fantasma en Puerto General San Martín vinculada a cárteles de Bolivia.

La gran cuestión de la ruta del narcotráfico, que va desde los millones de dólares que se necesitan para importar estupefacientes en gran escala, pasando por el ingreso al país rompiendo los controles de fuerzas federales y militares (gendarmería, prefectura, fuerza aérea), para finalmente ser embarcados en la Hidrovía o “autopista de la droga”, como le puso un periodista, no se resuelve con ninguna de estas medidas destinadas a amedrentar, regimentar y en parte despistar a la población sobre los verdaderos responsables de la inseguridad: el Estado y los capitalistas.

Deben abrirse las cuentas de los bancos, de las financieras, del juego, ver de donde provienen los fondos multimillonarios con los que se financian los partidos políticos que ganan las elecciones de forma rotativa hace décadas en Santa Fe, para realmente desmantelar la fuente de la inseguridad ciudadana que son el narcotráfico y el tráfico de armas.

Santa Fe: Pullaro da un salto en el Estado policial con amplios poderes a la Policía para requisas de rutina

Con aval de la UCR, el PS y el PJ, la Policía podrá incautar celulares y exigir el IMEI sin orden judicial. Un salto en el control social que habilita allanamientos exprés y persecución en los barrios. -

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